Petro, por fin, se pronuncia frente al asesinato del alcalde Guachené

En una violenta víspera de Navidad, el alcalde de Guachené, Cauca, Elmer Abonía Rodríguez, fue asesinado. El crimen se llevó a cabo la noche del viernes por atacantes desconocidos en una zona rural del municipio. La Fiscalía informó sobre el suceso y anunció el envío de un equipo especializado para investigar el caso y esclarecer las responsabilidades.

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El asesinato de Abonía eleva la preocupación por la ola de violencia que azota al departamento de Cauca, caracterizado, entre otros, por vastas plantaciones de hoja de coca. Esta misma jornada de violencia dejó un saldo de otros cinco indígenas asesinados en eventos separados. Hasta el momento, el presidente Gustavo Petro, conocido por su actividad previa en las redes sociales comentando hechos de violencia, emitió un breve comentario repudiando el asesinato y asegurando que iniciaría un consejo de seguridad en Cauca, la cuestión que surge es cuántos consejos más se necesitan para que haya medidas eficientes.

Estos hechos se suman a una serie de violencias anteriores en la región, incluido el asesinato de otro alcalde perteneciente al partido Centro Democrático en Antioquia en el año 2019, hecho en donde el presidente Petro sí se pronunció, cuando aún era senador, expresando su consternación y señalando la gravedad de la violencia en esa región, mencionando a carteles mexicanos y sus presuntos “aliados políticos”. La comparación entre la respuesta pasada y la actual ha sido motivo de críticas por parte de la oposición y observadores políticos.

La crisis de seguridad en el Cauca es un reflejo de los retos que enfrenta Colombia en materia de violencia política y social, vinculada principalmente a disputas territoriales, cultivos ilícitos y la presencia de grupos armados. La comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos mantienen su atención sobre el país, con la esperanza de soluciones efectivas que aseguren la protección de los líderes locales y las comunidades indígenas.

En un violento suceso que ha conmovido a la comunidad, cinco miembros de la etnia nasa, entre ellos una adolescente de 15 años, fueron brutalmente asesinados en Santander de Quilichao, Colombia. El ataque se produjo en la residencia del profesor Jhon Freiman Ramos alrededor de las 04:00 de la mañana, cuando sujetos armados ingresaron y abrieron fuego contra su familia. Además del educador, perdieron la vida su esposa Yisel Menza y su hija Jelen Ramos, así como dos varones más en el mismo hogar.

La región donde ocurrió el ataque está marcada por extensos cultivos ilícitos y es escenario de operaciones de grupos disidentes de las Farc, que se encuentra en negociaciones con el gobierno de Gustavo Petro, tras haber rehusado el pacto de paz del 2016. Estos grupos han generado una atmósfera de violencia y temor entre las poblaciones locales, afectando principalmente a comunidades indígenas y campesinas.

El hecho ha provocado una ola de indignación entre las comunidades indígenas que claman por seguridad y justicia. Según la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, este acto es un reflejo del ambiente de inseguridad que impera en la zona, pese a los esfuerzos por establecer la paz y proteger a los residentes de la violencia generada por el narcotráfico y grupos armados.

La comunidad internacional y organizaciones defensoras de derechos humanos han sido alertadas de este suceso, esperando que el gobierno colombiano tome medidas decisivas para prevenir futuras tragedias y garantizar la protección de las poblaciones vulnerables. La violencia en áreas rurales de Colombia continúa siendo un reto significativo para el Estado, y hechos como el de Santander de Quilichao resaltan la importancia de una acción contundente contra los grupos armados y la criminalidad organizada.

El alcalde Abonía Rodríguez, del Partido Liberal, fue atacado a tiros tras finalizar un acto público en la localidad rural de Cabito. Este incidente sucede en el contexto de las estrategias del Gobierno de Petro, que busca poner fin al último conflicto armado interno del continente, mediante diálogos de paz y beneficios penales a grupos relacionados con el narcotráfico, bajo su política de “Paz Total”. A pesar de estas medidas, la espiral de violencia en el país persiste después del desarme de las Farc.

Rodríguez, quien fue electo en 2019 y cuyo mandato concluye el próximo 31 de diciembre, ha sido una voz crítica frente a la situación de violencia en su municipio. En una entrevista con RCN en septiembre, denunció una “compleja situación de orden público”. La preocupación del alcalde se intensificó tras el fallecimiento de una niña durante un enfrentamiento armado en Guachené, situaciones ante las cuales requirió “apoyo del Gobierno y la fuerza pública”, argumentando que “las capacidades del municipio son insuficientes”. Ese mismo mes, se registró el asesinato de William Fory, un concejal de la localidad en búsqueda de la reelección.

Aumentan las muertes por violencia política en Colombia a pesar del cese al fuego pactado a principios de año entre el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc y el Gobierno. Desde enero hasta la fecha, la tendencia a la baja en este tipo de muertes, que se observaba desde fines de 2020, ha sido interrumpida, conforme a información proporcionada por la organización no gubernamental Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC).

Pese a la existencia de una tregua, se han registrado varias violaciones al alto al fuego. La situación ha sido calificada como extremadamente delicada por la alcaldesa de Santander de Quilichao, Lucy Amparo Guzmán, quien refleja la preocupación por la violencia dirigida hacia líderes comunitarios indígenas, profesores y la integridad de bienes sociales en el área. Guzmán hizo un llamamiento urgente para resolver estos crímenes que amenazan la seguridad y el bienestar social de la comunidad.