Desde el 21 de diciembre, la Procuraduría General de la Nación le ha pedido al Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) que suspenda la adjudicación del millonario contrato para actualizar la plataforma Sena Sofiaplus, que apoya los procesos de formación y demás áreas de la entidad. El 28 de diciembre, el Ministerio Público envió otro oficio en el que insisten que se deben resolver las dudas frente al proceso que tiene un valor de $78.191.230.624 millones.
Sin embargo, según información de El Tiempo, en el Sena parece que hicieron caso omiso a las advertencias y peticiones de la Procuraduría, pues el 29 de diciembre, a las 7:00 a. m., se realizaría la audiencia para adjudicar el contrato.
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La Procuraduría General de la Nación encontró serios reparos que, según el ente de control, no han sido acatados: “El ente de control hizo reparos a la exigencia de la entidad sobre certificaciones ISO, las cuales se encuentran expresamente prohibidas por el Estatuto de la Contratación Pública, que podrían vulnerar los principios de libre concurrencia y participación, cercenando así la posibilidad de recibir mejores ofertas para cumplir con el objeto contractual”.
Otra de las observaciones entregadas por el órgano de control radica en que se haya eliminado de los requisitos la lista de funcionalidades, “lo que podría desencadenar en falta de garantías de un verdadero cumplimiento de las obligaciones”.
Por ello, la Procuraduría instó al Sena a declarar desierto el proceso licitatorio, en vista de “las manifiestas irregularidades en las reglas del procedimiento de selección, planteadas en las observaciones hechas por el Ministerio Público”.
Ante la presunta omisión por parte de la entidad gubernamental, El Tiempo conoció el oficio de Marcio Melgosa Torrado, procurador Delegado Primero para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, fechado el jueves 28 de diciembre, y dirigido a Jorge Eduardo Londoño Ulloa, director general del Sena, en el que insiste en que se resuelvan las dudas antes de la adjudicación.
Además, solicitan que la entidad incluya el enlace de la audiencia virtual en su respuesta, con el propósito de permitir la participación de funcionarios del Ministerio Público en dicho evento.
“La prohibición establecida en el numeral 8, artículo 39 de la Ley 1952 de 2019, de omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta a las solicitudes de las autoridades”, agregaron en el oficio, según lo citan en El Tiempo.
Hay que mencionar que las dos empresas proponentes para adjudicar el contrato son CognosOnline, una empresa colombiana con ingresos aún por debajo del millón de dólares, según sus informes financieros del 2022, y la Unión Temporal CET LMS 2023, vinculada al fabricante mexicano Territorium Life.
Procuraduría archivó investigación por corrupción a congresista del Partido Conservador
Las investigaciones sobre un presunto caso de corrupción en el Tolima, vinculado a la elección del contralor entre 2016 y 2019, podrían quedar sin avance porque la Procuraduría General de la Nación decidió archivar el caso.
La medida exonera al senador del Partido Conservador, Óscar Barreto, junto con nueve exdiputados del Tolima y el excontralor Edilberto Pava, según informó El Espectador.
La denuncia indica que Barreto, entonces gobernador del departamento, pudo haber estado involucrado en un conflicto de intereses durante la votación en la que Edilberto Pava, uno de sus amigos cercanos, fue elegido como contralor. Se alega que Pava pudo actuar como un “contralor de bolsillo”, favoreciendo a Barreto y no supervisando adecuadamente el uso de los recursos públicos.
El medio destacó que, a pesar de ello, el órgano de control optó por cerrar el expediente, debido a que no se encontraron pruebas de que Barreto, exgobernador del Tolima, hubiera ejercido presión política para la elección de Pava. Además, se enfatizó que no hubo evidencia de un “interés indebido” por parte de los exdiputados involucrados.
“Por todo lo expuesto, procede invocar como causal de terminación de la investigación disciplinaria seguida contra los inculpados, que los hechos atribuidos no existieron”, sostuvo la Procuraduría.
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