La Corte Constitucional está revisando una acción de tutela que solicita el cierre de las cuentas en redes sociales de Luis Villa, conocido como Westcol, tras acusaciones de emitir comentarios homofóbicos y transfóbicos. El influencer y streamer, con 1.4 millones de seguidores en Twitch y presencia en otras plataformas, como Kick, YouTube e Instagram, enfrenta críticas por declaraciones hechas en una de sus transmisiones en vivo, las cuales podrían incurrir en incitación al odio y violar los derechos de la comunidad Lgtbiq+ en Colombia.
El accionante, el abogado y activista Lgtbiq+ José Montufar Rodríguez, denunció que Villa realizó afirmaciones que incitan a la violencia y discriminación.
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Según se reporta, Villa durante una transmisión expresó su desprecio ante la posibilidad de que un hombre gay y su pareja lo visitaran, con comentarios que evocan agresiones físicas graves. A pesar de que Villa se disculpó públicamente, alegando que se trataba de un “chiste” y reconociendo el daño potencial de sus palabras, Montufar cuestiona la sinceridad de sus disculpas y busca una sanción efectiva que prevenga la normalización de actitudes discriminatorias contra la comunidad Lgtbiq+.
La justicia colombiana ya había desestimado el caso en primera y segunda instancia, basándose en aspectos procesales. Sin embargo, el paso del asunto a la Corte Constitucional sugiere un interés en abordar la problemática desde un plano constitucional y fundamental, lo que podría establecer un precedente importante en el equilibrio entre la libertad de expresión y el respeto a los derechos fundamentales. Villa, de su lado, se enfrenta a repercusiones no solo legales sino económicas, tras la decisión de empresas, como Doritos, de cortar lazos con él por su contenido considerado ofensivo.
El abogado Montufar, con experiencia personal en enfrentar la discriminación por su orientación sexual, se manifiesta no solo en contra de las declaraciones de Westcol sino también de todo contenido en redes sociales que atente contra la dignidad de individuos o colectivos. Su lucha legal busca proteger el derecho a vivir libre de prejuicios y agresiones, un llamado que se hace eco de la legislación colombiana, la cual prohíbe la discriminación por orientación sexual o identidad de género.
Este caso no es aislado en su trayectoria; previamente, planteó una tutela contra la influencer Kika Nieto por comentarios antihomosexuales. Desde Ibagué, Montufar aguarda una respuesta de la Corte Constitucional que favorezca la protección contra la discriminación y clarifique los límites de la libertad de expresión en el entorno digital.
La Corte Constitucional de Colombia se encuentra ante dos posibles caminos para resolver un caso que podría definir el futuro de la libertad de expresión y los contenidos en redes sociales.
El primer escenario podría resultar en la negativa de pronunciamiento ante la falta de un requisito previo en la acción de tutela interpuesta, mientras que el segundo posibilitaría un enfoque más flexible, incluso creativo, y la posibilidad de sentar precedentes importantes acerca de la materia en cuestión.
El abogado Emmanuel Vargas Penagos, codirector de El Veinte, recuerda que el requisito en disputa, establecido en 2019 por la misma Corte Constitucional, busca limitar el exceso de tutelas al exigir inicialmente el reclamo ante las plataformas digitales.
Sin embargo, esta medida ha enfrentado críticas por depositar primero la protección de los derechos humanos en manos de las plataformas, cuyos procedimientos internos a menudo carecen de transparencia.
El caso actual podría incitar a revisar esta obligación y, de hacerse eco de la argumentación del accionante Montufar, quien afirma haber cumplido tal requisito, la Corte podría abordar cuestiones sustanciales como la discriminación y el posible discurso de odio en las declaraciones del influencer Villa.
Esta discusión llega en un contexto crítico dado que Colombia es uno de los países con alta incidencia de violencia contra la comunidad Lgtbiq+, con 145 homicidios registrados el año pasado, lo que supone una muerte cada dos días y medio.
El análisis de la Corte también podría considerar el peso social de las afirmaciones de Villa, quien con millones de seguidores en sus redes sociales, en su mayoría jóvenes, puede influir significativamente en el tratamiento de estos temas. Por otro lado, la abogada Luisa Fernanda Isaza Ibarra, asesora de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), destaca las disculpas emitidas por Villa, considerándolas sinceras y relevantes para el caso en curso.
Con estos antecedentes, las próximas semanas serán críticas para determinar el enfoque de la Corte Constitucional. Esta decisión no solo afectará al individuo involucrado sino que también podría establecer límites a las expresiones problemáticas en plataformas digitales y redes sociales, y motivar a estas últimas a tomar mayores responsabilidades frente a discursos potencialmente dañinos.
El veredicto será de especial interés para el mundo jurídico y de los creadores de contenido online, ya que aclara componentes clave relacionados con el alcance de la libertad de expresión en el ámbito digital.
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