Se acaba el Sisbén: subdirector del DNP explicó cómo funcionará el Registro Universal de Ingresos, RUI

El Gobierno de Gustavo Petro, con el PND (Plan Nacional de Desarrollo), ha dado inicio a la estructuración de un sistema que transformará la identificación de la población en condición de pobreza y vulnerabilidad en Colombia. Con la introducción del Registro Universal de Ingresos (RUI), se propone un avance sobre el actual Sisbén, buscando una asignación más efectiva de recursos para la asistencia social.

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El Departamento Nacional de Planeación (DNP) ha publicado un borrador para recibir comentarios públicos, que servirá como base para el RUI. Según lo explicado por Juan Miguel Gallego, subdirector general de Prospectiva y Desarrollo Nacional del DNP, en una entrevista con El Espectador, el nuevo registro aspira a ser un mecanismo más preciso en el direccionamiento de las ayudas gubernamentales. “El objetivo es hacer más eficiente la inversión en ayudas, asegurándonos de que lleguen a quienes verdaderamente las necesitan”, afirmó Gallego.

El cambio al RUI no solo implica una actualización en la metodología de identificación y clasificación de la pobreza, sino también una oportunidad de revisar y mejorar los procesos actuales, con miras a una mayor justicia social. La decisión del Gobierno Petro de avanzar hacia este nuevo sistema, pone de manifiesto su compromiso con la lucha contra la desigualdad y el apoyo a las capas más desfavorecidas de la sociedad.

Las políticas públicas enfocadas en la reducción de la pobreza y la mejora en la distribución de recursos son cruciales para cualquier sociedad que aspira a ser más equitativa. La iniciativa del Registro Universal de Ingresos promete ser un pilar en la estructura de asistencia social en Colombia, la cual será objeto de seguimiento y análisis en los próximos años.

Colombia enfrenta el reto de renovar sus sistemas de focalización social, principalmente el Sisbén y los modelos de estratificación, cuyos métodos actuales presentan deficiencias significativas. Especialistas y el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP) reconocen la necesidad de implementar un nuevo modelo que responda a la dinámica actual de la economía de los hogares colombianos.

El Sisbén, mecanismo que se actualiza cada década, no logra capturar las fluctuaciones económicas de los hogares a tiempo, lo que lleva a errores de inclusión y exclusión en la asignación de ayudas. Por otro lado, la estratificación, que se utiliza para clasificar viviendas y otorgar subsidios en servicios y educación, se basa en datos que reflejan la realidad de hace 20 a 25 años y carece de actualizaciones frecuentes. Cerca del 80 % de los hogares se encuentran en estratos 1 a 4, sin un reflejo adecuado de cambios socioeconómicos recientes.

Estos errores no solo afectan la precisión de los datos, sino que también dejan fuera a aquellos que por cambios drásticos en su situación económica requerirían del apoyo estatal. Desde hace una década, académicos y expertos en políticas públicas han resaltado estos problemas, lo que indica una urgente necesidad de buscar alternativas más efectivas para la clasificación social en Colombia.

Se abre así una discusión importante sobre cómo mejorar estos mecanismos y garantizar que cumplan con su propósito esencial: identificar de manera precisa y oportuna a los beneficiarios de programas sociales. Se espera que el DNP y otros entes involucrados propongan soluciones que contemplen la volatilidad de la economía y demás factores sociales que influyen en la vida diaria de los colombianos.

El nuevo Registro Social de Hogares, herramienta que busca mejorar la targeting de ayudas sociales, fue lanzado a finales de mayo, tras el empleo de más de 40 registros administrativos nacionales, entre ellos el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA). Este sistema viene a actualizar la anterior encuesta del Sisbén, con el objetivo de reflejar de manera más precisa el estado socioeconómico de los hogares colombianos.

En el curso de este año, se efectuarán pruebas piloto en cuatro ciudades, en busca de evaluar el funcionamiento óptimo de los registros administrativos integrados en el Registro Único de Información (RUI). De forma paralela, se establecerá una coordinación con empresas de servicios públicos y domiciliarios, para la implementación de un sistema que permita reflejar subsidios y contribuciones en las facturas de los usuarios. El propósito central de esta iniciativa no es eliminar los programas de ayuda social vigentes, sino optimizar su focalización para asegurar que alcancen a aquellos que realmente los necesitan.

La Planeación Nacional ha marcado como fecha objetivo el año 2025 para empezar con la transición hacia el nuevo sistema. La intención es que, para el primer semestre del año 2026, el RUI esté operando a plena capacidad. Tal medida pretende transformar y mejorar la eficiencia de las políticas sociales en el país, redireccionándolas hacia las poblaciones más vulnerables y necesitadas de apoyo gubernamental.

El Registro Único de Información Social (RUI) apunta a la eficiencia en el manejo de las políticas sociales en Colombia, respaldado por la capacidad actual de esta entidad en las encuestas que mide y evalúa las condiciones sociales y económicas de los hogares. El objetivo central del RUI es optimizar los recursos y la asignación de subsidios basándose en datos actualizados y comportamientos financieros de los individuos para asegurar una correcta distribución de las ayudas estatales.

El enfoque del RUI involucra el uso de tecnologías emergentes y registros administrativos para rastrear la información económica detallada de las personas, incluyendo su actividad crediticia y bancaria. Esta metodología permitirá capturar cambios significativos en las condiciones económicas de los hogares, como la pérdida de empleo reflejada en el cese de la actividad de las cuentas y el retiro de las contribuciones a la Protección e Inversión para la Vejez (PILA). Asimismo, se resalta la no eliminación de la política social, sino la reorientación hacia un gasto más eficiente del presupuesto de 2024, beneficiando proporcionalmente más a los estratos de menores ingresos.

Los resultados de las pruebas piloto del sistema serán determinantes para definir la frecuencia de actualización de la información en el RUI. Se espera que esta actualización pueda ocurrir cada seis meses a un año, similar a los ciclos de actualización de ingresos que se observan en Europa. Con la información más reciente, las personas que hayan tenido un año desfavorable económicamente tendrán la posibilidad de recibir asistencia financiera del Estado de manera más ágil y precisa.

El protocolo de actualización y la información recabada en las ciudades piloto también proporcionarán insights sobre las dinámicas económicas locales a través del cruce de información catastral y tributaria. Estos análisis se sumarán a las mejoras en la asignación de recursos para lograr un escenario de mayor equidad en la distribución de subsidios y otras formas de apoyo económico por parte del gobierno.

La población migrante también será considerada dentro del alcance de estas políticas sociales. Aunque todavía se están evaluando programas específicos para su atención, sus necesidades serán parte de la estrategia de asistencia. En cuanto a la protección de los datos recogidos por esta iniciativa, llamada RUI, se ha aclarado que su objetivo es exclusivamente el de mejorar la inversión social, no para la identificación de evasores fiscales por parte de entidades como la DIAN.

Con una inversión en política social que alcanza los 11 billones de pesos colombianos (aproximadamente 2.8 mil millones de dólares), las autoridades buscan incrementar la eficiencia de estos fondos. Colombia sigue enfocándose en mejorar sus índices de desigualdad, habiendo ya progresado en reducir la pobreza y la pobreza extrema, pero con el reto pendiente de abordar la desigualdad estructural del país.