Por no cumplir los requisitos legales en la contratación de una piscina para niños, la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de cuatro años de prisión (50 meses) y 61 meses y 22 días para el ejercicio de derechos y funciones públicas, en contra del exgobernador del Huila Juan de Jesús Cárdenas.
El alto tribunal determinó que en ese contrato, por $184′800.000 para un plazo de 90 días, existieron varias irregularidades, porque se hizo sin licitación y porque mientras fue gobernador del departamento, en 2002, delegó a su Secretario de Infraestructura, Hernando Quesada Trujillo, la contratación para construir la piscina para niños en el municipio de San Agustín.
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Así mismo, la Corte tuvo en cuenta que el contrato se adjudicó sin revisar las condiciones del terreno para la piscina, es decir, sin estudios previos; se firmó sin contratar a un interventor, lo cual causó retrasos; y no contaba con permisos ambientales.
Además, se concluyó que por la falta de estudios, la obra incrementó su tiempo de ejecución y su costo. De acuerdo con el tribunal, la tramitación y celebración del contrato de obra No. 586 de 2002 tuvo una adición contractual por un valor de $233.042.109 y otra adición de contrato de $28.954.338, lo cual representó una adición presupuestal de más del 50%, representando así una violación a los principios de economía, selección objetiva y responsabilidad establecidos por la Ley 80 de 1993.
“Su valor aumentó en un 141%, y tardó un 66% más de lo planeado, pese a que la ley prohíbe adiciones en dinero y tiempo superiores al 50%.”, se puede leer en el fallo. También se concluyó que el exgobernador se desentendió de su función de vigilar y supervisar el contrato cuando se lo delegó a su subalterno. La sentencia en primera instancia había sido proferida por la Sala de Casación Penal el 4 de octubre de 2022.
Cárdenas quería volver a ser gobernador, pero se retiró de la contienda electoral por otra condena de la Corte
Cárdenas había inscrito su candidatura para aspirar nuevamente a la Gobernación del departamento en las pasadas elecciones regionales, pero tuvo que renunciar a su candidatura debido a otra sentencia de la Corte.
“Yo tengo que ser respetuoso, así haya los recursos que sean no es para seguir en la contienda, normalmente se hacen esos recursos para seguir en el escenario. Inclusive eso tiene treinta días para presentar el recurso, pero yo no quiero estar en ese escenario desgastando a los huilenses”, dijo en su momento.
Su nueva aspiración a la Gobernación del departamento era avalada por el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (Aico), pero se retiró debido a que la Corte lo halló culpable el 6 de octubre del delito de contratación sin cumplimiento de los requisitos legales, por la construcción de un kiosko que funcionaría como la Casa de la Cultura de Tello, Huila.
“Mi renuncia obedece a ser respetuoso de las decisiones judiciales y tomar los días necesarios para presentar los recursos de ley; desde luego el respeto por el elector, posteriormente anunciaremos surtidas las consultas, el respaldo al candidato a la Gobernación, donde espero ser jefe de debate”, le dijo al diario La Nación en ese entonces.
Aquel contrato fue suscrito el 13 de noviembre de 2001, cuando era gobernador, y hacía parte del programa de escuelas de formación artística promovido por Raúl Rivera Cortés, su secretario de Cultura. Así como en el caso de la piscina en San Agustín, la obra no contaba con análisis técnicos ni diseños para ejecutarse. Además, tenía graves fallas estructurales y no pudo ser entregada.