La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó en la tarde del martes 26 de diciembre, el arresto del gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez Cardona, así como de los alcaldes de Riosucio, Marlon Alexánder Tamayo Bustamante, y de Supía, Marco Antonio Londoño Zuluaga.
La justicia transicional tomó esa decisión ante los incumplimientos de dichos funcionarios con una orden que la JEP les impuso de adoptar medidas cautelares para proteger a las víctimas de desaparición forzada que se podrían encontrar en el territorio ancestral indígena San Lorenzo, de los embera.
“Nosotros hemos hecho un corte de cuentas con los mandatarios locales y hemos observado esa inacción y negligencia por parte de los servidores públicos, siendo su función justamente cumplir con los mandatos constitucionales y legales que le corresponden (...) encontramos que desafortunadamente el señor gobernador de Caldas incumplió con las órdenes dadas por la Jurisdicción. Con base en eso ordenamos el arresto y la compulsa de copias a Procuraduría para que investigue la inacción u omisiones por este funcionario”, explicó el magistrado Raúl Sánchez, de la sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, en diálogo con la W Radio.
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En un auto (fallo) de 36 páginas, la Jurisdicción Especial para la Paz explicó que las medidas en concreto que había solicitado, y que finalmente se incumplieron, fueron la creación de comisiones, con apoyo de autoridades locales e indígenas, para explorar zonas de Riosucio y Supía donde podían reposar los cuerpos de víctimas de desaparición forzada, al igual que presentar informes bimestrales para conocer el avance de esos grupos de trabajo, informó el diario El Espectador.
Según la información obtenida por el citado medio, la justicia transicional además pidió que se estableciera un protocolo de riesgos para las alcaldías de Riosucio y Supía frente al manejo adecuado de los cementerios de El Carmen y San Nicolás. Sin embargo, al igual que las medidas anteriores, la Sección de Ausencia halló que tampoco se cumplieron.
“Luis Carlos Velásquez Cardona, gobernador de Caldas, Marlon Alexander Tamayo Bustamante, alcalde de Riosucio, y Marco Antonio Londoño Zuluaga, alcalde de Supía, actuaron con culpa grave en tanto actuaron con inobservancia del cuidado que cualquier persona imprime en sus actuaciones”, señaló la JEP.
Y a renglón seguido agregó: “Nótese que pese a que pudieron actuar de manera diligente no hicieron, ni siquiera buscaron alternativas en plazos razonables para dar cumplimiento a las órdenes impartidas; pese a que el despacho sustanciador, mediante diferentes requerimientos, hizo seguimiento a las órdenes impartidas”.
Las sanciones
En el documento, la JEP determinó que el gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez Cardona, deberá además de pagar una multa equivalente a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, cumplir con un arresto de dos días.
Los alcaldes de Riosucio, Marlon Alexander Tamayo Bustamante y de Supía, Marco Antonio Londoño Zuluaga, por su parte deberán cumplir con un arresto de tres días, al igual que pagar una multa equivalente a dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes, que deben ser consignados en los cinco días siguientes a dicha decisión.
“El arresto lo deberán cumplir en las instalaciones del Comando de la Policía Metropolitana de la ciudad de Manizales, y los municipios de Riosucio y Supía, respectivamente, una vez en firme la presente decisión”, se lee en un apartado del auto.
La Jurisdicción Especial para la Paz así mismo informó que enviará copias de los hechos a la Procuraduría General de la Nación con el fin de que establezca si el gobernador de Caldas y los alcaldes de Riosucio y Supía incurrieron en faltas disciplinarias.
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