Desde que Gustavo Petro se posesionó como presidente de la República, dio a conocer su intención de alcanzar la paz con grupos al margen de la ley que, por décadas, han hecho parte del conflicto armado en el país.

A través de una propuesta que para muchos ha sido arriesgada, el jefe de Estado le apostó a volver la paz una política de Estado, la política de Paz Total, que incluye negociar con los grupos armados y las comunidades afectadas por la violencia.

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La iniciativa de Paz Total tiene como objetivo desarmar a las diferentes estructuras criminales que operan en el país a cambio de una serie de beneficios judiciales. Esta fue materializada como ley en diciembre de 2022, cuando el Congreso de la República aprobó las reglas para que el Gobierno negociara con las guerrillas y bandas criminares relacionadas con el narcotráfico, fijando los términos de su sometimiento a la justicia.

La ley busca que los procesos que estén en curso vinculen a los siguientes gobiernos en la continuidad de esta búsqueda de la paz. Así las cosas, establece que no es potestad exclusiva del Gobierno actual, sino una política constitucional que se elevó a categoría de Estado, comprometiendo a las autoridades del poder público a orientar sus actuaciones con el fin de darle cumplimiento.

La ley de Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro planteó construir regiones de paz, en donde hagan presencia comisionados para adelantar los diálogos; establecer un fondo de inversión, incluir programas en los Planes de Desarrollo, y la conformación de un gabinete con representantes que adelantarán las conversaciones con estructuras o grupos armados organizados al margen de la ley.

Además, la política se propuso:

• Que a través de esos diálogos se pueda alcanzar una solución al conflicto armado, aplicar efectivamente el derecho internacional humanitario, se respeten los derechos humanos, haya cese de hostilidades y se reincorpore a la sociedad a los miembros de esas organizaciones violentas.
• Una vez inicien los acuerdos se suspenderán las órdenes de captura y, si es el caso, órdenes de extradición que se hayan dictado o se dicten en contra de los miembros representantes de las organizaciones armadas, respetando su integridad y seguridad.
• Los derechos serán los indicadores de la seguridad, en vez de “contar bajas”, como se había hecho en gobiernos anteriores, en las que se premiaba la muerte supuestos guerrilleros muertos en combate, que dio origen a los llamados “falsos positivos”.
• El servicio militar obligatorio será reemplazado por “servicio social para la paz”, en la que los jóvenes deberán promover la alfabetización digital en zonas rurales o urbanas, apoyar a víctimas del conflicto armado, y trabajar para la conservación de la naturaleza y la biodiversidad, entre otros.

Recientemente, la Corte Constitucional estudió una nueva demanda en contra de la Ley 2272 de 2022, norma que establece la política de Paz Total, y el 29 de noviembre de 2023 el alto tribunal emitió la sentencia C-525 de 2023, con la cual avaló su legalidad.

Aunque la ley superó el examen constitucional que le hicieron los magistrados, la Sala Plena emitió un concepto desfavorable sobre el aparte que permite la suspensión de órdenes de captura contra los miembros de las estructuras criminales.

Para el alto tribunal, la norma de suspenderlas resulta demasiado amplia e imprecisa “si se observa que es aplicable a un vasto universo de criminalidad ordinaria”, y encontró que podría entenderse que tal solicitud no admite valoración por parte de la autoridad judicial.

Así, condicionó la exequibilidad de estas expresiones, asegurando que las órdenes de captura contra miembros de estos grupos criminales solo se pueden suspender “cuando el Gobierno justifique la medida, incluyendo su temporalidad y el alcance territorial necesario de la misma, y la autoridad competente de la Rama Judicial valore estos supuestos”.

Es decir, solamente pueden suspenderse definiendo el tiempo que va a durar dicha suspensión, en qué lugares del territorio aplica, y si la Rama Judicial está de acuerdo.

Ejército de Liberación Nacional (ELN)

Durante el gobierno de Juan Manuel Santos, se anunció una fase exploratoria de diálogos con el ELN, que se consolidó con la instalación de la mesa de diálogos en Ecuador, el 7 de febrero de 2017.

Las negociaciones sufrieron retrocesos cuando inició el gobierno de Iván Duque, lo que terminó con su suspensión de los diálogos el 17 de enero de 2019, luego del atentado terrorista del ELN en la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander, en Bogotá, que dejó 22 muertos y 68 heridos.

La política de Paz Total de Gustavo Petro logró reactivar las negociaciones con el grupo armado en noviembre de 2022 en Venezuela. Desde entonces, se han llevado a cabo varios ciclos de conversaciones.

