Ya estaría todo listo para que se expida el próximo decreto del Gobierno Nacional de Colombia, a cargo del Departamento Nacional de Planeación (DNP), que tiene como objetivo establecer el aumento del avalúo catastral para el año 2024. Según el documento revelado por RCN Radio, se tendría principal prioridad sobre los predios que no fueron actualizados durante el año 2023, proporcionando detalles importantes sobre las tasas de incremento y su impacto en los impuestos prediales.
El decreto que se hará público en los próximos días contempla que, a partir del 1 de enero de 2024, los predios urbanos no formados y no actualizados en 2023 sufrirán un ajuste del 4,51%. Por otro lado, los predios rurales dedicados a actividades agropecuarias que no hayan sido actualizados en el presente año se verán sometidos a un aumento del 2,55%.
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Ante incertidumbre que suele generar la identificación del predio, el DNP aclaró en el documento que se consideran como “predios dedicados a actividades agropecuarias” aquellos registrados en la base catastral con destinos económicos como agropecuario, agrícola, pecuario, acuícola, agroindustrial, agroforestal, e infraestructura asociada a la producción agropecuaria.
Sin embargo, aunque la nueva medida del Gobierno nacional aplicará para todo el territorio nacional, dicho decreto también establece una excepción para la ciudad de Bogotá, donde los avalúos catastrales se reajustarán anualmente según los índices de valoración inmobiliaria urbana y rural. Esta recalibración estará sujeta al previo concepto del Consejo de Política Económica y Social (Conpes) de la Secretaría Distrital de Planeación, lo que implica que las reglas estipuladas en el decreto no aplicarán en la capital colombiana.
Lo que genera más incertidumbre es que, con la expedición del documento, se afectaría de forma directa la determinación del impuesto predial para el año 2024. Los incrementos en el avalúo catastral, basados en datos proporcionados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y el Índice de Valoración Predial correspondiente al 4,51% para el año 2023, así como las decisiones del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), serán determinantes en la carga tributaria de los colombianos en el próximo año.
Este anuncio gubernamental refleja la necesidad de ajustes en la valoración catastral de propiedades, buscando una equidad fiscal y financiera. El impacto directo en los bolsillos de los ciudadanos será un tema de atención a medida que se acerque el año 2024, con posibles implicaciones económicas y debates sobre la justicia de estos ajustes en el sistema impositivo colombiano.
¿Qué es el avalúo catastral? La llave para entender el impuesto predial en Colombia
En Colombia, comprender el avalúo catastral es esencial para los propietarios de inmuebles. Se trata de un proceso técnico que establece el valor de un inmueble, ya sea urbano o rural. Este valor es determinado por la autoridad catastral y refleja las características físicas, la ubicación y el uso que se le da al bien.
El proceso de avalúo se lleva a cabo para cumplir con diversas finalidades. Principalmente, sirve como referencia para el cálculo del impuesto predial, una contribución tributaria que deben pagar anualmente los dueños de propiedades inmuebles tanto en el sector urbano como en el rural. Además, los avalúos catastrales son herramientas clave para la planeación territorial, pues apoyan la toma de decisiones en proyectos de desarrollo y urbanismo.
Para establecer el avalúo, se analizan meticulosamente distintos factores, como la estructura de la propiedad, la calidad de la construcción, la ubicación geográfica y la dinámica del mercado inmobiliario en la zona. A partir de estos datos, se asigna un valor monetario específico a cada propiedad.
Es así como el avalúo catastral cumple con una función dual: determina los valores sobre los cuales los ciudadanos contribuyen fiscalmente y, al mismo tiempo, sirve como instrumento básico en la administración y planificación de los territorios. Con cada actualización, se busca mantener la equidad en el sistema tributario y garantizar que cada contribuyente aporte de acuerdo con el real valor de su propiedad.
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