En la trocha de Verdecia, jurisdicción del municipio de Codazzi (Cesar), fueron encontrados muertos en la mañana del jueves 28 de diciembre de 2023 Luis Fernando Garzón García, de 46 años, y su hijo Luis Miguel Garzón Serpa, de 21 años.
Las víctimas se desplazaban en una motocicleta cuando fueron atacadas a tiros en plena vía pública. Las balas les habrían impactado en la cabeza y la región torácica, causándoles la muerte inmediata.
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Los cuerpos fueron hallados por habitantes del sector, que transitaban por las afueras de la finca Las Marías. Los hechos generaron conmoción en todo el municipio.
Uniformados de la Sijín de la Policía se encuentran investigando el homicidio, para esclarecer lo sucedido y dar con los responsables del crimen.
“Al lugar llegó un familiar de los occisos y esta persona fue entrevistada para establecer algún tipo de información que conduzca a esclarecer el doble homicidio”, indicó el comandante encargado de la Policía en el Cesar, coronel Alex Durán Santos.
El clan del Golfo estaría detrás de los crímenes
Pese a que todavía no se ha confirmado quienes estarían detrás de esta masacre, los indicios dan pistas de que podría ser el clan del Golfo, pues junto con los cuerpos de las víctimas dejaron colgado un panfleto a nombre de esta estructura armada.
En el mensaje, las también llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) declaraban a las víctimas como “extorsionistas”. El padre e hijo asesinados residían en el barrio Cinco Diciembre.
De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades: “Como aspectos de interés, en el lugar fue hallada 01 motocicleta marca NKD–125, color negro, con un papel con escrito AGC, por extorsión; asimismo los actos urgentes adelantados por unidades de CTI de la Fiscalía”.
Se presume que los muertos podrían estar involucrados en un acto ilícito, por lo cual habrían sido citadas al lugar donde fueron posteriormente asesinadas. No obstante, esto es materia de investigación.
Salió del hospital funcionaria que resultó quemada en incendio de Registraduría de Gamarra
En otro hecho, y tras 60 días de estar hospitalizada por fuertes quemaduras que sufrió en el 50% de su cuerpo, Ofelia Patricia Castro Roca, una de las funcionarias de la Registraduría municipal de Gamarra (Cesar), fue dada de alta del Hospital Universitario de Santander (HUS).
Su salida del centro de salud quedó grabada en un conmovedor video, en el que envió un mensaje de agradecimiento al personal médico del hospital.
“Una vez que ya superé la UCI, me sentía abrumada con todo el vendaje, la verdad es que todos contribuyeron de alguna manera para lograr que hoy yo esté aquí, si no, no lo hubiera logrado”, señaló la funcionaria de la Registraduría.
“Bendiciones para todos, que Dios los guarde y les multiplique, que bendiga esas manos, ese equipo médico y, mejor dicho, ustedes son excepcionales”, agregó Castro Roca.
Finalmente, la mujer pidió que no olviden a Duperly Arévalo Carrascal: una de sus compañeras que también trabajaba en la Registraduría, que falleció, y a otra que todavía se encuentra en delicado estado de salud.
“No hay que olvidar que Duperly perdió la vida y mi otra funcionaria, Rosenda, está en el Hospital Internacional de Colombia en estado casi vegetativo y que eso tiene que ser muchísimo más importante que hoy yo estoy saliendo”, dijo.
El pasado 11 de noviembre de 2023, la Fiscalía General de la Nación anunció que capturó a las cinco personas que serían las responsables del incendio en la Registraduría de Gamarra, el 28 de octubre, un día antes de las elecciones territoriales en Colombia.
Los presuntos responsables fueron identificados como: Se trata de Isaías Peña Oliveros, Yuberlis Bermúdez Rubiano, William Castro Torrado, Wilfrido Campos y Julio Rojas Marín.
El entonces candidato al Concejo de Gamarra, Julio Rojas Marín, habría sido quien “golpeó a una de las registradoras municipales con puño y patadas, y destrozó papeles, computadores y otros elementos”, relató el ente acusador.
Los procesados no aceptaron los cargos. Rojas Marín irá a prisión domiciliaria y los demás permanecerán en la cárcel hasta que avancen las demás etapas del proceso judicial.