La millonaria demanda de Thomas Greg & Sons al Estado por haber declarado desierta la licitación para la elaboración de los pasaportes en Colombia, en caso de fallar en contra de la nación, tendrían que pagarla todos los colombianos, aunque lo más probable es que la terminen pagando los funcionarios que tomaron la decisión que motivó la demanda. Esto, si se aplica la acción de repetición, un mecanismo contemplado en la Constitución para proteger el patrimonio del Estado.
Declarar desierta la licitación fue una orden directa del presidente Gustavo Petro que ejecutó el canciller Álvaro Leyva, por lo que, por lo menos este último, deberá responder con su patrimonio en caso, una vez más, de que el Estado pierda la demanda que instaurará Thomas Greg & Sons. A esto hay que sumarle que el contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga, ya anunció que en un escenario adverso a la nación se embargarán cuentas y bienes de los involucrados, entre estos el canciller. Sin embargo, parece que el ministro de Relaciones Exteriores no tendría ni con qué pagar ni qué embargarle.
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De acuerdo con información Cambio, en la declaración de bienes y rentas y conflictos de interés del canciller serían pocos los bienes que le podría embargar la Contraloría, pues en los registros aparece que en sus cuentas de ahorros los saldos no superan los $5.788.730, mientras que sus bienes no superan los $27 millones, que disgregó así: una moto de $7.000.000 y $20.000.000 en cuadros e instrumentos musicales.
En El Tiempo señalan que en la declaración de renta que presentó el canciller en agosto de 2022, reportó ingresos, bienes y deudas por $273.970 millones, sin discriminarlos. Por lo que entonces queda la duda, ¿con qué pagará el canciller Leyva si el Estado pierde la demanda de Thomas Greg & Sons? A la que hay que añadirle otra, ¿quién va a pagar?, porque no le faltaba razón al ministro Leyva cuando dijo que cuando el proceso se resuelva lo más probable es que él esté muerto.
Camilo Gómez, exdirector de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, le dijo a El Tiempo, que en efecto cree que se le deberá aplicar la acción de repetición al canciller Leyva y sugirió que el presidente Petro también podría verse afectado, ya que “fue él quien dio la orden expresamente de no adjudicar como suprema autoridad administrativa y, por lo tanto, asumió una responsabilidad al respecto”.
También dijo que como la ley “determina es perseguir los bienes de la persona responsable”, lo primero que debería hacerse es vincular al canciller “desde el primer momento, para que asuma la responsabilidad desde ese primer instante” para así, de una vez, al comprometer su patrimonio, “se comprometería la masa sucesoral porque si no sería muy simple hacer fraudes y que los herederos gozaran del tema. La acción de repetición es una acción patrimonial, sobre todo”.
El problema con los Leyva, es que, como su papá, Jorge Leyva tampoco tiene bienes registrados a su nombre y solo está relacionado con la empresa Portulive, con sede en Reino Unido.
El abogado penalista y presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, Francisco Bernate, advirtió, también en El Tiempo, que la acción de repetición solo procedería contra el canciller Leyva, toda vez que era el ordenador del gasto, y que esta cobija, no solo su patrimonio en Colombia, sino en el exterior y aclaró que, en caso de que el Estado sea condenado y deba pagar las pretenciones de Thomas Greg & Sons, la sanción a Leyva podría entrar en la sucesión luego de su fallecimiento.
“Solo se procede contra el ordenador del gasto, en este caso el Canciller y todos los bienes que este tenga así sean en el exterior. Sin embargo, en el evento en que haya un tema de reparación, si está una sucesión, esa reparación forma parte de las deudas de dicha sucesión. No es que caiga contra esta como tal, porque el hecho es de él, pero si esta está activa entra como una deuda más”
Sea como sea, la pelea jurídica ya está casada entre Thomas Greg & Sons y la Nación, y así la defensa de la Cancillería diga que tienen todas las de ganar, puede que no.