La Cancillería tendría lista la resolución que fijaría los nuevos precios para la expedición de pasaportes en Colombia en 2024.
Con la entrada en vigor de la resolución, la expedición del pasaporte ordinario se fijaría en 136.000 pesos más el impuesto de timbre que, en Bogotá, quedó fijado en 70.597 pesos, sumando así 206.597 pesos; mientras que en el resto del país dependerá de los impuestos fijados por cada región.
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En cuanto al trámite del pasaporte ejecutivo, este quedaría para 2024 en 314.597 pesos y el pasaporte de emergencia pasó de 170.000 pesos a 190.000 pesos.
La expedición del documento fuera del país se fijaría en 67 euros y 94 dólares, dependiendo el país dónde se realice el trámite.
“Ajustar las tarifas de las tasas que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 1212 de 2008, deben pagar los usuarios por la prestación de los servicios del Ministerio de Relaciones Exteriores con destino a su Fondo Rotatorio”, se lee en el borrador de la resolución.
Cabe recordar que, actualmente, la expedición de este documento en Bogotá está en 121.000 pesos, incluido el impuesto de timbre, y fuera de la ciudad en 185.000 pesos, incluido el impuesto de timbre. Mientras que el pasaporte ejecutivo ronda los 216.000 pesos en Bogotá y en otras ciudades en 280.500 pesos.
Durante las elecciones regionales llevadas a cabo el domingo 29 de octubre, los votantes que conservan su certificado de votación aún pueden redimir el 10% de descuento que se otorga a las personas que ejercen su derecho al voto. Este único beneficio tendrá validez por los próximos cuatro años.
Los incrementos se dan, en medio de la tormenta que ha generado la licitación que dejó, en un principio, como proveedor al único oferente que producía desde hace más de 20 años los pasaportes en Colombia, la compañía colombiana Thomas Greg & Sons.
Sin embargo, con la llegada del nuevo Gobierno, la última licitación se declaró desierta por ser Thomas Greg los únicos oferentes, por lo que, por poco, dicha decisión provoca una crisis en la expedición de dicho documento. Ahora, el alegato pasó a instancias jurídicas, donde Thomas Greg & Sons, anunció una demanda contra el Estado por valores cercanos a los 117 millones de pesos.
El anuncio oficial se dio en la tarde del martes 19 de diciembre, luego de llevarse a cabo el último intento por lograr una conciliación entre la Cancillería y Thomas Greg, que finalmente dejó como resultado: no conciliar.
“La Unión Temporal procedió a formular la demanda para que sean los jueces de la República los que en derecho diriman la controversia (...) La Unión Temporal ha mantenido y mantendrá el ánimo conciliatorio durante el curso de la disputa y reitera su confianza en las instituciones”, reveló la compañía colombiana a través de un comunicado.
En el comunicado oficial, se destaca que el 18 de diciembre, la procuradora encargada del proceso informó a las partes involucradas sobre la respuesta del Comité, en la que “ratifica la decisión de conciliar, pero manifiesta no tener competencia para decidir sobre la revocatoria, adjudicación y aceptación de los servicios adicionales; objeto esencial y único de la conciliación”.
“Las declaraciones del Ministro y la negativa del Comité (de ajustar la certificación a lo que, según el abogado, se había aprobado), evidencian la ausencia total de ánimo conciliatorio”, agregó el comunicado.
Por último, recalcaron en que, durante la audiencia conciliatoria del 19 de diciembre, el Ministerio afirmó no tener conocimiento de la propuesta de solución y reafirmó que el Comité no tenía intenciones de cambiar los términos de la certificación emitida, con lo que, por ahora, “se corroboró esa ausencia de ánimo y se frustró cualquier posibilidad de acuerdo”.
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