Qué pasará en el Congreso si se declara la “silla vacía” de Ciro Ramírez: Centro Democrático, el principal perjudicado

El senador, de 39 años, está preso por orden de la Corte Suprema de Justicia, acusado de hechos de corrupción en el redireccionamiento de contratos en Quindío, Tolima y Valle del Cauca

Ciro Ramírez, senador del Centro Democrático, relacionado con actos de corrupción - crédito Colprensa

La captura del senador del Centro Democrático Ciro Ramírez, acusado de actos de corrupción en el redireccionamiento de contratos en Quindío, Tolima y Valle del Cauca, adjudicados por el Departamento de Prosperidad Social (DPS), durante la administración del expresidente Iván Duque Márquez, estaría próximo a causar un remezón en el Congreso de la República, en el que las fuerzas políticas se reacomodarían.

Los hechos cometidos por Ramírez, señalado de pedir millonarias coimas por su gestión ante la dependencia del Gobierno nacional, en la que oficiaba como subdirector el exrepresentante a la Cámara Pierre García Jacquier, dejaría sin la posibilidad a su partido de tener un reemplazo en su curul. Por el contrario, lo más probable es que perderá este escaño en el legislativo, debido a que se aplicaría la figura de la silla vacía.

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En efecto, como la conducta punible que habría protagonizado Ramírez está relacionada con actos de corrupción, esta sanción para el partido político aplicaría, incluso, sin que haya habido condena contra el congresista de por medio. Aunque los efectos serían temporales, hasta tanto se determine la responsabilidad —sí existe— del senador, tendrá repercusiones en varios escenarios en el legislativo.

El congresista Ciro Ramírez, a la izquierda de Álvaro Uribe, afronta una investigación por presuntamente hacer parte de un caso de corrupción -crédito @CesarAndradeO/X

Centro Democrático, principal perjudicado con la declaratoria de silla vacía

Si se confirma la declaratoria de silla vacía por el caso Ramírez, el Centro Democrático perderá una curul en el Senado y pasará de tener 13 a 12 legisladores en la corporación, aunque con ello seguiría siendo la quinta fuerza política, superada por el Pacto Histórico (20), el partido Conservador (15), el partido Liberal (14) y la Alianza Verde (13). Un golpe para la colectividad que lidera el expresidente Álvaro Uribe.

Pero además, esta situación llevaría a recomponer el número de senadores requeridos para conformar el cuórum en las sesiones que se lleven a cabo. Actualmente, los integrantes de la corporación son 106, luego de la muerte de Mario Castaño y la renuncia de Rodolfo Hernández, pero pasarían a ser 105, y en ese orden de ideas el mínimo de integrantes del Senado requerido para avanzar en las plenarias, en lo que concierne a la deliberación de proyectos de ley, se reducirá de 54 a 53.

A diferencia de lo sucedido con Roy Barreras, del Pacto Histórico, cuya elección fue anulada por el Consejo de Estado el 16 de mayo, luego de alegar doble militancia, en este caso su colectividad no podrá reemplazar a Ramírez con el siguiente en la lista. En el caso del hoy embajador de Colombia en Reino Unido, su curul fue ocupada por Julio César Estrada Cordero, líder indígena que ocupaba el puesto 23.

Al respecto, el secretario del Senado, Gregorio Eljach, le envió una carta a Adriana Hernández Aguilar, secretaria de la Corte Suprema, en la que solicitó que se notificara sobre la providencia en la que quedó consignada la captura del senador, cercano al exmendatario, y considerado experto dentro de su partido en temas económicos. Esto con el fin de iniciar el trámite de silla vacía, en caso de que esté ejecutoriada.

El caso que tiene en aprietos a Ciro Ramírez

La decisión de la Corte Suprema de ordenar captura en contra del senador Ciro Ramírez está basada en las declaraciones de Pablo César Herrera Correa, exgerente de la empresa Proyecta Quindío, que tras su captura, el 29 de julio de 2022, decidió colaborar con la justicia; y entregar información relevante de los presuntos nexos del congresista con esta red de corrupción en el centro del país.

Herrera Correa confesó que direccionó dos contratos interadministrativos con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), en agosto y noviembre de 2021, y cuyos valores superan los $70.000 millones. De estos, Ramírez y los que serían sus socios habrían recibido cerca de $1.000 millones de coimas, con la ayuda de exintegrantes del grupo del fallecido exsenador liberal Mario Castaño.