La Fiscalía General de la Nación ha judicializado a 11 personas por su implicación en un fraude que perjudicó a más de 120.000 inversores en Colombia. La criptomoneda colombiana Daily Cop, plataforma en la que numerosos ciudadanos depositaron su dinero esperando rendimientos elevados, ha resultado ser parte de un esquema de captación ilícita.
La delegada para las Finanzas Criminales de la Fiscalía, Luz Ángela Bahamón, explicó a El Tiempo el proceso que permitió desmantelar la operación fraudulenta, que involucró a una moneda digital que dejó de ser devuelta a los inversores tras varios meses de actividad. Entre los implicados por este esquema se encuentra el conocido ‘influencer’ La Liendra.
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La investigación que llevó a la judicialización de las 11 personas involucradas se centró en el seguimiento de las actividades financieras y la manera en que la criptomoneda Daily Cop operaba. La utilización de una divisa virtual fue la base para un sistema que acabó no cumpliendo con las expectativas de ganancias prometidas a los inversores.
El caso ha llamado la atención no solo por el número de afectados sino también por el eco en redes sociales debido a la participación de figuras públicas como el ya mencionado influencer. Se espera que las acciones legales continúen su curso y se pueda llegar a una resolución que compense de alguna manera a los damnificados por este fraude de criptomoneda.
Operaba en el Valle
El esquema de captación de fondos no autorizado operaba en Cali y prometía retornos de hasta un 0,5% diario y 12% anual. Lo anterior lo convirtió en el foco de una investigación que implica a individuos como Leonardo Galindo Jiménez, Luis Fernando Marín Lasprilla, y Ómar Hernández Doux-Ruisseau, que presuntamente alcanzaron a más de 120.000 inversores. Las autoridades han vinculado a más de 10 personas en este caso, entre las cuales se destacan Leydie Jhoanna Góngora Naranjo, Cristhian Andrés Hernández Valencia y Juan Manuel Piedrahita Giraldo.
El esquema, conocido como Daily Cop, captó atención inicialmente a través de publicidad en conciertos y mediante creadores de contenido en redes sociales. Según los registros judiciales, las operaciones se extendieron hasta que surgieron las primeras denuncias de inconformidades por parte de los inversores. “Este grupo económico no contaba con la autorización para recaudar dinero del público,” especificó el representante de la Fiscalía, subrayando la ilegalidad de las actividades financieras que se llevaban a cabo.
Esta red de captación de dinero presuntamente prometía altos rendimientos mediante inversión en las diversas plataformas de Daily Cop, sin embargo, la falta de una licencia para manejar fondos de terceros puso en evidencia un probable caso de captación ilícita. La situación escaló a nivel judicial, allí los implicados debieron responder ante las autoridades competentes.
La captación ilícita alcanzó la suma de más de 126.000 millones de pesos. Este monto fue depositado en cuentas personales y en instrumentos financieros de diversas entidades jurídicas conformando un holding. Frente a estos hechos, se han levantado cargos por captación masiva, lavado de activos y negativa de reintegro contra las personas implicadas en las investigaciones.
Las entidades investigadoras han informado que algunos de los procesados muestran interés en establecer preacuerdos con la Fiscalía, aunque hasta la fecha no se han confirmado tales pactos. Mientras tanto, la situación legal de influencers y otras personas que promovieron a Daily Cop en redes sociales y plataformas digitales es incierta, ya que podrían enfrentar investigaciones por su papel en la difusión de la actividad presuntamente ilícita. La promoción misma de la captación masiva se considera una infracción, de acuerdo con las declaraciones del ente acusador a los medios.
El organismo acusador está evaluando la participación de los promotores y colaboradores de Daily Cop, al amparo de que “el delito de captación masiva no solo es captar, también es promocionar”. Este punto constituye una faceta crítica en el curso de la investigación, dado que amplía el rango de acciones susceptibles de ser consideradas como parte del delito.
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