Uno de los programas sociales más controversiales del Gobierno de Gustavo Petro es Jóvenes en Paz, una de las propuestas por las cuales la oposición le ha dado sopa y seco al presidente.
“¿Qué les hace pensar que regalar plata “por no matar” como dijo Gustavo saldrá bien? Cuando Petro fue alcalde de Bogotá lanzaron “Jóvenes en Paz”; $105 mil millones gastados en aproximadamente 10 mil jóvenes, solo 800 se graduaron como bachilleres o técnicos y el 40% permaneció en el programa”, escribió la senadora María Fernanda Cabal, una de las acérrimas opositoras del Gustavo Petro.
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Tanto el presidente como la vicepresidenta, Francia Márquez, han defendido la propuesta que hoy es una realidad. Durante el lanzamiento del programa, Márquez aseguró que no se le puede “dar la espalda a la realidad” y lo que busca el gobierno es salvar a los “jóvenes de la criminalidad”:
“No le podemos dar la espalda a esa realidad, tenemos que atenderla, así nos digan que estamos es pagando la criminares. Queremos generar una articulación interinstitucional, por eso aquí está el DPS y varios ministerios (...) El propósito fundamental es evitar que, por falta de oportunidades reales de educación de calidad y empleo digno, la juventud caiga en las redes de actores armados ilegales y termine cometiendo o participando en delitos como el homicidio, el secuestro, el tráfico de drogas o armas, o que termine en redes de tráfico de personas. Lo que buscamos es salvarlos de la criminalidad”
Para dar más detalles del polémico programa, Gareth Sella, viceministro de las juventudes, reveló a La W cómo funcionará Jóvenes en Paz:
“Estamos hablando de una transferencia monetaria condicionada; está condicionada a dos componentes: a educación y corresponsabilidad. Educación es que sabemos que muchos jóvenes están desescolarizados. No van al colegio, no van a la universidad, etcétera, y la gracia es que lleguen al programa, que tengan una educación alternativa, pedagogía para la paz, para la vida, educación financiera y demás, y que después de esto sea vinculado a la educación formal: básica, media, superior, complementaria y demás”
El segundo componente, según el viceministro de las Juventudes, consta de ”corresponsabilidad”, en el que el joven dedicará parte de su tiempo al trabajo comunitario: “si cumple estos dos componentes tendrá acceso a la transferencia monetaria condicionada de hasta un millón de pesos”.
Sella fue enfático en afirmar que el atractivo del programa no es la transferencia monetaria, sino el componente educativo que hay detrás, por lo que aseguró que es falso que los jóvenes se condicionen permanentemente al pago para dejar de delinquir:
“El atractivo primordial que puede tener este programa no es necesariamente la transferencia condicionada, sino los componentes (...) la posibilidad de estudiar, si el estado garantiza que este chico y esta chica pueda acceder a una educación de calidad, según como la sueñe y la piense. Nosotros como Gobierno, garantizando que pueda formarse para emprender, para trabajar, para asociarse, para que pueda vincularse laboralmente a diferentes sectores”
El funcionario explicó las sanciones y medidas de vigilancia, en aras de que se cumpla el objetivo del programa:
“Habrá unos criterios de salida. Quien no cumpla con asistir a su educación, quien no cumpla a no asistir a su corresponsabilidad, pues de alguna manera o de otra manera reiterada, no podrá pertenecer al programa. Nosotros esperamos de las juventudes beneficiadas de este programa, un compromiso grande”
Agregó que: “En el componente de educación, quien está a la cabeza de este componente es Mineducación, quien establecerá las rutas, los seguimientos, y demás correspondientes a que este muchacho, esta muchacha efectivamente esté accediendo a su oportunidad de educación, que se mantenga juiciosa, cumpliendo”.
De acuerdo con la Vicepresidencia de la República, el programa está dirigido a jóvenes de entre 14 y 28 años que residen en zonas rurales afectadas por la presencia de grupos criminales. Los interesados deben contar con documento de identidad, no tener órdenes de captura activas, ni tener otros beneficios del Gobierno.
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