Durante la madrugada del domingo 24 de diciembre, en vísperas de la celebración de Navidad, fue asesinado el líder indígena comunero Eliécer Puyo Chocué, perteneciente al resguardo de La Laguna, según comunicó la Asociación de Cabildos del Pueblo Nasa.
El hecho ocurrió en el sector conocido como El Pescador, cerca de una estación de servicio ubicada sobre la Vía Panamericana. El cabildo rechazó el nuevo hecho de violencia y le hizo un llamado al Gobierno nacional y a organismos defensores de Derechos Humanos para que actúen al respecto.
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“Rechazamos este nuevo hecho que enluta a nuestras familias y comunidad en general en todo el territorio Sa’t Tama Kiwe y departamento del Cauca, pues tan solo en este mes se han presentado asesinatos de manera sistemática, agudizando la situación de orden público y tranquilidad de la población”, se puede leer en el comunicado del pueblo Nasa.
Otra persona en expresar su rechazo al episodio fue la senadora Aida Quilcué, del partido MAIS, que a través de su cuenta de X expresó: “Expresamos nuestro rechazo ante el asesinato de Eliecer Puyo Chocue, Guardia Indígena del resguardo de la Laguna. Nos solidarizamos con la Guardia Indígena y la Asociación de Cabildos Ukawe’sx Nasa Çxhab Sa’th Tama Kiwe”.
El asesinato de Puyo Chocué tiene lugar luego del Consejo de Seguridad y Paz, liderado por el presidente Gustavo Petro y su cúpula militar, ante la constante vulneración a los derechos humanos en el Cauca y luego del asesinato del alcalde de Guachené, Elmer Abonía, que estaba próximo a dejar su mandato.
De acuerdo con el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz, Indepaz, hasta diciembre se han registrado 185 asesinatos a líderes sociales, pero con la reciente muerte de Chocué, serían 186. Esa misma fundación registra entre el 16 y 22 de diciembre de 2023 17 asesinatos en el departamento del Cauca.
Por otra parte, según la organización Human Right Watch, han sido asesinados 150 líderes sociales entre enero y noviembre de 2023, lo cual incluye a dirigentes comunales, líderes ambientales y defensores de derechos humanos. Según Juan Pappier, director de HRW para las Américas, todos se tratan de casos documentados.
Además, la Oficina de Naciones Unidas en Colombia para los Derechos Humanos reveló que en lo que va del año ha recibido un total de 214 denuncias, de los cuales ha logrado corroborar 69. Otros 47 casos conocidos por la ONU están bajo estudio y de 98 personas que fueron asesinadas, no se logró determinar que, en efecto, se hubiese tratado de un líder social.
Dentro de las víctimas confirmadas, destacan 11 afrodescendientes (8 mujeres), 20 indígenas y 22 campesinos. La mayoría de las víctimas tenían un papel de liderazgo en las juntas de acción comunal, asociaciones defensoras de derechos indígenas o poblaciones campesinas.
Justamente, el Cauca es el departamento que resalta como el que más líderes sociales asesinados registra, con un total de 15 casos verificados, seguido de su vecino, el Valle del Cauca, y su otro vecino, Nariño. El municipio más peligroso para ser un líder social, de acuerdo con el preocupante informe entregado por Naciones Unidas, es Tumaco, Nariño, en donde cuatro defensores de derechos humanos han perdido la vida.
Ante el difícil panorama para los líderes sociales en el Cauca, la Corte Constitucional declaró el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI), lo cual abarca las responsabilidades del Gobierno nacional, Entidades Territoriales y la Fiscalía General de la Nación. De tal manera que el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, enfatizó la urgencia de incorporar en las negociaciones de paz la problemática de estos crímenes.
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