Cidh otorgó medidas cautelares a nueve periodistas amenazados por Iván Mordisco

Nueve periodistas de emisoras de Algeciras (Huila), que han sido amenazados por las disidencias de las Farc lideradas por alias Iván Mordisco, fueron cobijados con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) al determinar que están en grave riesgo

Con la Resolución 88 de 2023, emitida el 27 de diciembre de 2023, pero conocida el 4 de enero de 2024, la Cidh estableció que los periodistas “se encuentran en una situación de grave riesgo producto de amenazas de muerte y hostigamientos atribuidos a grupos armados que operarían en la zona donde realizarían su trabajo periodístico”.

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Así las cosas, la Cidh le solicitó al Gobierno nacional y al Estado colombiano que:

• adopte las medidas necesarias y reforzadas para proteger los derechos a la vida e integridad de las personas beneficiarias;
• adopte las medidas necesarias para que las personas beneficiarias puedan desarrollar sus actividades como periodistas sin ser objeto de amenazas, hostigamientos u otros hechos de violencia en el ejercicio de sus labores. Lo anterior incluye la adopción de medidas para que puedan debidamente ejercer su derecho a la libertad de expresión;
• concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y sus representantes; y
• informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar, y así evitar su repetición.

La Comisión advirtió que, según la solicitud, los nueve periodistas “fueron convocadas a asistir a una reunión con integrantes de grupos armados” y que “quienes se negaban a asistir eran declarados objetivos militares”. Además, señalaron que las amenazas trascendieron de esa reunión, por lo que los periodistas tuvieron que limitar su actividad.

En el documento de la Comisión se señala que “el Estado informó las medidas de protección implementadas desde la Unidad Nacional de Protección, las medidas preventivas de seguridad por parte de la fuerza pública y de trámites de evaluaciones de riesgo de las personas beneficiarias”.

Sin embargo, la Cidh determinó que, a tenor del contexto de orden público en Colombia y luego de un análisis a las medidas de protección que el Gobierno nacional adelantado para proteger a los nueve periodistas, “la situación de riesgo que enfrentarían las personas beneficiarias no ha sido debidamente mitigada, siendo que seguirían las amenazas de muerte y las personas periodistas no podrían continuar con sus labores en la zona”.

En otras noticias relacionadas con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 29 de diciembre de 2023, la Cidh admitió el caso de desaparición forzada de Marino Escobar Aroca, crimen que habría sido cometido por agentes del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en 1987, pues consideró que era competente para conocer el caso en razón de que existe un retardo injustificado en las investigaciones y la búsqueda de justicia por parte del Estado colombiano.

Por esta falta de investigación, señala el organismo internacional, el Estado no ha logrado explicar por qué han pasado décadas desde la desaparición de Marino sin que se concluya la investigación y por qué solo después de 2017 fue que la Fiscalía empezó a adoptar diligencias investigativas, con amplias brechas cronológicas que tampoco explica el Estado.

El crimen de Marino Escobar Aroca ocurrió el 22 de enero de 1987, cuando este estaba esperando a un compañero en Bogotá. En ese momento, fue detenido por agentes que se identificaban como miembros del extinto DAS, que se movilizaban en un vehículo camioneta Toyota plateada.

Hasta la fecha, se desconoce el paradero de Escobar Aroca. Sin embargo, se sabe que antes de su desaparición forzada también fue víctima de hostigamientos, detenciones arbitrarias, torturas físicas y psicológicas por parte de agentes del DAS, que en ese entonces estaba bajo la dirección del hoy general en retiro Miguel Maza Márquez, condenado por el magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento.