El borrador de un decreto con el que se pretende legalizar el cultivo y el uso del cannabis, la amapola y la coca para fines médicos, científicos, investigativos e industriales ha generado controversia. El expresidente Iván Duque ha sido una de las voces disidentes que se pronunció, alertando consecuencias que, desde su perspectiva, podrían generarse con la expedición del decreto.
“Legalizar la producción de la marihuana y la cocaína, no solo es la manifestación expresa de convertir a Colombia en narco-Estado, sino la destrucción de la industria legal farmacéutica del cannabis medicinal”, escribió el exmandatario en X (antes Twitter).
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El documento en cuestión busca autorizar y otorgar licencias para la posesión de semillas y cultivos de dichas plantas, pero deja claro, tanto en el título como en el objeto del decreto, que la reglamentación busca enfocarse en el uso legal de las plantaciones y única y exclusivamente para fines médicos e investigativos. Además, serán las entidades públicas las que podrán solicitar este tipo de avales y, para ello, tendrán que dar a conocer las indagaciones que buscan adelantar, las cuales deben estar relacionadas con las plantaciones.
“Para el otorgamiento de las autorizaciones y licencia de que trata el presente capítulo, las investigaciones y proyectos que se presenten deberán contemplar el asocio con organizaciones campesinas y comunidades étnicas ubicados en territorios con incidencia del conflicto armado y el narcotráfico propendiendo que las comunidades participen en todo el proyecto o la cadena de valor, según aplique, además de promover la asistencia técnica requerida para ese propósito”, añade el texto.
Asimismo, indica que El Consejo Nacional de Estupefacientes se encargará de permitir la posesión de las semillas a entidades públicas por medio de autorizaciones cuya vigencia no superará los cinco años. Sin embargo, esta podrá ser renovada siempre y cuando se presente una justificación clara para continuar con las actividades investigativas. Cabe resaltar que el decreto establece que estas semillas no podrán utilizarse para las actividades de germinación, enraizamiento y cultivo, puesto que para ello se requiere otro aval diferente.
Para poder cultivar amapola o coca se necesitará también de una licencia que dura cinco años, la cual podrá ser sometida a renovación, presentando la respectiva justificación. “Esta autorización en ningún caso comprende la posibilidad de siembra de nuevas plantas, ya que para ello se requerirá solicitar la licencia de cultivo respectiva”, detalla el documento.
El decreto permite la comercialización de productos que surjan de las actividades de investigación de amapola, coca y cannabis, siempre que estos no estén categorizados como “fiscalizados”. “En todo caso, la comercialización e inversión de los réditos económicos resultantes podrán realizarse únicamente en el marco de estrategias de tránsito a economías lícitas con comunidades en territorios con presencia de cultivos de uso ilícito, previa autorización del Consejo Nacional de Estupefacientes”, precisa el texto.
El documento en cuestión es apenas un borrador para el cual se recibirán comentarios, y hace falta la firma de algunos ministros, como el de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y la de Agricultura, Jhenifer Mojica. Además, también se requiere el visto bueno del director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González. Sin embargo, ya se han sumado otras voces en contra.
Por ejemplo, el senador David Luna ve estas disposiciones con preocupación y dedicó un espacio de crítica hacia la iniciativa en sus redes sociales. Argumentó que es “inconstitucional” y “arbitraria” y que resulta tan inconveniente que terminaría “legalizando” a las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico en el país.
“Este es un mensaje de alerta que lanzo a la comunidad nacional e internacional, para que entre todos luchemos contra esta ilegalidad que causaría fatales consecuencias”, concluyó el congresista.