La Contraloría General de la República detectó siete hallazgos con incidencia fiscal por $36.879 millones, 14 con presunto carácter disciplinario y tres con presunta incidencia penal, en un seguimiento especial al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

El ente de control fiscal evaluó la gestión en los procesos de recaudo, administración y ejecución de los recursos de la tarjeta de turista, contribución para el uso de la infraestructura pública del sector en la región y encontró varias irregularidades.

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Además, halló inconsistencias en gestiones de la isla de Providencia y el Hospital Departamental de San Andrés, durante el periodo de 2019 a 2023.

La tarjeta de turismo es brindada por el Gobierno nacional y permite adquirir el derecho de entrar al archipiélago en calidad de turista. De hecho, es obligatoria tanto para no residentes como para ciudadanos colombianos de otros departamentos.

Además de servir como control migratorio, el objetivo de dicho elemento es generar recursos que garanticen la sostenibilidad y el desarrollo de la isla. El dinero recaudado se destina a proyectos sociales de la comunidad residente, así como inversiones para el desarrollo turístico.

Un hecho que configura el hallazgo fiscal por $1.225 millones se relaciona con la construcción de una pista de bicicross en la isla de Providencia, la cual se encuentra abandonada sin que se hubiera cumplido el contrato, afectando así el beneficio esperado para los habitantes.

La Contraloría advirtió deficiencias desde el proceso de estructuración del proyecto, que no contó con los permisos y licencias ante las autoridades ambientales.

Así mismo, hay casos cuantificados por $4.869 millones que evidencian falta de controles en el proceso de recaudo por concepto de la tarjeta de turista, al identificar números seriales utilizados sin que se haya evidenciado el ingreso efectivo del recurso a la Tesorería del departamento.

También $155 millones invertidos por la Gobernación en el Centro de Salud San Luis que corresponden a la instalación de un ascensor que no está en funcionamiento. De acuerdo con el ente fiscal, a la fecha, las pólizas de garantía están vencidas.

La evaluación de la Contraloría también evidenció $29.706 millones que corresponden a recursos no ejecutados del contrato firmado entre la Gobernación y FINDETER, de los que no se disponen los soportes que den cuenta del ingreso a las cuentas bancarias de la Tesorería departamental, por concepto del recaudo en las tarjetas de turistas.

Igualmente, hay $504 millones dados por el Hospital Departamental de San Andrés, en calidad de anticipo, al contratista por concepto de adquisición de vehículos eléctricos, uno de ellos para adecuarse como ambulancia medicalizada sin que a la fecha de liberación del informe se evidenciara la entrega de los bienes ni la instalación de la planta fotovoltaica que garantice el cargue de energía que haga factible su funcionamiento.

También se hallaron $390 millones por la elaboración e instalación de letreros artísticos en el departamento, en malas condiciones que no les permite resistir las condiciones climáticas de la isla.

Con todo lo anterior, un agravante para la Contraloría General de la República es que los resultados de su evaluación evidenciaron la ausencia de mecanismos de seguimiento, validación y control que garanticen el adecuado registro y administración de los recursos.

En consecuencia, el ente estableció falta de oportunidad en las transferencias que debe realizar la Gobernación y disparidad entre distintas fuentes de información, en lo que concierne al recaudo y transferencia según los términos de ley.

La Contraloría encontró que las situaciones en que se presentan incluso cambios en la destinación específica que debería aplicar, en especial para los recursos asignados a contribución para infraestructura pública turística, generan incidencia disciplinaria y penal.