La Contraloría General de la República, a través de la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la corrupción, ordenó la apertura de dos procesos de responsabilidad fiscal, en contra de algunos coordinadores y funcionarios del Grupo Administrador del Fondo para la Reparación de Víctimas.

Los dos procesos de responsabilidad fiscal que abrió el ente de control fiscal fueron por $15.284 millones y por $872.427.331.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Estas aperturas se generaron por las presuntas irregularidades encontradas en la administración y monetización de doce bienes entregados por los desmovilizados de los grupos armados, dentro del marco de la ley de Justicia y Paz, a través de los cuales se generan los dineros para el pago de las reparaciones integrales reconocidas mediante sentencia judicial, a todas las víctimas del conflicto armado en el país.

Entre las presuntas irregularidades en la administración y monetización de los bienes entregados al Fondo de Reparación de Víctimas están el no cobro de los cánones de arriendo y permitir, por descuido, el deterioro de los bienes hasta llevarlos a ruina o amenaza de ruina.

Efectuar la venta de bienes por debajo de los precios del mercado, por una indebida administración y producción de los bienes destinados a las actividades agrícolas y forestales, y por mantener bienes en el paso del tiempo, sin ningún sistema de administración, entre otros.

Los malos manejos del Fondo para la Reparación de las Víctimas generaron daño patrimonial ocasionado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

De acuerdo con la Unidad de Víctimas, el Fondo para la Reparación de las Víctimas, recibe, administra y monetiza los bienes muebles e inmuebles y recursos que a cualquier título entreguen las personas o grupos armados ilegales; recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación; donaciones en dinero o en especie; nacionales o extranjeras y por las nuevas fuentes de financiación.

Lo anterior, con el fin de destinarlo al pago de sentencias de los procesos de reparación integral a favor de las víctimas del conflicto armado, en el marco de los procesos de Justicia y Paz de la Justicia Transicional.

A través de un comunicado a la opinión pública, la Unidad de Víctimas respondió a la Contraloría por la apertura de proceso de responsabilidad fiscal por irregularidades en el manejo del Fondo para la Reparación a las Víctimas.

De acuerdo con la entidad, la investigación obedece a la denuncia presentada por la Unidad para las Víctimas el 28 de octubre de 2022, “mediante oficio en el que solicitó la intervención y actuación especial de fiscalización del ente de control para investigar el manejo de los bienes del Fondo”.

En su denuncia, la entidad informó presuntas irregularidades relacionadas con el pago de cánones de arrendamiento, ocupaciones sin el lleno de requisitos, deterioro o falta de mantenimiento de los bienes, entre otras situaciones que afectan los recursos de las víctimas.

La Contraloría dio respuesta a esta solicitud el 17 de noviembre de 2022, informando que los hechos se declaraban de impacto nacional y que serían investigados.

De acuerdo con el Gobierno, uno de los tres componentes misionales del Fondo para la Reparación de las Víctimas es ser el encargado de ejercer actos de administración necesarios para la correcta disposición, mantenimiento y conservación de los bienes y recursos entregados por grupos armados ilegales.

Esto comprende determinar la vocación social reparadora de los mismos, a través de la administración de dichos bienes; las inspecciones a los mismos para determinar acciones de mantenimiento y reparación; la administración de proyectos productivos; la comercialización de los bienes que ya cuentan con extinción de dominio y se encuentran saneados, entre otras tareas.

Dentro de los proyectos productivos administrados por el Fondo de Reparación a las Víctimas están los agroindustriales, que tienen como objetivo recuperar y obtener la mayor producción en sus cosechas de acuerdo a cada especie, y el fortalecimiento de los sistemas productivos que el Fondo tiene a su cargo, haciéndolos autosostenibles, rentables y amigables social y ambientalmente.

Según el más reciente informe de la Unidad de Víctimas, con corte al 14 de diciembre de 2023, 2.948 bienes inmuebles están a cargo del Fondo para la Reparación a las Víctimas.

El fondo cerró el año con 327 bienes recuperados, que en recursos se traduce a un recaudo por un valor aproximado de $1.970.637.128 millones por concepto de acuerdos de pago y un valor mensual aproximado de $486.000.000 millones por concepto de promesa de contrato y contratos suscritos.

En cuanto a indemnizaciones judiciales, según cifras del Gobierno con corte al 21 de diciembre de 2023, el Fondo para la Reparación a las Víctimas realizó 4.939 giros de pagos a 4.234 víctimas, lo que ha representado una ejecución de recursos del Presupuesto por un valor de $142.157 millones.