El aumento de cultivos ilícitos en el país es una materia pendiente en el Gobierno de Gustavo Petro, pues según el último informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la siembra de narcóticos en el país aumentó de 204.000 a 230.000 a finales de 2022.
Por eso, la senadora opositora María Fernanda Cabal envió una carta a varios congresistas de Estados Unidos en los que compartió su preocupación por la falta de acción del Gobierno nacional frente a esta temática y del borrador de un decreto que reglamentaría la siembra de amapola, coca y cannabis en el país.
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A través de una publicación en su cuenta de X (antes Twitter) la senadora Cabal confirmó la misiva dirigida a la senadora María Elvira Salazar, al senador de la Florida Marco Rubio, al congresista electo por el estado de Texas Ted Cruz y al presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Michael McCaul.
“Envié una carta a los congresistas de EE. UU. @MaElviraSalazar, @marcorubio y @tedcruz, y al Pte. del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes @RepMcCaul, ante la idea de legalización de cultivos ilícitos en Colombia”
En la carta, la senadora Cabal comenzó por explicar el aumento de las hectáreas cultivadas y de las cifras de masacres como resultado del control de los cultivos ilícitos, que, según Indepaz y la Fundación Escuela Libertad, llegan a 126 en lo corrido del año.
También, aseguró que el Gobierno nacional espera flexibilizar la lucha contra las drogas a través de un decreto con el que se legalizaría la siembra dichas plantas en el territorio colombiano.
“En este escenario ya complejo, se suma la propuesta del presidente Petro y su Ministro de Justicia de legalizar la siembra de coca, marihuana y amapola. El borrador de decreto en discusión contempla otorgar licencias de cinco años para el cultivo de estas plantas, supuestamente con fines médicos, científicos e industriales, sin especificar un límite en la extensión de cultivo”
De acuerdo con lo que señaló la senadora Cabal en su carta, en el borrador de decreto impulsado por varios ministros, entre los que se encuentran el de Justicia, Néstor Osuna; de Agricultura, Jhénifer Mojica; el de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo y el director del Dapre, Carlos González, se contempla que luego de la extracción de los componentes con fines médicos, se procederá a su destrucción, aunque no se especifica un plan de supervisión y control efectivo.
“Esta creciente amenaza representa no solo un desafío para Colombia, sino también para nuestros aliados y socios internacionales, incluyendo su país. La expansión del narcotráfico y la violencia que conlleva no solo desestabiliza nuestra nación sino que también puede tener repercusiones transnacionales”
Por último, la congresista María Fernanda Cabal solicitó a los senadores estadounidenses un “análisis cuidadoso” de lo que plantea el Gobierno nacional y desarrollar políticas efectivas para reducir el narcotráfico y la violencia que este flagelo provoca.
¿Qué dice el borrador del proyecto?
Con el decreto, el Gobierno nacional pretende reglamentar el cultivo y uso de plantaciones de amapola, cannabis y coca para que sean usados con fines médicos, científicos de investigación e industriales.
En el documento, uno de los argumentos del Ejecutivo para reglamentar dichos cultivos es que debido a la estigmatización que han sufrido las plantas al relacionarlas con el narcotráfico, la violencia y el conflicto armado, se ha creado una barrera para su uso en campos que son permitidos, por lo que se ha desincentivado su investigación en Colombia.
“Dado que en Colombia se han cultivado y usado plantas de las cuales se obtienen sustancias psicoactivas en gran proporción para el procesamiento y tráfico ilícito de drogas, entre ellas de pasta, base y clorhidrato de cocaína, estas han sido tradicionalmente asociadas al narcotráfico, la violencia y el conflicto armado, lo cual ha contribuido a su estigmatización, ha impuesto barreras normativas a su uso en el marco de los fines permitidos, y ha limitado y desincentivando su investigación y construcción de conocimiento”
Entonces, según el decreto, el Consejo Nacional de Estupefacientes será el encargado de expedir las licencias para los cultivos de plantas de amapola, coca y cannabis con una vigencia de cinco años y podrá ser renovada de manera indefinida por el mismo periodo de tiempo.
Pero, en el documento también se establece que la disposición final de las semillas, plantas y derivados que serán destruidos cuando ya no se haga uso de ellos. Ese proceso deberá ser vigilada por el Fondo Nacional de Estupefacientes.
“La destrucción de los demás materiales deberá realizarse mediante protocolos propios que establezca la entidad pública autorizada o licenciada, quien tendrá la responsabilidad de efectuarla de manera segura y adecuada”
El decreto, que se encuentra sin firma, está apoyado por el ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Iván Osuna Patiño; la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Jhénifer Mojica Flórez; el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo y el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ramón González Merchán.
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