El presidente Gustavo Petro decidió invitar a los habitantes de calle de Bogotá a celebrar las fiestas de Navidad en la Casa de Nariño y le llovieron críticas. Algunos personajes políticos han tildado su gesto como un acto de populismo y de demagogia e, incluso, cuestionaron el hecho de que compartiera con ellos un plato de lechona con gaseosa. Sin embargo, hay varios aliados de su Gobierno que han salido a defenderlo.
La representante a la Cámara, María Fernanda Carrascal, respaldó al presidente en X (antes Twitter) contrarrestando su encuentro con una reunión que se llevó a cabo en 2008, bajo el mandato del expresidente Álvaro Uribe en la que los invitados no fueron personas sin hogar, sino paramilitares.
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“Lógica extraña la de algunos opinadores: Paramilitares entrando a la Casa de Nariño a escondidas y por los sótanos = Seguridad democrática. Habitantes de calle compartiendo en la Casa de Nariño una comida con el Presidente = Demagogia”, escribió Mafe Carrascal en la red social.
Durante la celebración de Petro con los habitantes y exhabitantes de calle estuvo presente su hija Antonella, así como el párroco del Voto Nacional, Darío Echeverry, y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. En cierto momento, el mandatario tuvo un espacio de intervención en el que dedicó unas palabras a sus invitados.
“El territorio, la ciudad, el campo o el país debe ser construido por su propia gente y con sus ideas, si hablamos de democracia, es la gente la propietaria de este país, todas estas instituciones no tienen otra cosa más que servirles a todos ustedes, por eso este acto es simbólico, que las personas más golpeadas en Bogotá puedan entrar a recibir una cena, esto es propiedad de ustedes”, dijo el presidente Petro en el encuentro navideño.
¿Cómo fue la reunión con los paramilitares en 2008?
La congresista Carrascal comparó este evento con una reunión que tuvo lugar el 23 de abril de 2008 en la Casa de Nariño con el exparamilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Antonio López, conocido como alias Job, emisario de alias Don Berna; y su entonces apoderado, Diego Álvarez. El encuentro estaba pactado con el exsecretario jurídico del expresidente Álvaro Uribe Edmundo del Castillo y con quien fungía como su jefe de prensa, César Mauricio Velásquez.
Según informó Caracol Radio en su momento, alias Job ingresó a la Casa de Nariño por los sótanos, lo que generó desconfianza e hizo pensar que dicha reunión se hizo a escondidas. Sin embargo, de acuerdo con Noticias Caracol, el expresidente aseguró que no se trató de ningún encuentro clandestino, porque de haber sido así, habrían pactado una cita en alguna cafetería, cueva o en algún “extramuro”, y no precisamente en la Casa de Nariño.
“Yo hubiera entrado por la puerta principal al señor Job, pero entiendo, yo no sabía quién era el señor Job, ni el señor Álvarez, su abogado; ni los había oído mencionar. Imagínese con este recorrido mío público tan largo, pero el señor, entonces coronel, general, de seguridad de la Presidencia (sic) me informó que habían entrado con registro de cámaras”, indicó Álvaro Uribe Vélez en su momento, de acuerdo con Noticias Caracol.
Entonces, según El Espectador, se especuló que la reunión entre los exfuncionarios del Gobierno y el exparamilitar y su abogado se basó en la revisión de un material con el que se evidenciaría que la Corte Suprema de Justicia estaba investigando al expresidente con el fin de “desprestigiarlo”.
Además, de acuerdo con el medio citado, el encuentro también se habría prestado para acordar “realizar grabaciones ocultas o clandestinas, supuestamente para preconstruir pruebas sobre ofrecimientos indebidos provenientes de la Corte Suprema de Justicia”.
En 2021, César Mauricio Velásquez y Edmundo del Castillo fueron llevados a juicio por las famosas “chuzadas del DAS” que tuvieron como víctimas periodistas, políticos, abogados y magistrados de las altas cortes, incluyendo la Corte Suprema de Justicia. En primera instancia, ambos fueron absueltos, pero en septiembre de 2021 fueron condenados por el Tribunal Superior de Bogotá a una pena de cinco años y tres meses de privación de la libertad.