Los 10 hechos que marcaron la agenda política en Colombia durante 2023: Gustavo Petro no salió bien librado

En medio de un convulsionado panorama, que trajo consigo vientos de crisis institucional, 2023 dejó mal parado al presidente de la República, Gustavo Petro, que se vio salpicado por una serie de escándalos de los cuales aún no se repone, a juzgar por las encuestas que ya le endilgan a niveles históricos de impopularidad. Sin lugar a duda, el jefe de Estado marcó la agenda política del año que culmina, sin poder consolidar su idea de Gobierno.

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La convulsionada relación con su hijo, Nicolás Petro, que sembró un manto de duda sobre la financiación de su campaña a la Presidencia de la República; el trato a Laura Sarabia y Armando Benedetti, tras los explosivos audios; los cambios constantes de miembros de su gabinete, al que solo hasta ahora empieza a darle continuidad; la resquebrajada relación con los partidos tradicionales y, como si fuera poco, la derrota en las regionales, dieron de qué hablar.

Como también generaron controversia sus estratégicos movimientos para desviar la atención de la opinión pública, en especial con la designación de la terna para la nueva fiscal General de la Nación y, justamente, el rifirrafe mediático que ha protagonizado con el actual titular de la entidad, Francisco Barbosa. Ni qué decir de diálogo con los expresidentes, en específico Andrés Pastrana e Iván Duque, pues tampoco se han salvado de esta tormenta.

En Infobae Colombia hacemos un recuento de los diez hechos políticos que marcaron 2023, que tienen como personaje principal al primer presidente de izquierda en la historia contemporánea del país, y que parecen marcar un derrotero de lo que será el panorama en 2024, en temas de especial interés que tendrán pleno desarrollo y que podrían traer un desenlace inesperado para los intereses del Ejecutivo.

Uno de los hechos que causó fuerte impacto fue la captura y judicialización de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Y todo por cuenta de las millonarias sumas de dinero que recibió de poderosos empresarios y cuestionados personajes de la costa Atlántica y otras regiones, que tenían como destino —como él mismo lo confesó— la campaña de su padre.

Pero tal habría sido la avaricia del primogénito del jefe de Estado, y de su entonces esposa, Daysuris Vásquez, que se apropiaron de esas sumas y adquirieron toda clase de bienes y lujos que no tardaron en causar alerta. Nombres como Santander Lopesierra, el famoso Hombre Marlboro, contrabandista y exnarco; y Gabriel Hilsaca, hijo de El Turco Hilsaca, acusado de nexos con paramiltares; aparecieron en este mediático caso.

Pero también, tras bambalinas, se ha conocido —a cuentagotas— lo que sería la participación del polémico empresario Euclides Torres, que tendría sus tentáculos incrustados en varias dependencias del Estado y que, de acuerdo con el propio Petro Burgos, fue el que puso los recursos en la campaña Petro Presidente; incluso desde antes de que empezara el periodo electoral. De todo esto era conocedor el mandatario de los colombianos.

Aunque tenía un acuerdo de colaboración acordado con la Fiscalía General de la Nación, luego de ser imputado entre el 1 y 3 de agosto, el hijo del gobernante, exasambleista del Atlántico, reversó, por lo que fue llevado a juicio, en un proceso que empezará en firme en enero de 2024. Contrario a su expareja, Vásquez, que firmó un principio de oportunidad por dos años y se comprometió a contar todo lo que sabe en este megaescándalo.

Lo que parecía era un gabinete plural y convergente, en el que se tenían centradas las esperanzas en la construcción de un Estado más cercano al pueblo, poco a poco se transformó en la visión más radical del petrismo. En menos de seis meses se produjo el primer sacudón con la salida de tres ministros, y de esta manera se produjeron dos situaciones más que terminaron de configurar lo que fue entendido en su momento como una crisis.

