El ministro del Relaciones Exteriores y Canciller de Colombia, Álvaro Leyva, desató una gran polémica luego de que en septiembre declarara desierta la licitación para la adjudicación de la prestación del servicio de la elaboración de pasaportes.
La decisión tomada por Leyva se basó en que la empresa oferente Thomas Greg & Sons era la única oferentes que cumplían con las condiciones para aspirar a la licitación, además de señalar presuntos intereses personales a favor de la empresa que ha estado a cargo de la expedición e impresión de pasaportes desde 2006.
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Incluso, el mismo Leyva confirmó en una reciente entrevista realizada por el medio Semana que no va a conciliar con la empresa pese a que esto podría implicar un litigio de 117.000 millones de pesos. A pesar de la seguridad del ministro de Relaciones Exteriores y el apoyo del presidente Petro, exintegrantes de la Cancillería han señalado la grave afectación económica que esta decisión podría implicar.
De acuerdo con Germán Calderón España, que se desempeñaba como representante del Fondo Rotatorio del Ministerio hasta hace una par de días, advirtió el serio detrimento patrimonial al que se vería expuesto el Estado colombiano si continúa con la idea del Canciller Leyva de no conciliar con Thomas Greg & Sons.
Según Calderón España “esto le podría costar al Estado Colombiano unos 250 mil millones de pesos”, de acuerdo a lo indicado en RCN Radio, pero su recorrido por las emisoras también visitó el exabogado de la Cancillería los micrófonos de Blu donde señaló que “lo que está solicitado son 107.000 millones de pesos por daño emergente y lucro cesante y 10.000 millones de pesos por cuenta de indemnización”.
Vale resaltar que desde la misma Cancillería se confirmó el 18 de diciembre la renuncia del jurista Calderón España, quien se desempeñaba como apoderado del ministerio para representar a la entidad en la solicitud de conciliación con la empresa Thomas Greg & Sons. Calderón presentó su renuncia el pasado 13 de diciembre, entre una disputa por la licitación de pasaportes que el canciller Álvaro Leyva declaró desierta.
La respuesta de Thomas Greg & Sons
Aunque el ministro Leyva con el apoyo de Gustavo Petro ha recalcado que el proceso de licitación se tiene que enmarcar desde una competitividad de oferentes. Una muestra de ello fue su polémica entrevista en Semana donde afirmó que en los casi 20 años de contrato la empresa ha logrado tener cerca de 500 contratos con un centenar de entidades públicas:
“Hemos llegado a la conclusión con el presidente Petro de que eso no puede ser así. No sé si saben: el dinero que está de por medio es de tal naturaleza que uno lo ve y se sonroja. Desde 2005, Thomas Greg & Sons tuvo 473 contratos con más de 100 entidades del orden nacional y regional, al menos más de 386.000 millones de pesos. Estas son cifras del portal Cuestión Pública”.
Por su parte el desde Thomas Greg & Sons el abogado, Juan Pablo Estrada, ha rechazado los señalamientos que han realizada de presuntos intereses por parte de funcionarios para que continúen con la licitación, así mismo acertó a decir que la oferta para la adjudicación del contrato de pasaportes la cumplieron con todas las exigencias del pliego de condiciones elaborado por el Ministerio.
Resaltando que su propuesta fue evaluada positivamente con una calificación perfecta de mil puntos sobre un total de mil posibles, por lo cual surgió el descontento al considerar arbitraria la vinculación de un caso anterior no relacionado para justificar decisiones en el proceso actual de licitación, poniendo en duda la objetividad y transparencia del procedimiento.
“Las informaciones relacionadas con la precipitada y arbitraria declaratoria de desierta de la licitación de los pasaportes, firmada en solitario por el canciller Álvaro Leyva, son de público conocimiento, porque se han difundido en todos los medios de comunicación. Entre otras cosas, porque desde el mismo Gobierno respaldaron tal decisión con la peregrina tesis de que son ilegales las adjudicaciones donde solamente haya un único proponente. No solo la ley sino la jurisprudencia y la doctrina coinciden en reconocer que las licitaciones de proponente único son legales y permitidas en Colombia”, señaló el abogado Estrada en El Tiempo.