Finaliza el capítulo más largo de corrupción política bajo el mandato de Uribe

La Corte Suprema de Justicia de Colombia condenó a Bernardo Moreno Villegas, exsecretario general durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, a cinco años y medio de prisión por el delito de tráfico de influencias en el caso de la yidispolítica. La sentencia, conocida en octubre, pone fin a un proceso de diecinueve años que involucra la manipulación de votos para la reelección presidencial en 2004. Moreno, quien dirigió el Departamento Administrativo de la Presidencia de julio de 2004 a agosto de 2010, se convierte así en el cuarto vinculado del uribismo condenado por este caso de corrupción histórico en el país.

El escándalo de la yidispolítica emergió en junio de 2004 durante las deliberaciones en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes sobre la enmienda constitucional que habilitaría una segunda reelección inmediata del presidente Álvaro Uribe. Según las investigaciones de la Corte, altos funcionarios ofrecieron contraprestaciones a legisladores como Yidis Medina Padilla y el ya fallecido Teodolindo Avendaño para asegurar su voto a favor, situación que presuntamente comprometía la integridad del proceso. Esta manipulación se evidenció casi dos décadas después resultando en la condena contra Moreno.

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A pesar del tiempo transcurrido desde los hechos, la relevancia de la sentencia resalta la persistencia de la justicia ante casos complejos de corrupción política y los mecanismos de influencia ilícitos. La condena de Moreno resuena como un recordatorio de la capacidad del sistema judicial para enfrentar y sancionar las transgresiones al orden democrático, aún muchos años después de cometidos los delitos.

La justicia colombiana ha confirmado que cuatro exfuncionarios del gobierno de Álvaro Uribe sobornaron a congresistas para cambiar su voto en pro de una enmienda constitucional que permitiría la reelección presidencial. Entre los implicados se encuentran los exministros Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio, así como los exsecretarios de la Presidencia, Alberto Velásquez y Bernardo Moreno. Este suceso culminó el 4 de junio de 2004 cuando, con 18 votos a favor y 16 en contra, se aprobó la posibilidad de reelección, voto que incluyó a la excongresista Yidis Medina. Dos años después, Uribe se reelegiría con 7,4 millones de votos, pero dicha victoria trajo consigo un escándalo que perdura hasta 2023.

El detonante del escándalo fue una entrevista con Yidis Medina publicada el 30 de marzo de 2008 por El Espectador, donde la excongresista reveló cómo fue persuadida para cambiar su voto. Posteriormente, el periodista Daniel Coronell informó en la revista Semana sobre un video de 2004 en el que Medina expresaba preocupación por amenazas recibidas al solicitar al gobierno cumplir promesas a cambio de su voto a favor de la reelección. La revelación de este material audiovisual provocó un intenso debate nacional y polarización política. La Corte Suprema de Justicia reabrió el caso contra Medina, quien confesó rápidamente y fue condenada a 47 meses de cárcel el 26 de junio de 2008 por cohecho propio. En su sentencia, la Corte criticó duramente al gobierno, afirmando que su voto a favor no fue por convicción sino por “canonjías impúdicas” ofrecidas y recibidas por ella. La respuesta de Uribe fue acusar a ciertos magistrados de ser “nostálgicos del terrorismo agónico” y propuso esa noche un referendo para validar su mandato.

La condena a Yidis Medina subrayó la corrupción política y las tensiones entre la Corte Suprema y el Gobierno Uribe en relación con la reelección presidencial. Los vínculos entre el soborno y la reestructuración constitucional han dejado una huella imborrable en la política colombiana, subrayando la fragilidad del sistema democrático frente a la corrupción. El caso sigue resonando en la memoria colectiva del país como un ejemplo de la relación entre poder político y prácticas ilegítimas.

La Corte Suprema de Colombia sentenció en abril de 2015 a los exministros Sabas Pretelt y Diego Palacio a 80 meses de prisión y a Alberto Velásquez Echeverry, exsecretario, a 60 meses, por el delito de cohecho relacionado con la aprobación de una reforma legislativa. Además, se les impuso multas y se les prohibió ejercer cargos públicos.

Estas sanciones emergen tras años de investigaciones y procesos judiciales que estuvieron a punto de prescribir. Según declaraciones de fuentes cercanas al caso, se especulaba que existía una estrategia para dilatar los procedimientos y evitar el juicio. Sin embargo, en mayo de 2012, cuando el cierre del caso parecía inminente, las autoridades aceleraron el proceso judicial contra los implicados. La Corte determinó que Pretelt, Palacio y Velásquez habían colaborado para asegurar la aprobación de reformas en el Congreso, ofreciendo cargos a los parlamentarios Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, lo que finalmente condujo a su condena por cohecho.