Los primeros en ser destituidos fueron Alejandro Gaviria (Educación), Patricia Ariza (Cultura) y María Isabel Urrutia (Deporte), pero fue solo cuestión de tiempo para que a ellos se unieran más ministros. A lo sucedido el 27 de febrero, cuando se desprendió de los anteriormente mencionados, se sumó que el 26 de abril Petro anunció la salida de siete funcionarios más, convirtiéndose así en el más grande remezón de su administración.

De un solo tajo, el presidente prescindió de José Antonio Ocampo (Hacienda), Cecilia López (Agricultura), Alfonso Prada (Interior), Guillermo Reyes (Transporte), Arturo Luna (Ciencias), Sandra Urrutia (TIC) y, de manera sorpresiva, la que era su más fiel escudera: Carolina Corcho, que dejó la cartera de Salud. En lo que respecta a Ocampo y López, se entendió como una jugada más para limpiar cualquier rastro de “fuego amigo”.

Y a estos movimientos, finalmente Petro no pudo sostener a Irene Vélez, cuyos asuntos personales, al ser señalada de presunto tráfico de influencias, —y no sus polémicas posturas al frente del Ministerio de Minas, y su enfrentamiento con la entonces viceministra Belizza Ruiz—, terminaron costándole su salida. Pero no solo a nivel ministerial se dio la crisis, sino también en la designación de departamentos administrativos y superintendencias.

Basta con recordar la controversial designación de Laura Sarabia como directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), en reemplazo de Cielo Rusinque, vista por sectores de oposición como un afán de darle fuero constitucional para que no cayera en las “garras” de la Fiscalía General.

A su vez, la salida de Gilberto Rondón González, presidente del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), señalado de entregar “mermelada” al liberalismo, y la reciente declaratoria de insubsistencia contra María del Socorro Pimienta, como superintendente de Industria y Comercio (SIC), también generaron controversia por el manejo de las entidades del Estado.

El robo de una maleta en la casa de la por aquella época jefa de Gabinete de la presidencia, Laura Sarabia, que se registró el 29 de enero de 2023, causó, cuatro meses después, una de las más fuertes tormentas en contra del jefe de Estado. Y todo porque la niñera que tenía Sarabia para su hijo, Marelbys Meza, decidió contar cómo fue sometida a la prueba del polígrafo en contra de su voluntad, al ser acusada del hurto en mención.

Posteriormente, se supo que, además de ser trasladada hacia las dependencias de la Casa de Nariño para tal fin, Meza y la otra mujer que trabajaba para la funcionaria, Fabiola Perea, fueron víctimas de interceptaciones ilegales por miembros de la Policía, que la vincularon a una investigación contra el Clan del Golfo. Esto agravó la situación de la mano derecha de Petro, que afronta un proceso ante un fiscal delegado ante la Corte Suprema.

En medio de esta especie de novela, se revelaron audios en los que el exembajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti, que había sido el anterior empleador de Meza, arremetió contra Sarabia y habló de los recursos que habría gestionado para la campaña del primer mandatario. La insinuación de que serían cerca de $15.000 millones logrados por el exdiplómatico, que se sintió ninguneado por la mujer, encendió otra polémica.

El asunto escaló a proporciones que dejaron entrever que Marelbys Meza sería una ficha clave en la relación Sarabia - Benedetti. Y causó una crisis que llevó a ambos a apartarse del Gobierno, cuando el 2 de junio el presidente Gustavo Petro le confirmó al país que los apartaba de sus respectivos cargos. Si embargo, Laura Sarabia volvió el 4 de septiembre al seno del poder, al ser designada nueva directa del Departamento de Prosperidad Social.

Sobre el monto del dinero hurtado de la maleta, también hay serias dudas. Mientras la mano derecha del gobernante indicó que había sido de 7.000 dólares, Marelbys Meza denunció que al interior había $150 millones. Esto se prestó para diferentes interpretaciones, sobre todo luego de que se divulgaran los explosivos audios en los que Benedetti se refirió a la aspiración de Petro y cómo había sido apartado del Gobierno.

