
El Ministerio de Salud respondió al llamado de la Procuraduría General de la Nación de girar los recursos de los presupuestos máximos de los meses de noviembre y diciembre de 2023 a las Empresas Promotoras de Salud (EPS).
A través de una carta firmada por el ministro de Salud encargado, Rodolfo Enrique Salas Figueroa, desmintió lo advertido por el Ministerio Público e indicó que durante mesas técnicas en agosto y septiembre de 2023 se concluyó que “no hay evidencia sobre insuficiencia de la UPC (Unidad de Pago por Capitación)”.
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El ministro aseguró que no hay un riesgo financiero inminente en el sistema de salud del país y que las acusaciones de la Procuraduría carecen de sustento técnico, financiero y jurídico: “No hay un sustento técnico, financiero y jurídico por parte de la agencia del Gobierno que demuestre el supuesto riesgo financiero en el que se encuentra el sistema de salud”.
Salas también señaló que las afirmaciones de la entidad generan un prejuzgamiento irresponsable, basado únicamente en cifras proporcionadas por la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), “agremiación que representa intereses de carácter particular, y no en fuentes institucionales y oficiales”.
Enfatizó en que se llevaron a cavo reuniones con las EPS para abordar las preocupaciones sobre la situación financiera que atraviesa el sistema de salud: “Durante los meses de agosto y septiembre, donde se plantearon las diferentes preocupaciones frente a la situación financiera que atraviesan estas entidades, el análisis realizado por el Ministerio de Salud y Protección Social fue presentado a principios del mes de diciembre de 2023″.
Según el Ministerio de Salud, la Unidad de Pago por Capitación (UPC) es el valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al sistema general de seguridad social en salud (SGSSS) para cubrir las prestaciones del Plan Obligatorio de Salud (POS), en los regímenes contributivo y subsidiado.
Esta asignación se realiza con base en la estimación de los costos promedio de atención de una persona por un año, teniendo en cuenta factores como la edad, el género y la región geográfica. La Unidad de Pago por Capitación (UPC) cubre los costos de los servicios médicos y las prestaciones de salud a los afiliados. Es un método de financiamiento que busca garantizar una cobertura mínima en la prestación de servicios de salud para toda la población afiliada al sistema.




Otras peticiones y advertencias de la Procuraduría
El Ministerio Público también había solicitado al Ministerio de Salud conocer la fecha en la que se efectuará el reconocimiento de los ajustes para la vigencia 2022, debido a que, a la fecha no se han llevado a cabo y “pone en riesgo la salud de millones de colombianos”.
El ente de control verificó el pago inoportuno, puesto que, durante el segundo semestre del 2023 en el mes de octubre, pagaron solamente el giro de los meses correspondientes a julio, agosto y septiembre; además, solo hasta el presente año se reconocieron los ajustes del año 2021 para la red prestadora de servicios de salud.
A su vez, la entidad requirió la programación para la realización de las mesas técnicas y participativas que tiene como objeto la revisión y discusión jurídica, técnica y financiera que permita determinar la suficiencia de la Unidad de Pago por Capacitación (UPC) para la vigencia 2024.
De otra parte, la delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social insiste, en que para el cierre del 2023, se continúa en absoluto desconocimiento acerca de la información y metodología reportada por las aseguradoras para el debido cálculo del UPC para 2024.
Por todo esto fue que el ente de control advirtió la gravedad de las actuaciones del Ministerio con lo cual, según este, se está afectando el derecho fundamental a la salud de los colombianos.
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