Al finalizar el tercer ciclo que se llevó a cabo en La Habana (Cuba), el 15 de julio de 2023, el Gobierno nacional y el ELN firmaron nueve protocolos para la implementación del cese al fuego bilateral, acordado del 3 de agosto de 2023 hasta el 29 de enero de 2024.

Sin embargo, tras anunciar un cese al fuego, una ola de violencia se desató al interior de país, con un aumento significativo de secuestros, muchos de ellos, a manos del ELN. Esto dio a entender que lo pactado en las mesas de diálogo no iba por buen camino, evidenciando la inestabilidad de las negociaciones.

El 17 de diciembre de 2023, en el quinto ciclo de conversaciones en México, el ELN anunció que suspenderá las retenciones con fines económicos a partir del 30 de enero de 2024, es decir, se detendrá la práctica del secuestro. Además, confirmó que entregará al Gobierno detalle de todas las personas que se encuentran en su poder.

El 22 de enero de 2024, Cuba acogerá el sexto ciclo de conversaciones entre el Gobierno colombiano y la guerrilla del el ELN. A continuación, el informe de los pactado en la más reciente mesa de diálogo:

Estado Mayor Central de las Farc (EMC)

El mayor grupo de disidencias de las FARC, el autodenominado Estado Mayor Central (EMC), bajo el mando de Iván Mordisco.

Los equipos negociadores de ambas partes acordaron el domingo 8 de octubre de 2023, en una jornada en Tibú (Norte de Santander), iniciar formalmente el proceso de paz con el EMC, pero menos de un mes después, a comienzos de noviembre, las disidencias suspendieron los diálogos por la presencia de militares en el corregimiento de El Plateado (Cauca).

El 17 de octubre entró en vigor el cese al fuego bilateral que tendrá vigencia hasta el 15 de enero de 2024, con posibilidad de prórroga.

El proceso tuvo atravesó una profunda crisis tras el asesinato de cuatro menores en Putumayo, el 21 de mayo de 2023, por parte del Frente Carolina Ramírez. Sin embargo, el EMC renunció al secuestro extorsivo en el marco del segundo ciclo de negociaciones.

El tercer ciclo se realizará en Bogotá entre el 9 y el 18 de enero de 2024, cuando se discutirán temas relacionados con los cultivos ilícitos y la situación socioambiental de la Amazonía y se definirá si se mantiene el cese al fuego.

Los Shottas y Los Espartanos en Buenaventura

Los diálogos de paz con dos de las principales bandas criminales de Buenaventura (Valle del Cauca) cumplieron el pasado 7 de diciembre un año. Las treguas entre estas dos estructuras es quizá el proyecto de paz urbana más exitoso, aunque inestable, desde que Petro llegó asumió la presidencia.

A puertas de finalizar el 2022, Monseñor Rubén Darío Jaramillo, obispo de Buenaventura comenzó a dialogar con el excomisionado de Paz Danilo Rueda y, apostándole a una negociación que podía no resultar porque no había para ese entonces alguna ley de sometimiento a la justicia, acordaron formalizar los diálogos con esos grupos armados.

Pese a que hubo una tregua entre enero y abril de 2023 entre las dos bandas delincuenciales, durante ese periodo se presentaron cinco asesinatos y la criminalidad en algunos barrios de Buenaventura volvió.

El 7 de junio, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y el despacho del obispo Jaramillo volvieron a sentarse a negociar. Finalmente, el 18 de julio de 2023 se pactó una nueva tregua, vigente hasta la fecha y extendida hasta el 4 de febrero de 2024.

Segunda Marquetalia

La intención de alcanzar la paz con la disidencia de las Farc liderada por Iván Márquez, Jesús Santrich, Romaña y El Paisa se ha mantenido en una fase de acercamientos y conversaciones que buscan no romper los lazos de confianza que se han construido, para así avanzar en la estructuración de una pre-agenda.

Pero un avance de la paz con la Segunda Marquetalia depende de la posibilidad de un reconocimiento político para esta estructura armada, el cual podría permitir un eventual escenario de diálogo y un proceso de negociación.

Lo anterior, debido a que este grupo se conformó por integrantes que participaron en la firma del Acuerdo Final de Paz con las FARC en 2016, y posteriormente abandonaron el proceso y retomaron la lucha armada en 2019.

Según registros de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), la Segunda Marquetalia hace presencia en aproximadamente 55 municipios del territorio nacional.

Dentro de su repertorio de acciones se destacan enfrentamientos principalmente con la disidencia del Estado Mayor Central y afectaciones a la población civil, como confinamientos y desplazamientos.