Lo que de puertas para afuera parecía una sólida coalición con la que se esperaba arrasar en el Congreso, de manera paulatina fue mostrando sus costuras. La interacción del jefe de Estado con los partidos tradicionales, como el Liberal, el Conservador y la U, se deterioró a medida que fueron avanzando los proyectos bandera del Ejecutivo, debido a las diferencias que se generaron en proyectos como la reforma a la salud, laboral y pensional.

Las constantes amenazas del jefe del liberalismo, César Gaviria, de apartarse del Gobierno, por considerar que no tenían representación en el gabinete, siguen sin prosperar, mientras la bancada aún responde a los intereses del presidente. Lo mismo aconteció con la colectividad que hasta hace poco lideró Dilian Francisca Toro, que pese a que estelarizó enfrentamientos mediáticos con el Gobierno, mantuvo a sus congresistas cercanos.

Por su parte, con el conservatismo las actuaciones individuales de algunos de sus miembros, en contra de las directrices dadas por su cabeza visible, el exsenador Efraín Cepeda, llevó al presidente a enfrentarse con esta colectividad, por defender a quienes se la jugaron con apoyar sus iniciativas. Aunque en últimas, la bancada en el Congreso participó de los debates e, incluso en el de la reforma a la salud, votó favorablemente algunos artículos.

Quedará como anécdota que uno de los tantos tira y afloje entre Petro y los directores de los partidos protagonizado el 26 de abril, cuando el mandatario optó por hacer barrida y sacar de un solo golpe a siete de los titulares de cartera, al considerar que la coalición había terminado y que eran los dirigentes políticos los que estaban amezando con sus determinaciones a sus propias bancadas. En otras palabras, el presidente replanteó su relación con los partidos.

Y en lo que concierne a los partidos de oposición, las circunstancias adversas del trámite de la reforma a la salud llevaron a Petro a sentarse a manteles con el Centro Democrático y el expresidente Álvaro Uribe Vélez a la cabeza, con la esperanza de acercamientos. No obstante, después de dicho encuentro se mantuvieron las distancias y el CD continuó en su papel contrario a las iniciativas estatales, junto a Cambio Radical.

Sin duda, la relación entre el primer mandatario y el jefe del ente investigador atraviesa por su peor momento. A dos meses de que Francisco Barbosa entregue su cargo, los enfrentamientos son cada vez más frecuentes. La férrea oposición del fiscal General a la política de Paz Total del Gobierno, a lo que se suma el caso de Nicolás Petro Burgos, investigado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, han minado el canal institucional.

Son frecuentes los dardos que se lanzan uno al otro y en los últimos meses se ha recrudecido el debate. De parte de Barbosa, las denuncias contra Petro van en el sentido de deslegitimar sus capacidades al frente de la Fiscalía y desconocer su independencia; mientras que el primer mandatario señala a su contradictor de ejercer una persecución en contra de su hijo y de albergar la corrupción en la entidad, en temas cruciales.

Del lado del jefe de Estado, cada vez es más clara la teoría de que Barbosa empezó a hacer campaña hacia una eventual candidatura presidencial en 2026. En tanto que el actual fiscal General insiste en que lo que quiere el gobernante es un funcionario de “bolsillo”, que le dé vía libre en las solicitudes de restricción de órdenes de captura contra miembros de estructuras criminales y convertirlos en gestores de paz.

Ahora, el objetivo de Gustavo Petro es la vicefiscal Martha Mancera, ante la probabilidad de que asuma en encargo la entidad mientras la Corte Suprema de Justicia elige a la sucesora de Barbosa. Al presidente no le ha temblado el pulso para enfilar baterías contra la funcionaria y acusarla de proteger el accionar de narcotraficantes, en relación con el caso que involucraría al director del CTI en Buenaventura, Francisco Javier Martínez.

Petro y Barbosa siguen sacándose los “trapitos al sol”. Del lado del jefe de la entidad, ha recurrido al pasado guerrillero del presidente para atacar su imagen frente a los colombianos y vincularlo, de una forma u otra, a los escándalos relacionados no solo con su familia, sino también con miembros de su gabinete, como ocurre con Laura Sarabia. Mientras que Petro acusa negligencia en casos como los de la multinacional Odebrecht.