La investigación comenzó tras la confesión de Medina, resultando esta y Avendaño igualmente condenados. Los exfuncionarios negaron las acusaciones, tildaron a Medina de chantajista y alegaron que no existían pruebas de la supuesta compra de su voto. A pesar del cambio de cinco fiscales y de varios recursos judiciales utilizados, la Fiscalía avanzó en su misión, y finalmente, los acusados fueron hallados culpables de ofrecer beneficios a los congresistas para obtener su favorecimiento en las votaciones de interés del gobierno de esa época.

La maniobra ilegal fue expuesta en medio de otros escándalos, como el espionaje a magistrados por parte de agentes del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad), hecho que salió a la luz en el escándalo conocido como “las chuzadas del DAS” en 2009. Estos eventos han marcado el curso político y judicial reciente en Colombia, evidenciando las dinámicas de poder implicadas en la aprobación de leyes y en el manejo de la justicia.

La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha evidenciado con detalle, en una reciente sentencia, el papel del exsecretario Bernardo Moreno Villegas en un esquema de corrupción para asegurar la reelección presidencial durante el mandato de Álvaro Uribe. La decisión judicial, que llega tras varios años de procesos legales, encontró que Moreno Villegas estuvo directamente involucrado en un pacto criminal entre altos funcionarios para influir de manera ilegal en la votación del Congreso.

La resolución, emitida por la Sala Especial de Primera Instancia, ha puesto en relieve la creencia total en las confesiones de Iván Roberto Medina, quienes acusaron que fue el propio Uribe quien les ofreció prebendas burocráticas, asegurando que “daría las órdenes correspondientes para cumplir lo prometido”. El tribunal también subrayó la gravedad de las conductas de dos exministros implicados y del comisionado Velásquez, que pretendían alterar el ejercicio de las funciones constitucionales propias de la Rama Legislativa, implicando una clara interferencia en las competencias de los congresistas.

El proceder ilegal no sólo incluía ofertas burocráticas sino también tenía como fin último incidir en la decisión parlamentaria respecto a la no aprobación de la reelección presidencial. El caso de Moreno Villegas había quedado en suspenso por un largo periodo, logrando dilatar su caso por ocho años hasta octubre del año anterior, cuando finalmente la Sala Especial de Primera Instancia cerró el caso con su veredicto. Anteriormente, tres sentencias diferentes habían señalado ya la existencia de este pacto entre las altas esferas del gobierno de Uribe. La actualidad del caso reside en que, por primera vez, se especifican las acciones punibles de Moreno Villegas dentro de este pacto.

El exfuncionario Bernardo Moreno ha sido señalado por la Corte Suprema de Justicia como pieza clave en un caso de tráfico de influencias durante el gobierno de Álvaro Uribe. Moreno, quien ejercía como secretario, facilitó varios nombramientos a favor de amigos de la excongresista Yidis Medina, acto que según la Corte menoscabó la confianza en la institucionalidad colombiana. La sentencia aún puede ser objeto de apelación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema.

El tribunal declaró que Bernardo Moreno, lejos de ser un novato, maniobró con plena conciencia para concretar favores que habían sido ofrecidos por otros funcionarios ya condenados. Entre estos, destacan las designaciones de Carlos Correa Mosquera y César Guzmán, amigos de Medina, en cargos públicos importantes. Incluso, cuando Medina planeaba revelar estos hechos en un libro en 2008, Moreno intercedió para prevenir la publicación que lo incriminaría. El actuar de Moreno fue calificado por la Corte como un claro ejemplo de “soborno del Estado al mismo Estado” para alterar la Carta Política de Colombia.

La resolución del alto tribunal subrayó que el exsecretario de la Presidencia recomendó hojas de vida y usó su influencia para asegurar los nombramientos propuestos, inclusive aquellos que su predecesor, Alberto Velásquez, no llegó a finalizar. Se evidenció también que Moreno logró que Jairo Plata y otra amiga de Medina obtuvieran posiciones en la Red de Solidaridad Social y en la Empresa Territorial para la Salud, respectivamente. La Corte determinó que estas acciones transformaron la función pública en un medio para satisfacer intereses personales, distorsionando su propósito de servir a la comunidad.

La conclusión de la Corte pone punto final en el aspecto judicial de un escándalo que no solo impactó el mandato del expresidente Uribe, sino también dejó una huella indeleble en la política del país. Aunque Moreno tiene el derecho de apelar, su condena cierra un capítulo emblemático marcado igualmente por las controversiales chuzadas del DAS, un suceso que involucra interceptaciones ilegales durante el mismo periodo gubernamental.