Procuraduría sanciona al alcalde de Cali por su participación en la Feria de Cali virtual del 2020

En la tarde del 25 de diciembre de 2023 se informó sobre la decisión de la Procuraduría General de la Nación de suspender inicialmente por cuatro meses al alcalde saliente de Cali, Jorge Iván Ospina, debido a su presunta vinculación con la Feria de Cali virtual 2020. De manera simultánea, el ente de control habría impuesto una suspensión de nueve años al actual secretario de Educación de Cali, Jose Darwin Lenis, por hechos relacionados con la mencionada feria.

El concejal Juan Felipe Murgueito, representante de Cali, fue el que divulgó esta información a través de sus redes sociales. En sus declaraciones, el líder político señaló que recibió la información de una fuente cercana y expresó su lamentación por la decisión de los entes de control, al señalar que estos esperaron hasta los últimos cinco días del año y de la administración de Jorge Iván Ospina para tomar tales medidas.

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Es relevante mencionar que, en el 2020, Jose Darwin Lenis ocupaba el cargo de secretario de Cultura y formaba parte de la coordinación de la Feria Virtual. Actualmente, desempeña el rol de secretario de Educación de Cali.

Ante esto, el Ministerio Público detalló que: “Por encontrarse probado y no desvirtuado el único cargo formulado y en consecuencia imponer la sanción de destitución del cargo e inhabilidad general por el término de nueve (9) años” esto en cuanto al secretario.

Y para el alcalde de Cali: “Imponer la sanción de suspensión en el ejercicio de cargo por el término de cuatro (4) meses”.

La Procuraduría emitió en julio de 2023 un pliego de cargos contra el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina Gómez, y el exsecretario de Cultura de la ciudad, José Darwin Lenis Mejía, por posibles irregularidades en la organización de la Feria de Cali virtual en 2020.

Según la investigación, el convenio suscrito entre la ciudad y Corfecali para la realización del evento habría sido firmado por un monto de 11.955 millones de pesos, sin contar con estudios previos, integrales, serios y suficientes que respaldaran dicho valor.

Se argumenta que este valor se determinó a partir de la indexación de costos de los tres años anteriores, sin considerar que en 2020 la feria se llevaría a cabo de manera virtual debido a la pandemia de covid-19.

La Procuraduría sostiene que la administración municipal tenía la obligación de incluir en los estudios previos el método de cálculo de los precios de los eventos, aspecto que, según la investigación, no se llevó a cabo en este caso. Se destaca que solo se hizo referencia a información histórica bajo presupuestos no aplicables para un evento virtual.

En el análisis de la situación, el órgano de control indicó que el alcalde Ospina podría haber incurrido en una omisión de sus funciones de control, vigilancia y supervisión sobre el proceso de contratación, que estaba bajo la responsabilidad del secretario de Cultura, Lenis Mejía, para ese entonces.

Se alega que Ospina no alertó sobre los cambios contractuales asociados con la organización virtual de la Feria, no solicitó informes sobre la metodología de fijación de costos y no pidió explicaciones por la inclusión de aspectos propios de eventos presenciales.

En virtud de estos acontecimientos, la Procuraduría calificó la presunta conducta del alcalde Ospina Gómez como “una falta grave cometida a título de culpa gravísima, y la de Lenis Mejía como gravísima a título de culpa gravísima”.