Magistrados de la JEP amanecieron sin vehículos blindados por embargo al proveedor

La Unidad Nacional de Protección y el tribunal de paz estudian alternativas para solucionar la situación de los esquemas de seguridad de los funcionarios

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Altos funcionarios de la JEP
Altos funcionarios de la JEP fueron afectados por el bloqueo de varios vehículos de los esquemas de protección - crédito JEP

Magistrados y fiscales de la Jurisdicción Especial para la Paz se encontraron sin la posibilidad de utilizar los vehículos asignados a sus esquemas de protección. Las camionetas blindadas fueron bloqueadas satelitalmente y no encienden por un problema jurídico del proveedor.

Afectados por la situación señalaron, según citó El Tiempo, que los vehículos asignados a los magistrados de la JEP, entre otros funcionarios, amanecieron bloqueados, los motores no encendían y en algunos casos no podían ni siquiera ingresar, debido a un bloqueo satelital.

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La razón de la interceptación de los carros blindados sería una deuda que tiene el proveedor de los vehículos encargado del contrato con la UNP para brindar el servicio a los funcionarios de la JEP. En medio de un proceso administrativo, se habría ordenado el embargo de los carros.

El director de la UNP,
El director de la UNP, Augusto Rodríguez Ballesteros - crédito @mix_pacomix2013/X

Neostar Seguridad de Colombia Ldta. es la empresa encargada del contrato para proveer vehículos a la UNP para el cumplimiento del convenio que tiene la entidad con la JEP. Para septiembre, según los detalles de la contratación, debía contarse con 273 vehículos por parte del contratista para las necesidades del servicio.

Esa empresa tiene un proceso administrativo en contra de la Unión Temporal Perseus, conformada por Alliance Security Rent Car, Μ.Ι. Blindajes, Vector Ltda. Alquiler de Vehículos Blindados y Nacional Rent Car Ltda. aparentemente por una millonaria deuda. En medio de esa disputa se ordenó el embargo de los vehículos, lo que a su vez causó el bloqueo a través de los sistemas con los que deben contar los carros para su control.

Luego de que los funcionarios alertaron sobre lo ocurrido con sus esquemas, la UNP inició acciones para poder continuar con el servicio. Según conoció Infobae Colombia, habrían encontrado una fórmula para no afectar la protección de los funcionarios de la JEP.

Así mismo, el tribunal especial de paz informó que se encontraban en contacto con la UNP para “solucionar un impase que se presentó con los carros que hacen parte de los esquemas de protección. La JEP solicita que de manera prioritaria se solucione esta situación y se garantice la seguridad de los protegidos”.

En el contrato suscrito entre la UNP y Neostar Seguridad también se establece que el contratista deberá evitar cualquier multa a los vehículos y hacerse responsable de los comparendos para evitar que afecten su uso y así garantizar la permanencia y continuidad del servicio.

“Los vehículos solo podrán dejar de operar mediante orden exclusiva del supervisor del contrato por escrito, en consecuencia, el contratista deberá garantizar que en ningún caso se apagaran los vehículos, sin que medie esta orden, so pena de que ante su inobservancia se habilite la supervisión contractual respectiva para promover el procedimiento establecido para la imposición de multas y/o declaratoria de incumplimiento según corresponda”, dice una de las cláusulas.

La UNP señaló que sobre las 10:00 a.m. del 27 de diciembre se había solucionado la situación presentada con los carros blindados de los esquemas de protección. Según explicaron, se trata de la consecuencia de una diferencia entre empresas privadas que motivó el uso del bloqueo satelital.

El bloqueo de los vehículos
El bloqueo de los vehículos de seguridad de la JEP afectó a varios funcionarios del tribunal especial - crédito @JEP_Colombia/X

“La UNP intervino priorizando el derecho que asiste al personal de la JEP de tener garantías protectoras para el desempeño de sus funciones”, agregaron desde la entidad.

“Como la opinión publica lo sabe los vehículos blindados y convencionales de los esquemas de protección no son propiedad de la UNP ni del Estado y son adquiridos en arriendo mediante contratos a empresas privadas. Esta circunstancia que supedita el Estado a organizaciones exógenas que pueden “cartelizarse” y debilitar la responsabilidad gubernamental de garantizar la vida es objetivo estratégico de corrección por parte de la actual administración de la UNP”, agregó la entidad.

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