Defensoría del Pueblo habló duro e invitó a Petro a “reevaluar prioridades” luego de que Barranquilla se quedara sin Juegos Panamericanos

En un enérgico pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo, en cabeza de Carlos Camargo Assís, lamentó la decisión de la Organización Deportiva Panamericana, mejor conocida como Panam Sports, que optó por quitarle la sede de los Juegos Panamericanos 2027 a Barranquilla, luego de que se registraran, por parte del Gobierno nacional, incumplimientos para pagar la primera cuota a la entidad.

La Defensoría, en su perfil de X (antes Twitter), indicó que la “negligencia gubernamental” dejó a la capital al Atlántico sin la posibilidad de albergar el evento deportivo más importante del continente, que no se efectúa en el país desde 1971, cuando Cali albergó las justas con éxito. E hizo un fuerte llamado al equipo del presidente de la República, Gustavo Petro, en relación con una determinación que causó una tormenta en redes sociales.

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En este pronunciamiento, la Defensoría mostró su preocupación por las pérdidas a nivel económico que tendría La Arenosa: que en el pasado ya había sido sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se efectuaron en 2018 y que se proyectaba a albergar un nuevo evento de envergadura continental, que hace parte del ciclo olímpico y en el que están llamados a ser protagonistas los deportistas locales.

“Lamentamos la pérdida de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Barranquilla 2027. La negligencia gubernamental en el deporte ocasiona graves consecuencias para los derechos económicos, sociales y culturales, así como al derecho al deporte y la recreación”, indicó la Defensoría en un comunicado, en el que instó al Gobierno a velar por el bienestar de los ciudadanos.

Para el órgano constitucional que se encarga de velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos en el territorio nacional, este suceso debe llevar a las dependencias del Estado a “reevaluar prioridades”, toda vez que quedó en entredicho el compromiso del Estado con el desarrollo del deporte asociado, que ha dado triunfos a Colombia en la escena internacional.

“La decisión de Panam Sports destaca la urgencia de una política pública sólida y sostenible. Instamos al Gobierno a reevaluar prioridades, colaborar con entidades territoriales y trabajar juntos para reconstruir la confianza y asegurar el éxito deportivo futuro del país”, agregó la Defensoría en su misiva, que causó repercusiones en las redes sociales, en las que el tema sigue siendo conversación.

Por último, la entidad reiteró el compromiso con la defensa y promoción del deporte en todos sus ámbitos. “Desde la Defensoría a través de nuestra #DelegadaParaElDeporte abogamos por un enfoque inclusivo y sólido en el desarrollo deportivo nacional”, precisó en su comunicado.

Ante el escándalo que causó la decisión de Panam Sports, la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, dio una rueda de prensa en la que quedó clara la posición del Gobierno con respecto al caso. Y aunque trató de sacar en limpio a su jefe, el presidente de la República, Gustavo Petro, lo cierto es que reconoció que no cumplió con el giro de la primera de las dos cuotas que debían cumplirse para ratificar el compromiso.

De acuerdo con la ministra, la asignación de recursos por parte del ministerio hizo difícil que pudiera cumplir con el primero de los pagos que debía hacerse, el 30 de diciembre del 2023, por cuatro millones de dólares. Y que el 27 de diciembre, en una comunicación a Panam Sports, firma dueña de los derechos de los juegos, manifestó su deseo de asumir el costo total (USD8 millones) el 30 de enero de 2024.