Pese a que han pasado 16 meses desde que asumió el poder, el 7 de agosto de 2022, el presidente continúa acudiendo al “espejo retrovisor” para defenderse de los señalamientos en su contra. Gustavo Petro ha culpado a su antecesor, Iván Duque, de los altos índices de inseguridad en las regiones y de haber hecho trizas la implementación del acuerdo de paz con las Farc, lo que fomentó la aparición de nuevos grupos criminales.

Y es que, a lo largo del año, han existido fuertes discrepancias en el manejo de las finanzas públicas y la llamada regla fiscal, la inversión social en los territorios, el fondo de estabilización de los precios del combustible, a raíz de los frecuentes incrementos en el valor de la gasolina, y el programa de restitución de tierras, como los más relevantes en este constante contrapunteo, lo que ha dado pie a toda clase de señalamientos entre ambos.

Pero, así como el primer mandatario la ha emprendido en contra de su antecesor, también está enfrascado en una dura disputa jurídica con el expresidente Andrés Pastrana. El rifirrafe se ha centrado en los señalamientos del exmandatario contra el actual mandatario, al que señaló de entregarle el país al narcotráfico y de cogobernar con los delincuentes, lo que causó una enérgica reacción de Petro en los estrados.

Además de la denuncia a Pastrana ante la Fiscalía por los delitos de injuria y calumnia, el jefe de Estado lo acusó de ser amigo de pedófilos, a propósito de su cercanía con el depredador sexual Jeffrey Epstein y el vuelo en el que estuvo el expresidente rumbo a Cuba, junto a este oscuro personaje. Como era de esperarse, estos señalamientos causaron una contundente reacción del implicado, que acudió a la justicia para defender su honra.

A este grupo de expresidentes que están enfrentados a Petro también podría unirse Juan Manuel Santos, que no ha dudado en arremeter contra la política de Paz Total del presidente y le recriminó por haberle dado estatus políticos a grupos armados como el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, cuando a su juicio son organizaciones narcotraficantes que no tienen un origen distinto.

Todo esto en contraste, con Álvaro Uribe Vélez, con el que pareciera existir un pacto tácito de no agresión, pues pese a que existen diferencias de forma y de fondo sobre la concepción del Estado y los proyectos de transformación que se pretenden llevar a cabo, las mismas se han tramitado en un sorprendente ambiente de respeto. Tanto así que el ex jefe de Estado fue invitado a Palacio para discutir la reforma a la salud, aunque sin consensos.

La jornada electoral del 29 de octubre de 2023 significó para el presidente un duro revés en el fortalecimiento de su proyecto político en las regiones, pues ninguno de sus candidatos logró ganar en las principales ciudades y las alianzas que lo habían llevado al poder no lograron cuajar para consolidar candidatos. Pese a que el jefe de Estado intentó restarle importancia a los resultados y salió a dar un reporte positivo de la contienda.

En Bogotá, su principal ficha, Gustavo Bolívar, fracasó en su intención de llegar al Palacio Liévano y ni siquiera le alcanzó para ocupar la curul reservada para la oposición en el Concejo. Pese a que puso a su disposición el aparataje estatal, en eventos en las diferentes localidades y un concierto en la Plaza de Bolívar, con el argumento de la defensa de las reformas, Petro no logró revertir la inobjetable victoria de Carlos Fernando Galán. Y la consabida visita a China para negociar el trazado de la primera línea del metro.

Por su parte, en Medellín y Barranquilla, las opciones progresistas de Juan Carlos Upegui y Antonio Bohórquez no lograron hacerle sombra a los aplastantes triunfos de Federico Fico Gutiérrez y Álex Char. En el primero de los casos también representó una contundente derrota al saliente alcalde, Daniel Quintero, aliado del mandatario, que renunció en vano a su cargo para hacer campaña por su aspirante, en una derrota consumada.