Bandas criminales en Medellín y el Valle de Aburrá

El 28 de abril de 2023 las bandas criminales de Medellín y el Valle de Aburrá anunciaron un cese de hostilidades y ratificaron su compromiso con la paz total del Gobierno de Petro.

A partir de ese momento, el Gobierno inició una serie de acercamientos con las estructuras criminales y decidieron el viernes 2 de junio instalar una mesa de negociaciones de paz desde la Cárcel de Itagüí.

De acuerdo con el entonces alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, con conversaciones se buscaría desarmar a por lo menos 12.000 personas pertenecientes a entre 350 y 400 bandas que delinquen especialmente en la capital de Antioquia y su zona metropolitana.

El gobierno ha contado con la participación de la sociedad civil, líderes sociales, representantes religiosos, miembros de la academia, representantes de gobiernos extranjeros y la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Actualmente, el proceso se encuentra en una primera etapa de diálogo, cuyo objetivo es construir una agenda para consolidar el abandono de las armas y sometimiento a la justicia a cambio de algunos beneficios judiciales.

Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada

El miércoles 7 de junio de 2023, las Autodefensas de la Sierra Nevada solicitaron la instalación de una mesa de diálogo con el Gobierno y la extensión del cese el fuego que finalizó el 30 de junio.

Cabe recordar que, el 31 de diciembre de 2022, Gustavo Petro anunció un cese el fuego bilateral con cuatro grupos armados del país, entre ellos los paramilitares de Santa Marta, que tendría una duración inicial de seis meses, con posibilidad de ampliarse.

El objetivo, según dio a conocer el grupo armado, es avanzar en las conversaciones y contribuir a la Paz Total impulsada por el presidente, mientras esperan la adaptación de los protocolos y la instalación de la mesa de diálogo con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Sin embargo, según alias Camilo, vocero del grupo armado, el Gobierno nacional no ha mostrado interés en llevar a cabo un proceso de paz con ellos, a pesar de que desde la estructura criminal habrían expresado su intención de adherirse a la paz.

Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, también conocidas como Los Pachencas, son un grupo armado organizado que tiene sus orígenes en el Bloque Resistencia Tayrona, que en su momento formó parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Este grupo hace presencia principalmente en el departamento de Magdalena, en la Sierra Nevada, pero también tienen presencia territorial en departamentos como La Guajira y Atlántico.

Durante los últimos dos años, Los Pachencas ha estado involucrado en una disputa armada con el Clan del Golfo por el control de las economías ilícitas en Santa Marta. Esta situación ha generado tensiones y afectaciones en la región.

Aunque las negociaciones entre el Gobierno y algunos grupos armados en Colombia se mantienen vigentes, estas han atravesado distintas etapas, tanto favorables para el avance de la paz, como desfavorables por cuenta de diferentes factores que han causado inestabilidad en las mesas de diálogo.

Varios han sido los factores que han puesto en riesgo los diálogos entre el Gobierno y los grupos armados para alcanzar la paz. Uno de ellos y, quizás el más evidente en el panorama actual del país, es el recrudecimiento de la violencia.

Durante 2023, varios hechos de violencia de alto impacto social se vivieron, sobre todo, en regiones históricamente golpeadas por el conflicto armado.

Secuestros, desplazamientos forzados, confinamientos, minas antipersona, asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos, campesinos, indígenas, comunidad LGBTIQ+, miembros de la fuerza pública, y civiles; hacen parte del reciente capítulo de violencia en Colombia.

Por nombrar algunos hechos recientes: la masacre de tres personas en el municipio de Mosquera (Cundinamarca) el 25 de diciembre de 2023. Igualmente, la masacre de cinco más en un resguardo indígena de Santander de Quilichao (Cauca) el 22 de diciembre y ese mismo día, el asesinato del alcalde de Guachené, municipio del norte del departamento.

Otro hecho de violencia reciente fue el paro armado de cinco días decretado por el ELN el 28 de noviembre en el Chocó, el sexto de 2023 en el departamento; y dos masacres ocurridas en menos de 24 horas en Antioquia, el 3 de diciembre en lo que sería un ajuste de cuentas que dejó seis personas muertas, al parecer, a manos de Luis John Castro Ramírez, alias El Zarco, integrante del Clan del Golfo.

Pese a que estos crímenes, en su mayoría, se asocian a las guerrillas con más presencia en el país, es cierto que otros grupos delincuenciales y bandas criminales han cobrado mayor protagonismo en los territorios durante los últimos meses.

