Condenados con detención domiciliaria podrían quedarse sin brazaletes electrónicos: Gobierno suspendió la licitación

El accidentado proceso licitatorio mediante el cual se adjudicaría el contrato para la prestación de servicios de brazaletes electrónicos, cuyo valor es de más de 113.000 millones de pesos, tuvo que enfrentar un nuevo lío este martes 26 de diciembre, por lo cual tuvo que ser suspendido.

Esa contratación, a cargo de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), ya había tenido problemas debido a que dos proponentes denunciaron cambios irregulares en los ítems definidos, modificación de condiciones y asignación de puntajes, con el fin de favorecer a una de las empresas participantes de la licitación.

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Ese hecho causó la intervención de la Procuraduría y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, que advirtieron que no existía ninguna justificación para que la Uspec hubiera modificado el criterio para la asignación de puntaje. Además, la Procuraduría hizo observaciones a los documentos licitatorios del proceso para que se garantice la pluralidad de los oferentes.

“A pocos días de que se adjudique la licitación para la prestación del servicio de vigilancia electrónica de las personas privados de la libertad, la Procuraduría advierte de situaciones que podrían contrariar los principios de la contratación estatal y pide explicaciones a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios- Uspec- sobre el cambio de criterios para ítems que ya estaban definidos”, señaló en ese entonces el Ministerio Público.

Por todo eso, los pliegos de licitación fueron modificados y el proceso siguió su curso normal, con el fin de entregar el contrato para vigilar a cerca de 5.500 condenados en el país que se encuentran bajo la medida de detención domiciliaria.

No obstante, según informó el diario El Tiempo, en plena audiencia de adjudicación del contrato que se estaba llevando a cabo el martes, uno de los concursantes denunció que otra de las empresas interesadas había presentado información falsa para acreditar experiencia que no tiene.

Tal señalamiento produjo que la Uspec suspendiera el proceso sobre las 3:00 p.m., y aunque se dijo que la audiencia se reanudaría a las 4:30 p.m., no hubo respuestas por parte de la empresa acusada.

De tal manera que la Procuraduría, que está muy pendiente del proceso en aras de vigilar que se cumplan principios fundamentales de contratación estatal, incluyendo la selección objetiva y la pluralidad de oferentes, solicitó que se escucharan de nuevo las observaciones de los interesados, con el fin de garantizar transparencia en la adjudicación del contrato.

Luego de ello, se anunció que la audiencia de licitación se reanudaría nuevamente a las 6:00 p.m., pero según informó el medio anteriormente mencionado, el proceso quedó nuevamente suspendido hasta este miércoles 27 de diciembre a la 1:00 p.m. “Ya dijeron que iban a aceptar la experiencia que está objetada y así ganaría una empresa con componente extranjero por tan solo un punto”, le dijo una fuente al diario bogotano.

La Contraloría General de la República le hizo una auditoría a la Uspec por contratar en reiteradas ocasiones a la empresa Buddi Limited Colombia para el servicio de los brazaletes electrónicos desde 2019, mediante la figura de urgencia manifiesta.

Desde ese año, la entidad a cargo de los servicios penitenciarios del país no abre una licitación pública, lo cual ha generado suspicacia entre los organismos de control. No obstante, el director de la entidad, Ludwing Joel Valero, le dijo al diario El Espectador que la Uspec se ha visto prácticamente forzada a contratar con la misma empresa porque es la única que tiene las condiciones para prestar el servicio.