A su vez, en Cali, el candidato del Pacto Histórico Danis Rentería no pudo hacerle contrapeso a la disputa entre el elegido, Alejandro Éder, y Roberto Ortiz, El Chontico. Y así ocurrió en otras regiones del país, como en Antioquia, en la que los sectores afines al presidente apoyaron la candidatura de Luis Pérez Gutiérrez, pero ganó el vencedor fue Andrés Julián Rendón, político que contó con el irrestricto apoyo del expresidente Uribe.

Solo en dos regiones, Nariño y Amazonas, el partido de Gobierno obtuvo triunfos indiscutibles, aunque se suma la gobernación del Magdalena con Rafael Martínez, del partido Fuerza Ciudadana, cercano al mandatario por la alianza Gustavo Petro - Carlos Caicedo. Y en las cuentas más alegres estarían Caldas, Cauca, Guainía, Arauca y Guaviare, a través de los otros partidos que hacen parte de la coalición.

Durante el año, el impulso del Gobierno nacional estuvo enfocado en las tres grandes reformas que pretende sacar adelante en el Congreso: la de la salud, la laboral y pensional. Sin embargo, de las tres solo una logró pasar una de las dos corporaciones, en un trámite lento que no estaba en los cálculos del presidente, que esperaba un desarrollo más ágil para sus grandes banderas, pese a que convocó a presionar en las calles.

De los tres proyectos en los que tiene interés el gobernante, el que tuvo mayor éxito fue el de la salud que, tras diez meses en la Cámara de Representantes, fue aprobada, aunque en medio de la controversia. No así la reforma laboral, que se hundió en el pasado periodo legislativo y hasta ahora retomó discusión en la Comisión Séptima; y la reforma pensional, que tiene ocho meses inactiva en el Senado tras aprobarse en primer debate.

A la acalorada discusión de estas iniciativas, el Ejecutivo sufrió grandes derrotas en el Legislativo, pues por segunda vez se hundió la proposición que apuntaba a la aprobación del uso recreativo del cannabis; y el proyecto de ley de sometimiento a la justicia, que serviría como base para la implementación política de Paz Total, en el que también estaba puesta la atención del presidente, que se está jugando su capital político.

Las elecciones regionales, tal como se advertía, le quitaron fuerza al trámite de las reformas en el Congreso de la República, pues el interés estaba puesto en las campañas desarrolladas por los partidos en el territorio. Pero se espera que en 2024 se retome a fondo la discusión en las propuestas y se defina el éxito o fracaso de las mismas; pese a que el camino por transitar no será nada fáci y en el que será clave la capacidad de negociación.

Con una agenda internacional definida, en la que resaltó la consolidación de sus buenas relaciones con el régimen de Nicolás Maduro y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, el 2023 de Petro a nivel internacional también se destacó con sus constantes peleas con líderes como el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, que fueron frecuentes; además de la oposición al proyecto político de Javier Milei en Argentina.

A través de las redes sociales, los enfrentamientos entre Petro y Bukele fueron “pan de cada día”, en mutuos señalamientos que acapararon la atención de los medios. En especial cuando Bukele le recordó al mandatario colombiano el caso de su hijo, Nicolás, acusado de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, con provocadores mensajes que tuvieron respuesta no solo del presidente, sino de su entorno familiar.

Pero, también el jefe de Estado tomó partido por los comicios argentinos, al mostrar su predilección por el candidato del presidente Alberto Fernández: Sergio Massa, e incluso celebró su triunfo en la primera vuelta, aunque luego, en el balotaje, la victoria fue de Milei. Su mensaje de felicitación al electo mandatario fue, quizá, el más destemplado de los gobernantes de la región, lo que le valió fuertes críticas de diferentes sectores políticos.

En Ecuador, el presidente también tenía su apoyo definido en la aspiración de Luisa González, la candidata del exmandatario Rafael Correa, pero fue derrotada por Daniel Noboa. En este caso, al menos Petro tuvo un manejo más acorde a su cargo e incluso asistió a la posesión del mandatario, efectuado el 23 de noviembre en Quito; lo que hace pensar en una relación conjunta en la lucha por objetivos comunes, como el narcotráfico.

