En una entrevista concedida a El Tiempo, el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Daniel Gutiérrez, expuso las complejas condiciones de la vida para las personas privadas de la libertad en Colombia, en especial, desde que se ha conocido el ascendente índice de hacinamiento en los centros de reclusión del país.
En el diálogo, también destacó problemáticas relacionadas con corrupción, las falencias en la alimentación que estarían afectando a miles de presos, y enfatizó en el hecho de que el presidente Gustavo Petro no ha firmado la oficialización de su cargo, según lo que publicó el portal de noticias.
El hacinamiento
De los principales obstáculos que están encarando los centros privativos de libertad en Colombia, uno de los más sonados ha sido el amontonamiento de encarcelados en los recintos penitenciarios. Daniel Gutiérrez, indicó que para el cierre del 2023 se había registrado un aumento en el hacinamiento carcelario que alcanzó un índice del 24,5%.
De hecho, según cifras manejadas por el mencionado medio, hay aproximadamente 102.000 personas privadas de libertad de manera intramural, lo cual, en término de Gutiérrez, es un reflejo de lo que también se ve en estaciones y Unidades de Reacción Inmediata (URIs) a nivel nacional, espacios en los que el hacinamiento respecto a sindicados ha rondado cerca el 130%.
“Hicimos unas cuentas de las cifras, de las capturas que hace la Policía, y más o menos el aproximado es que al sistema entran alrededor del año 3.600 privados de la libertad”.
Pero, más allá del aparente apilamiento de presos, Gutiérrez, abordó temas como la corrupción dentro de la misma entidad, y, de la misma manera, la escasez de personal que ha desencadenado más flagelos, y que requiere de miles de funcionarios nuevos.
No obstante, las cifras mencionadas por el coronel Gutiérrez representan solo una fracción de los desafíos actuales que enfrenta el Inpec. De acuerdo con el director, una de las problemáticas destacadas es la también dispendiosa gestión en áreas esenciales como alimentación, salud e infraestructura, situaciones que se han agravado en el cierre de 2023 debido a la transición contractual que administra la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) en el cambio de consorcios.
“Desafortunadamente, (...) entendiendo que la Uspec es la que maneja esos tres ámbitos, y más en términos de alimentación, si a los internos no les llega comida, se van a enfermar. Tenemos entendido que para finalizar 2023 la Uspec cambió la contratación de los consorcios, entonces está en la transición de los nuevos con los viejos, y eso ha hecho que haya una crisis más amplia. Esperamos que la Uspec pueda solucionar de manera rápida”, indicó Gutiérrez al medio.
Plan Dominó
Como respuesta a este y otros retos, desde la gestión del uniformado se han planteado estrategias de mejora, entre ellas el denominado ‘Plan Dominó’, una estrategia enfocada en la contención y aislamiento de prisioneros líderes dentro de la estructura de extorsiones y actividades ilícitas que han podido evidenciarse en las prisiones de Colombia.
Las medidas tomadas en el contexto del ‘Plan Dominó’ incluyen la identificación de cerca de 27 servidores penitenciarios implicados en actos de corrupción y 125 capturas en flagrancia, además de la apertura de alrededor de 5.400 investigaciones que implican a un total de 3.800 servidores tanto directores como administrativos y custodios.
Fue ahí cuando anunció que otras líneas de acción del plan comprenden aumentar la dotación de personal, que cuenta con un déficit de 15.000 funcionarios para manejar el creciente hacinamiento.
También habló de la implementación de iniciativas de resocialización en colaboración con los ministerios del Deporte, Cultura y Justicia y también destacó la necesidad de mejorar la seguridad electrónica y la efectividad de los inhibidores de comunicaciones para prevenir el ingreso ilegal de celulares a los centros penitenciarios, en línea con lo publicado por El Tiempo.
El riguroso plan de acción y los numerosos retos afrontados han dado pie a amenazas contra funcionarios del Inpec, con un total de 230 amenazas a nivel nacional, reportadas por Gutiérrez, y casos extremos como el secuestro breve de un auxiliar, casos están actualmente bajo investigación de los entes de control.