Ernesto Matallana es el nuevo abogado que llevará el lío judicial de la Cancillería en el caso de la licitación de pasaportes con Thomas Greg & Sons, luego de que quien llevaba el caso, Germán Calderón España, presentara su carta de renuncia y esta fuera aceptada el lunes 18 de diciembre.
Matallana es abogado y docente de la Universidad Externado de Colombia, con una especialización en Derecho Público y doctorado en Derecho. Además, es autor de La licitación pública, La urgencia manifiesta y el Manual de contratación de la administración pública, entre otros.
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En una de sus primeras declaraciones como apoderado del Ministerio de Relaciones Exteriores, Matallana aseguró que defenderá ante un juez de la jurisdicción del contencioso administrativo el acto por el cual la Cancillería declaró desierta la licitación de pasaportes, que tenía como único oferente a la compañía colombiana Thomas Greg & Sons.
“Toca defender al Estado y toca defender la decisión. Jurídicamente, hay un acto administrativo que es la declaratoria desierta, en derecho administrativo eso tiene lo que se llama el principio de legalidad y ese principio de legalidad hay que sustentarlo y hay que decir si ese acto es motivado, ahí hay unas motivaciones en la declaratoria desierta o decir, no, eso no fue un acto que fue arbitrario, antes de tomar la decisión de declarar desierta la licitación hay unas pautas y unos lineamientos, o sea, no es un acto inmotivado, ni es un acto discrecional, arbitrario”, puntualizó Matallana ante medios de comunicación.
El jurista agregó que no hubo conciliación a raíz de que no existían las condiciones para revocar el acto administrativo:
“Digamos que ahí puede haber esa tensión, que en algún momento lo toma el comité y dice, yo puedo hasta aceptar la pretensión de la conciliación, pero no puedo llegar hasta el punto de revocar un acto que es de competencia exclusiva y discrecional del ordenador de gasto”, agregó Matallana.
Tanto la Cancillería como Thomas Greg & Sons se encontraban en un proceso de conciliación para evitar que esta última demandara al Estado por no acatar la licitación que le confería a la compañía como proveedor en la producción de pasaportes, tras llevar 20 años con el millonario contrato.
Así las cosas, luego de tres intentos infructuosos por llegar a un acuerdo, el Estado podría enfrentarse a una demanda de más de 117 millones de pesos.
El último encuentro se llevó a cabo en la mañana del martes 19 de diciembre en la Procuraduría General de la Nación. En esta ocasión, los representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores debían decidir si se le adjudicaba finalmente el contrato a Thomas Greg & Sons o habría una nueva licitación, enfrentándose finalmente a la multimillonaria demanda de la compañía.
“Se expide la certificación, no solamente es el acta de conciliación, sino también la certificación correspondiente, certificación que va con destino al apoderado, a la parte convocante de Thomas Greg, a través de esa certificación él tomará la decisión de acudir o no a la jurisdicción cuando se usa administrativa para iniciar el medio de control que considere que debe proceder (sic)”, indicó Fernanda García, procuradora judicial, en declaraciones citadas por Semana.
A propósito, en declaraciones conocidas el 16 de diciembre, el canciller Álvaro Leyva aseveró que desde el Ministerio tenían los argumentos suficientes para no conciliar, y que para ello se va a abrir una investigación, ordenada por el presidente Petro, para conocer el proceso de licitación que involucra a Thomas Greg & Sons:
“Naturalmente, no voy a conciliar, esa es la decisión y asumo la responsabilidad. Reitero: ellos pasan unas consideraciones y recomiendan, pero esas recomendaciones no son vinculantes. Yo soy la persona que decide. Se va a abrir una investigación y es la que ha pedido el presidente para averiguar cómo fue todo el proceso”
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