Tres días de arresto y una multa de dos salarios mínimos mensuales legales vigentes deberá pagar Ludwing Joel Valero, director de la Unidad de Servicios Penitenciarios, Uspec, por orden del Tribunal Superior de Bogotá.
El motivo fue su reiterado incumpliendo en un fallo de tutela promovido por un grupo de reclusos que meses atrás viene denunciando la precariedad del servicio de alimentación en la cárcel La Picota, según lo pudo conocer la revista Semana.
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“En el presente asunto esta Sala tiene los informes rendidos por diferentes autoridades y entidades públicas… que dan cuenta del reiterado incumplimiento de la Ut Alimentar Sueños Uspec 2023 en el abastecimiento de la prestación del Servicio de alimentación mediante el suministro de alimentos a través del sistema de ración para la Población privada de la libertad recluida en el COBOG – La Picota”, se lee en el fallo, al que tuvo acceso el medio mencionado.
Los privados de la libertad lograron demostrar que el contratista no cumplía con sus obligaciones respecto al suministro de alimentación en la cárcel La Picota, mientras que la Uspec y la Unión Temporal solo presentaron informes sin soportes.
“En síntesis, como se expuso en precedencia, con los memoriales remitidos no se acreditó el cumplimiento de la decisión proferida por el Tribunal. Igualmente, tampoco, se probó que esta labor hubiese sido delegada a una persona jurídica distinta, por lo que no existe duda sobre la responsabilidad subjetiva en la omisión descrita”, agrega el Tribunal Superior de Bogotá en el fallo.
Ni la orden de arresto, ni la multa tienen forma de ser recusadas o reversadas, advierte el Tribunal. “De igual modo, la orden en el fallo se dirigió al Director General (e) Unidad De Servicios Penitenciarios Y Carcelarios – Uspec y el Representante Legal de la Unión Temporal UT Alimentar Sueños Uspec 2023 y se les convocó para que expusieran las pruebas que pretendieran hacer valer en el incidente de desacato, empero sin obtener de aquellos explicación o justificación alguna”, añade la decisión.
La Uspec viene recibiendo advertencias y llamados de atención por presuntas irregularidades en los millonarios contratos para la adjudicación del servicio de alimentación en las cárceles del país. De hecho, hace tan solo una semana, el teniente coronel Daniel Gutiérrez, director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario ―Inpec― hizo un llamado a la Uspec para que se atendiera la crisis alimentaria en la cárcel de Cómbita, en Boyacá.
Allí, varios reclusos denunciaron que los alimentos se demoraban mucho en llegarles y que cuando finalmente los recibían, estaban en estado de descomposición o crudos.
Por eso, el coronel Gutiérrez alertó desde Cartagena el pasado 12 de diciembre que más de 4.000 privados de la libertad en ese centro penitenciario llevaban para esa fecha ocho días aguantando hambre. “Estuvimos en Cómbita hablando con los operadores, con el consorcio, pero hoy en día no están cumpliendo ni con el gramaje, ni con los horarios”.
Y agregó que “tenemos problemas muy grandes, no es huelga de hambre porque finalmente no tienen nada que comer, pero se quieren fugar, llevan más de 8 días sin comer, pero la Uspec no nos ha dado una respuesta contundente de eso”.
Ante la crisis en Cómbita, la Uspec detalló que la Unión Temporal Andino Colombiano inició labores el 6 de diciembre para el suministro de alimentación, pero al día siguiente reportó fallas en las calderas que abastecen las ollas donde se prepara la comida, lo que produjo atrasos en la entrega de la alimentación durante los días 7 y 8 de diciembre.
A partir del 10 se empezó a normalizar la situación, sin que en “ningún día se ha dejado de entregar alimentación a los privados de la libertad que pagan sus penas en este establecimiento”, dijo la Uspec en un comunicado.
De todas formas, el área logística de la entidad le solicitó al consorcio dar garantías del cumplimiento de sus obligaciones contractuales, que incluyen prestar el servicio de alimentación de forma óptima. Por ello, se organizó una mesa de trabajo para atender cualquier novedad en el centro penitenciario.