Corridas de toros retornarían en la plaza La Santamaría de Bogotá

Un fallo de del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que se conoció el martes 19 de diciembre, abrió las puertas para que la temporada taurina se vuelva a realizar en la plaza de la Santamaría, luego de que derogara los apartes de la normativa que que la restringía y que expidió el Concejo de la ciudad hace tres años.

“Declarar la nulidad de los artículos 2,3 y 6 del acuerdo 767. Negar la nulidad de los artículos relacionados con la cultura ciudadana, de los eventos taurinos y costos de operación”, citaron de la decisión en el informativo de la televisión bogotana Citynoticias.

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Entre tanto en Noticias Caracol consultaron con Carlos Mario Isaza, la persona que interpuso la demanda en contra del acuerdo con el acuerdo del cabildo distrital, quien la celebró.

“(Es) positiva en un aspecto: en la medida en que destraba el espectáculo taurino en cuanto a la clase de espectáculos que se pueden llevar a cabo en Bogotá, en cuanto a la utilización de instrumentos que son propios del espectáculo taurino y en cuanto a la temporada, que la había reducido considerablemente a tres domingos”, citaron de sus declaraciones.

Recordaron en ese noticiero que en 2020, desde el Concejo impusieron varias prohibiciones que desde entonces ha sido debatida con más acciones judiciales.

Sin embargo, la concejal María Fernanda Rojas anunció que contra ese fallo se procederá con el recurso correspondiente para que se defina en segunda instancia.

“¿Qué queda ahora? El recurso en el Tribunal Administrativo, pero también la discusión de un proyecto de ley en la Cámara de Representantes para prohibir las corridas de toros”, anunció.

En el mismo sentido opinó en Citynoticias el concejal Celio Nieves del Poli Democrático: “Quien debe legislar sobre esta materia es el Congreso de la República, desde donde desafortunadamente no se le ha puesto el suficiente cuidado”.

Sobre este punto, a través de su cuenta oficial en la red social X, la Plataforma Alto, contra el maltrato animal, recordó que la ‘fiesta brava’ seguía prohibida en Bogotá, mientras surte el recurso contra la decisión que la favorecía.

“El Acuerdo 767/20 sigue vigente, a espera de decisión en segunda instancia. El riesgo existe, por eso es clave que la Comisión Sexta de la Cámara haga caso omiso a las jugaditas fraudulentas de los taurinos y vote sí al proyecto de ley para PROHIBIR LAS CORRIDAS DE TOROS en toda Colombia (sic)”, reiteraron.

La Corte Constitucional de Colombia delegó al Congreso de la República la decisión sobre el futuro de las corridas de toros, tras pronunciarse sobre una demanda que cuestionaba la declaración de la Feria Taurina de Manizales como patrimonio cultural. La decisión de la Corte fue de inhibirse.

El magistrado Alejandro Linares presentó la ponencia en la cual se confirmó la falta de claridad en los argumentos de los demandantes para demostrar la inconstitucionalidad de la Ley 1025 de 2006, que protege dicha feria. Por otro lado, la magistrada Diana Fajardo votó en contra de la mayoría, argumentando que la ley debería ser estudiada a fondo ya que, a su juicio, no respeta el mandato de protección a los animales.

A pesar de su posición divergente, la mayoría de la Corte sentenció que correspondería al Congreso abordar cualquier cambio en la legislación relacionada con la tauromaquia. La senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, manifestó que la decisión de la Corte era meramente formal y no se adentraba en el fondo del asunto, instando al Legislativo a que prosiguiera el trámite de una iniciativa para prohibir las corridas de toros, la cual estaba pendiente de debate.

Por otro lado, la comunidad taurina de Manizales vio en esta decisión un respaldo a la tradición de la tauromaquia en la ciudad. Juan Carlos Gómez Muñoz, gerente de Cormanizales, sostuvo que la tauromaquia es parte integral de la cultura manizaleña, siendo parte de su historia desde la fundación de la ciudad.

Entretanto, la magistrada Fajardo hizo referencia a la sentencia C-666 de 2010, que contemplaba la tolerancia de las corridas en poblaciones con una arraigada tradición cultural, pero instaba al Congreso a trabajar en favor de su eliminación progresiva en el país. Esta posición y el impulso del proyecto de ley por la senadora Hernández sugerían un futuro incierto para las corridas de toros en Colombia, sujeto a la evolución de las deliberaciones legislativas y el sentir social sobre la protección animal.