Según el informe anual sobre violencia en Colombia, publicado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), entre el 1 de enero y el 28 de diciembre de 2023 fueron cometidas 94 masacres con 303 víctimas, la misma cifra que en 2022, con una disminución en el número de víctimas, las cuales en 2022 fueron 343.

Los departamentos más afectados durante el 2023 son Valle del Cauca, Antioquia, Atlántico, Cauca y Magdalena. En comparación con el 2022, Antioquia, Atlántico y Valle del Cauca han aumentado el número de masacres en 5, 4 y 3 respectivamente. Por su parte, Cauca disminuyó en el número de masacres pasando de 15 en 2022 a 9 en 2023.

Una de las particularidades de las masacres es que en su mayoría están concentradas en ciudades principales y sus áreas metropolitanas, muchas de ellas como consecuencia de disputas entre actores armados locales por economías como el microtráfico, la extorsión y el control sobre rutas de paso de drogas a centros de distribución más amplios.

En cuanto a los líderes sociales asesinados en Colombia después de la firma del acuerdo de paz, entre el 1 de enero y el 28 de diciembre de 2023 han sido asesinadas 188 personas.

Respecto a 2022 y hasta la fecha de emisión de este informe de Indepaz (28 de diciembre de 2023) ha sido asesinado un líder más que el año anterior. Para el instituto, preocupa el riesgo para quienes ejercen liderazgos en las Juntas de Acción Comunal, en las comunidades indígenas o hacen parte de algún movimiento político, en los departamentos de Cauca, Antioquia, Nariño y Valle del Cauca.

Las anteriores regiones de Colombia concentran el mayor número de asesinatos en contra de personas líderes o defensores de derechos humanos, componiendo el 55% de la afectación total.

En cuanto a las cifras por municipios, Tumaco sigue teniendo mayor número de asesinatos en contra de personas líderes y defensores de derechos humanos desde la firma del Acuerdo Final de Paz en 2016. Los liderazgos comunales, indígenas y de movimientos políticos componen el 62% del total de asesinatos cometidos.

44 firmantes del Acuerdo Final de Paz y excombatientes de las Farc han sido asesinados entre el 1 de enero y el 28 de diciembre de 2023, 7 menos que en 2022 cuando se presentaron 50 asesinatos. Los departamentos más afectados por estos casos son Cauca, Meta y Huila.

A pesar de que Cauca pasó de tener 10 asesinatos en 2022 a 7 en 2023, sigue siendo el departamento más afectado por este tipo de violencia en el país.

Los municipios más afectados por asesinato de firmantes del acuerdo de paz son La Plata, en el departamento del Huila y Tame, en Arauca.

Entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2023, 55 personas fueron víctimas de minas antipersonales, de los cuales 5 han sido menores de edad. Este tipo de hechos han estado concentrados en mayor cantidad en el departamento de Nariño, con 39 víctimas que componen el 71% del total, esto relacionado con una actividad de confrontación reciente por parte de actores armados en el norte del departamento.

Tumaco sigue siendo el escenario principal de confrontación entre actores armados que utilizan estos mecanismos como táctica para disputarse el control territorial de ciertas zonas.

Entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2023 se han registrado 167.540 eventos de desplazamiento forzado en Colombia, de los cuales 115.779 se han presentado en los departamentos de Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Antioquia, Bolívar y Norte de Santander.

El 37% de los eventos de desplazamiento forzado afectaron a población indígena, negra, raizal y palenquera en zonas catalogadas como rurales y rurales dispersas del país.

86 eventos de vinculación de niños, niñas y adolescentes a actividades relacionadas con grupos armados se han registrado entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2023, los cuales se han concentrado mayoritariamente en los departamentos de Cauca, Arauca y Antioquia.

Los menores entre los 12 y 17 años son las principales víctimas de vinculación a actividades relacionadas con el accionar de los grupos armados en los territorios. De acuerdo con Indepaz, Cauca se ha convertido en el escenario más preocupante del país para esta población en riesgo, pues la violencia ejercida por los grupos armados, los ha convertido en blanco de violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Lo anterior se evidencia con distintos tipos de vinculación de los menores en estructuras donde cumplen labores de mensajeros, reclutadores, campaneros, entre otras actividades.

Preocupa también la cantidad de ataques terroristas que se cometieron este año. El fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, reveló la dramática cifra en el III Encuentro de la Jurisdicción Disciplinaria que se llevó a cabo los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2023, en Neiva (Huila).

Cuestionando la Paz Total impulsada por el presidente Petro, el jefe del ente acusador reveló un aumento del 131% en ataques terroristas sucedidos en 2023, en comparación con 2021. De acuerdo con Barbosa, en el marco de la política de Paz Total se registraron 700 ataques que han dejado 40 civiles muertos y más de 70 policías y miembros de la Fuerza Pública asesinados.

