Gobernador de Antioquia argumenta razones políticas en control minero por parte del Gobierno

El Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, dirigió una fuerte crítica el viernes 29 de diciembre a la Agencia Nacional de Minería, perteneciente al Ministerio de Minas y Energía, en relación con su decisión de centralizar el control de la extracción de minerales en la región, un movimiento que rompe con dos décadas de manejo localizado por parte de la Secretaría de Minas del departamento.

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En su comunicado, Gaviria Correa rebatió los motivos del ente gubernamental para retomar el papel de autoridad minera en Antioquia, cuestionando la legitimidad de tales argumentos. Resaltó que, durante 22 años, la autoridad sobre la minería estaba en manos de la administración departamental. A su vez, expresó su malestar frente a la negativa gubernamental de renovar el acuerdo que cada dos años permitía continuar con la gestión minera a nivel departamental, decisión que ha causado malestar entre diversos actores de la política en Antioquia.

Esta situación ha generado tensión entre la Gobernación de Antioquia y el Gobierno Nacional, abriendo un debate sobre la autonomía regional y el manejo de los recursos naturales. La minería, siendo una de las actividades económicas fundamentales de Antioquia, ve ahora una incertidumbre sobre el futuro de su administración y regulación. La misiva del Gobernador apunta a una disputa más amplia sobre los roles de las autoridades nacionales y regionales en la gestión de la industria minera en Colombia.

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, cuestiona la decisión de no prorrogar un convenio minero en la región, alegando que las razones expuestas por la autoridad competente no se sustentan en deficiencias técnicas o legales. Según Gaviria Correa, su revisión del convenio no reveló motivos negativos que justificaran tal decisión. A pesar de ello, el Gobierno, apoyándose en estudios técnicos, identificó casos donde no se habrían seguido las directrices de la autoridad minera nacional como justificación para terminar la relación contractual.

Las tesis presentadas por el Gobierno para cerrar la puerta a la renovación del convenio se basaban en estudios concretos. Sin embargo, según expresó el mandatario antioqueño, dichas razones no conllevan veracidad desde su perspectiva. Mientras tanto, la autoridad nacional argumentó que varias instancias no se alinearon con las políticas mineras establecidas, motivo por el cual se optó por no extender la vigencia del acuerdo.

En una arista más controvertida del caso, Gaviria Correa ha insistido en que la decisión tiene raíces políticas y no técnicas. Para respaldar sus afirmaciones, citó un mensaje privado atribuido a Luis Álvaro Pardo Becerra, presidente de la entidad en cuestión, en el que expresaba que “La decisión de no renovar [es] porque nosotros tenemos que entrar a aplicar la política de este nuevo Gobierno... hay una nueva visión de política, hay unas decisiones, unos enfoques distintos de política y tenemos que entrar a que aplicación sea en todo el territorio nacional, no puede haber excepciones en una política minera”, poniendo de relieve un posible cambio en la orientación de las políticas de minería a nivel nacional como factor detrás de la no renovación.

Dicha postura sugiere que intereses distintos al bienestar y el desarrollo económico de Antioquia podrían estar influyendo en decisiones que afectan la industria minera de la región, aunque aún está por verse si el gobernador logrará cambiar el curso de esta determinación o si presentará alguna alternativa para los proyectos mineros del departamento.

La eliminación de la delegación minera de Antioquia por parte del Gobierno Central ha suscitado reacciones opuestas en el ámbito político. El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Juan Espinal, cuestionó las recientes acciones del ejecutivo preguntando al presidente directamente: “¿Cuál es su bronca con Antioquia?”. En paralelo, el gobernador electo de Antioquia, Andrés Julián Rendón, criticó la medida, sugiriendo que podría incrementar la ilegalidad en la minería y afectar la autonomía regional. En contraste, la senadora Isabel Cristina Zuleta apoyó la decisión alegando una firme observancia de la ley.

La acción del Gobierno, descrita por algunos miembros del Centro Democrático como una muestra de centralismo excesivo, ha generado preocupación en cuanto a su impacto en los pequeños y medianos mineros. Espinal y su compañero de bancada, Hernán Cadavid, argumentan que esta medida podría ser percibida como un acto de represalia contra el departamento. Por otro lado, la acogida positiva de Zuleta llega en un contexto donde previamente había denunciado al gobernador Aníbal Gaviria y su secretario de Minas por supuestas irregularidades en la fiscalización minera.

Rendón expresó su lamento frente a la negativa del Gobierno a actualizar el acuerdo minero, en vigencia durante 22 años, advirtiendo sobre posibles consecuencias negativas, como el fomento de la extracción ilícita de minerales y el fortalecimiento financiero de grupos ilegales como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y las disidencias de las Farc. A pesar de la situación, manifestó su determinación en superar las adversidades desde su liderazgo regional, enfatizando: “El liderazgo es para echarse las causas difíciles al hombro, las fáciles se tramitan solas”.