Como si fuera poco, Petro también se enfrascó en una dura confrontación mediática con Israel tras el conflicto con Hamas en la Franja de Gaza que se activó por el ataque terrorista de esa organización el 7 de octubre. El mandatario llevó la discusión a tal nivel de comparar el accionar del ejército israelí con el holocausto Nazi, ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial, que buscaba el exterminio del pueblo judío.

Esto llevó a que las relaciones entre ambos países, Colombia e Israel entraran en “cuidados intensivos” y de parte del presidente se amenazara con romper cualquier lazo diplomático y comercial, hasta tanto no cesen los enfrentamientos en Medio Oriente. Una determinación que como era de imaginarse le valió fuertes cuestionamientos no solo de la comunidad judía, sino también de sus contradictores.

Del mismo modo, los canales diplomáticos con Perú están rotos, luego de que en marzo de 2023 el embajador de ese país en Colombia, Félix Denegri Boza, fuera llamado a consultas por la presidenta del país fronterizo, Dina Boluarte, en una decisión que, a la fecha, parece no tener reversa. Lo anterior, ante el desconocimiento del Estado del gobierno de la mandataria, que reemplazó al destituido Pedro Castillo.

Y cabe destacar que, tras el fallo en julio de 2023 favorable al país, en el diferendo marítimo con Nicaragua que pretendía extender su plataforma continental más allá de las 200 millas, aún está por verse la implementación de este, en una negociación con el régimen de Daniel Ortega. Sobre todo, desde que el dictador llamó “traidor” a Petro, cuando este apoyó públicamente a la exiliada Gioconda Belli, perseguida por ese país.

En el recuento político del año que culmina, uno de los capítulos que tuvo desarrollo fue el proceso para la elección de la nueva fiscal General, tras la terna que presentó de manera calculada el presidente, un día después de que su hijo Nicolás Petro fue imputado. Y la posterior modificación en la lista que oficializó, justamente, luego de que su primogénito anunciara que no firmaría un principio de oportunidad con la entidad.

Entre Ángela María Buitrago Ruiz, Luz Adriana Camargo y Amelia Pérez estaría la nueva jefe del ente investigador, en una elección que la Corte Suprema de Justicia debía llevar a cabo el 7 de diciembre de 2023, pero fue aplazada para finales de enero de 2024. Al final, los reclamos de Amparo Cerón, que hacía parte inicialmente de la terna, no prosperaron, luego de que el primer mandatario la excluyera de la baraja de candidatas.

Con una terna integrada solo con mujeres, con perfiles del mismo corte, en el que se destacan sendas investigaciones contra los grupos armados paramilitares y su accionar delictivo, al igual que las desapariciones forzadas, como por hechos ocurridos con el Palacio de Justicia, Petro busca darle un viraje al órgano investigador, en relación con la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de verdad y reparación.

Llamo, eso sí la atención que la terna fuera presentada con casi siete meses de anticipación al final del periodo de Francisco Barbosa, pues no es usual que ello ocurra. Con ello, se especuló con una intención del presidente de desviar la atención sobre la situación de su hijo y meter presión al ente acusador en el proceso que lleva en curso, pues las fechas en las que radicó las ternas fueron las mismas en las que hubo novedades.

Entretanto, en lo que respecta a la Contraloría, la anulación del jefe de la entidad, Carlos Hernán Rodríguez, el 25 de mayo, en una decisión tomada por el Consejo de Estado, obligó al Congreso a abrir un nuevo proceso para la escogencia de su reemplazo. Sin embargo, luego de casi siete meses, este todavía no inicia, pese a que ya se anunció fecha para la escogencia de su reemplazo, programada para el 7 de marzo de 2024.

Denuncias de representantes como Jennifer Pedraza han sugerido un presunto favorecimiento a Rodríguez, que espera el fallo de una tutela radicada ante la Corte Constitucional, mientras el tiempo para dar a conocer el nombre de su sucesor avanza. Mientras eso sucede, el que tiene la responsabilidad de llevar los destinos del ente de control fiscal es Carlos Mario Zuluaga, que oficiaba como vicecontralor General.