El lunes 25 de diciembre, durante la inauguración de la 66 Feria de Cali, el alcalde Jorge Iván Ospina recibió la noticia que tanto él como su secretario de Educación, José Darwin Lenis Mejía, fueron sancionados por la Procuraduría General de la Nación por presuntas irregularidades en la celebración del convenio de 11.955′020.000 millones de pesos, destinados para la realización de la 63 Feria de Cali virtual, en 2020.
“La Entidad evidenció que el secretario de Cultura no proyectó unos estudios previos serios, integrales y sustentados que justificaran la cuantía del bilateral suscrito con Corfecali, dado que hizo el análisis de costos teniendo en cuenta los precios de ferias presenciales, a pesar de ser un evento virtual por las condiciones de aislamiento social”, indicó la Procuraduría a través de un comunicado que además indicó la suspensión de cuatro meses para el Alcalde de Cali y la destitución e inhabilitación por nueve años de José Darwin Lenis Mejía.
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Una vez se enteró de la suspensión, ad portas de terminar su periodo como alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina señaló a la Procuraduría de querer “dañarle su diciembre” y que hay odio y saña en haber filtrado la información, puesto que no había sido notificado formalmente:
“Vaya q bellezas , quienes pretenden dañar el futuro y amargar nuestro diciembre. Hoy 25 día festivo, inicio de Feria, presentan desde la Procuraduría una presunta sanción no conocemos el sentido del fallo, pero sin duda hay odio y saña al filtrar un panfleto hoy”
Agregó que solicitaría acompañamiento internacional para apelar la decisión e insinuó que existe un acoso y agresión por parte de dicha institución:
“Pero las instituciones por encima de sus hombres y mujeres, de tal manera que con las pruebas, con acompañamiento internacional y con la frente en alto, nos notificaremos para adelantar argumentada defensa. Siempre la importancia de responder en el marco de la ley. (...) Pero que no digan que no existe acoso , agresión , premeditación e idea de daño reputacional. La vida entera he navegado en aguas turbulentas y siempre hemos vencido. Superamos el covid, el estallido y dejamos obras estratégicas; también superaremos esta”, agregó Ospina, vía X .
Al respecto, también se refirió la defensa del alcalde Ospina, Hernando Morales Plaza, que aseguró que la Procuraduría no es una entidad competente para el caso y agregó que dicho ente de control es una institución “politizada”:
“Nosotros teníamos claro que la Procuraduría que, primero, hay unos fallos que son más políticos que jurídicos y recordemos que hay un tema de convencionalidad de la Corte Interamericana de que la Procuraduría carece de competencia para suspender, tocar o investigar disciplinariamente a los cargos de elección popular como en este caso”, dijo en entrevista con Caracol Radio.
Para la defensa de Ospina, el caso debe continuar en recurso de apelación, por lo que el mandatario local terminará su mandato hasta el 31 de diciembre:
“Es un fallo de primera instancia y tenemos hasta el 10 de enero para interponer el recurso de apelación, o sea que se va para Bogotá y eso ya se resolverá en el 2024 esa segunda instancia y obviamente, si llegara a confirmarse, pues tendremos la justicia contenciosa para hacer la discusión jurídica”
Morales Plaza enfatizó en que el fallo de la Procuraduría presenta inconsistencias y confusiones con respecto a normas de contratación:
“Es un tema de la Procuraduría que no tiene claro lo que es un convenio interadministrativo y confunde normas de contratación del estatuto de contratación normal y obviamente habla de unas cosas que claramente se vieron en la ejecución del convenio, o sea la ejecución que hizo Corfecali y recordemos que obviamente, ya que hay un tema de ejecución, cada convenio, cada contrato en este caso tiene un supervisor y en la ejecución están cuestionando son temas de convenio”, aseveró el jurista al medio citado.
Por último, el abogado Morales Plaza, cuestionó las razones de la Procuraduría para suspender al alcalde Jorge Iván Ospina e indicó que no han recibido acusaciones de tipo jurídico o penal de otras instituciones:
“Están comparando precios de mercado, en un convenio y hablando de la feria virtual que no tiene antecedentes, ni precios del mercado, es obvio que jurídicamente eso es un fallo obviamente amañado. Ni la Contraloría, ni la Fiscalía, se han pronunciado sobre esos aspectos porque es muy difícil. Recordemos que infortunadamente para Colombia, la más politizada, más que nunca tenemos una ´Procuraduría altamente politizada que solamente hace ese tipo de fallos y es selectiva para estos fallos”, añadió Morales Plaza.
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