El Gobierno nacional ha dado un paso significativo hacia la protección de la educación en contextos de conflicto armado con la presentación del Plan de Acción Nacional de la Declaración sobre Escuelas Seguras.
La ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa, en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, hizo pública la estrategia en el departamento de Arauca, donde la violencia ha impactado de manera directa la seguridad y bienestar de los estudiantes.
“Las escuelas deben ser entornos protectores y seguros, el centro de la vida comunitaria donde los niños, niñas y adolescentes puedan desarrollarse y formarse integralmente. Como Gobierno instamos a que todas las rutas a las escuelas sean caminos, entornos de paz y reconciliación por una niñez feliz y protegida”, declaró Vergara al revelar las intenciones del Estado para convertir los recintos educativos en espacios de paz.
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Claudia Teresa Cáceres, directora de Derechos Humanos y DIH del Ministerio de Relaciones Exteriores, compartió la necesidad de acciones concretas frente a los desafíos que interrumpen la educación:
“Somos conscientes de los grandes desafíos que se han presentado para continuar con el curso de los espacios educativos que constantemente se interrumpen. Por lo tanto, en nombre del Gobierno, emprendemos con determinación las acciones que sean necesarias para la implementación del plan, dirigidas a proteger a los niños, niñas y adolescentes que se ven afectados por situaciones de violencia”.
El Consejo Noruego para Refugiados proporcionó estadísticas alarmantes que fundamentan la urgencia del plan. Solo en 2023, Arauca presenció nueve eventos violentos que afectaron a 1.173 personas, predominando los estudiantes entre los perjudicados. La preocupante presencia de minas antipersonal y otros artefactos explosivos en los trayectos hacia las escuelas resalta la necesidad de acción inmediata.
A nivel nacional, la situación es igualmente grave. Desde enero hasta noviembre de 2023, cerca de 13.311 ciudadanos fueron afectados por 77 eventos en 10 departamentos. La violencia se concentra en el camino a las escuelas y dentro de las mismas, vulnerando la integridad de los estudiantes y el personal educativo. La mayoría de estos ataques están relacionados con la amenaza constante de minas antipersonal y municiones sin explosionar.
La ministra indicó que la educación y la paz pueden formar un proyecto conjunto que refleje la dignidad de los estudiantes en Colombia.
El compromiso de Colombia con la Declaración sobre Escuelas Seguras, que ha sido refrendado por 118 países, se traduce en la adhesión a un convenio internacional nacido en Oslo, destinado a fortalecer la seguridad en entornos educativos. Este movimiento global reconoce la importancia de la educación en zonas de conflictividad y la necesidad de salvaguardar a la comunidad educativa.
Este amplio esfuerzo involucra a 22 entidades del Gobierno y organismos como Unicef, Save the Children, la Universidad Nacional y la Embajada de Noruega.
El Plan de Acción Nacional articula nueve estrategias esenciales tales como la identificación y fortalecimiento de escuelas afectadas, la implementación de programas de capacitación, la generación de acciones educativas frente al riesgo de minas, y la promoción de mecanismos de reporte y seguimiento para consolidar la declaración. Además, se contempla la creación de mesas de trabajo con los entornos protectores para contribuir a un proyecto educativo que abarque y beneficie a toda la comunidad.
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