A la cárcel mujer que, presuntamente, prostituía a su sobrina en Medellín

En una acción legal impulsada por la Fiscalía General de la Nación, una mujer de 49 años enfrenta medidas de aseguramiento en un centro carcelario por presunta participación en casos de constreñimiento a la prostitución y violencia intrafamiliar. Simultáneamente, el juez dictaminó medidas similares para Alexánder García, conocido como Tamayo, acusado de explotación sexual comercial con una menor de 18 años.

Los hechos, que aún permanecen bajo investigación, abarcan el periodo entre abril y junio de 2022. La implicada, aparentemente, coaccionó a su sobrina de 17 años para ejercer la prostitución, alegando la pérdida de una suma de dinero en su residencia, ubicada en el barrio Caicedo de Medellín.

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Según la investigación liderada por un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas), la adolescente se vio forzada a sostener relaciones sexuales con desconocidos en al menos diez ocasiones. El dinero obtenido debía entregarse a su tía abuela para saldar la supuesta pérdida de 67 millones de pesos.

Adicionalmente, se descubrió que, cuando la menor se negaba a prostituirse, la acusada la golpeaba, dejándola con una cicatriz permanente en el rostro como resultado de las agresiones.

Las investigaciones de la policía judicial también revelaron que alias Tamayo mantuvo relaciones sexuales con la adolescente en mayo de 2022, en un motel de la capital antioqueña, a cambio de dinero.

Ambos acusados fueron detenidos por la Policía Nacional, y durante las audiencias preliminares, no admitieron los cargos imputados, desencadenando un proceso legal que busca esclarecer estos crímenes.

En un operativo en Piedecuesta, las autoridades colombianas realizaron el desmantelamiento de una red de prostitución, rescatando a 14 mujeres, entre ellas una menor de edad, que eran objeto de explotación sexual por parte de una estructura delincuencial. El rescate fue ejecutado por la Policía Metropolitana de Bucaramanga (Mebuc) bajo la dirección del general José James Roa.

El impacto de este golpe contra el crimen organizado se siente en Colombia, donde la explotación sexual y el proxenetismo con menores están penalizados con severidad. La ley colombiana establece penas de 14 a 25 años de prisión y multas de 67 a 750 salarios mínimos legales mensuales vigentes para quienes exploten sexualmente a menores de 18 años.

En este caso, las víctimas, todas extranjeras y en situación de vulnerabilidad, reciben ahora el apoyo de las autoridades, mientras se intensifican las investigaciones para dar con todos los implicados.

El general Roa enfatizó la importante labor de la Policía Nacional y otras entidades para la prevención del delito y el apoyo a las víctimas. Resaltó además la necesidad de seguir trabajando en protección de menores, jóvenes y adolescentes, quienes son frecuentemente objetivos de estos delitos.

El compromiso de las instituciones es crucial para la seguridad de este grupo vulnerable y para combatir las estructuras criminales que afectan los derechos de la infancia.

Paralelamente, en La Guajira, se ordenó la detención preventiva de un entrenador de fútbol de 47 años, acusado de abuso sexual agravado contra seis menores desde 2019.

La captura, efectuada el pasado 15 de noviembre en Las Tinas, Nueva Granada, Magdalena, ha causado consternación en el municipio de Albania, La Guajira y sus alrededores, donde presuntamente se cometieron los hechos. Se sospecha que el entrenador amenazaba a sus alumnos para cometer los abusos.

La sociedad y las autoridades locales han mostrado un rechazo generalizado frente a estos sucesos. La tutela de los derechos de los menores y la lucha contra la explotación sexual son responsabilidades compartidas que requieren de esfuerzos coordinados, tanto de entes gubernamentales como de la comunidad en su conjunto.

El llamado a denunciar estos actos ante la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) sigue siendo urgente y necesario.