De acuerdo con Indepaz, este tipo de hechos se relacionan en su mayoría con los enfrentamientos entre grupos armados ilegales con gran presencia territorial, como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc.

Acontecimientos como el secuestro de Luis Manuel Díaz, padre del futbolista del Luis Díaz, que estuvo en poder de la guerrilla del ELN por doce días, desde el 28 de octubre; y así, una serie de delitos perpetrados por varios grupos al margen de la ley, representaron una puñalada al proceso de paz en Colombia.

Según el más reciente informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), a octubre de 2023 se registraron 287 casos de secuestro, la cifra más alta en los últimos cuatro años.

Lo anterior, representa un incremento del 73% en comparación con 2022. Cabe destacar que la mayoría de los hechos, esto es del 59% de los secuestros, se desconoce al autor.

Sin embargo, en los casos identificados, el ELN fue responsable del 11% de los secuestros en el país, mientras que al EMC se le atribuyen 10% de los casos. El tercer grupo identificado como presunto perpetrador es el Clan del Golfo, con el 9% de los casos; seguido de la Segunda Marquetalia, con el 3%.

Llama la atención que los otros actores de la violencia responsables de la mayoría de los casos de secuestro durante 2023 estarían vinculados a la delincuencia común.

“Una parte de esos secuestros desconocidos pueden ser atribuibles a bandas urbanas, delincuencia común o al crimen organizado, y van desde retenciones de varias horas acompañadas de hurto, agresión y extorsión, a secuestros de meses o incluso de años”, sostiene el informe de Pares.

En el caso concreto del ELN, los secuestros a manos de este grupo armado evidencian que no todos los miembros del grupo armado están en la misma página y que, una cosa es quienes hacen parte de las negociaciones y otra, quienes pertenecen a frentes que no están de acuerdo con los diálogos.

El secuestro es, entonces, la verdadera prueba a la que están enfrentadas las negociaciones, pues con un ELN que parece fracturado entre quienes dicen tener voluntad de paz y quienes siguen prefiriendo la guerra, el Gobierno debe plantear si es conveniente para el país continuar con un proceso de paz incierto e inestable.

El domingo 17 de diciembre de 2023, el ELN anunció la suspensión de la práctica del secuestro como uno de los acuerdos a los que llegaron las partes durante el quinto ciclo de conversaciones entre el Gobierno y el grupo armado, en México.

Pero, aunque el camino parece claro: liberar a los secuestrados y dejar de secuestrar, una promesa que se espera no quede en palabras si se quiere negociar la tan anhelada paz, el Gobierno debe actuar frente a un recrudecimiento de la violencia que ya es un hecho y que sigue cobrando vidas.

Como indica Pares, “la disminución (del secuestro) no depende del compromiso de los actores armados en las mesas de diálogo, sino que requiere acciones del Gobierno y la Fuerza Pública que empiecen por contar con mejor y más información, campañas de prevención y reducción de la impunidad”.

El 25 de diciembre de 2023, Antonio García, el máximo comandante del ELN publicó una columna que pone en duda si el grupo armado suspenderá la práctica del secuestro en Colombia y que pone a temblar las negociaciones con el Gobierno nacional.

Según García, la suspensión de secuestros no puede llevarse a cabo sin una previa búsqueda de financiación para el grupo guerrillero.

“Es de sentido común que estos tres asuntos mencionados están relacionados, tal como aparecen redactados en los textos: 1) prórroga del cese el fuego temporal, 2) suspensión de retenciones con fines económicos y 3) la financiación; donde el punto 2 no podrá darse sin el 3, mejor dicho simultáneamente”, aseguró el guerrillero en una columna que tituló El V Ciclo y los puntos críticos, en la que se refiere a todos los acuerdos anunciados al cierre del quinto ciclo.

Así las cosas, la suspensión de secuestros con fines extorsivos está condicionada por el cese al fuego con el Gobierno y la entrega de recursos económicos que permitan la financiación del grupo armado.

En ocasiones anteriores, el ELN ha planteado la posibilidad de que la financiación de esa guerrilla se haga con dinero de la comunidad internacional.

Sobre el cese al fuego, Antonio García también exigió realizar ajustes para que se pueda prorrogar efectivamente: “Hemos acordado un cese el fuego temporal para generar un mejor ambiente en el curso de las conversaciones, que no viene funcionando bien y será evaluado antes de cumplir los seis meses, con el propósito de prorrogarlo, pero hay que hacer ajustes para que se cumpla bien”.