Daniel Rojas Medellín, presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), se pronunció el domingo 17 de diciembre de 2023 tras conocerse un informe periodístico en el que denunciaron el cobro de coimas en su nombre y del hermano del presidente de la República, Juan Fernando Petro, para la entrega de bienes incautados a poderosos narcotraficantes que están en poder del Estado.
A través de su perfil de X (antes Twitter), Rojas Medellín le salió al paso al artículo publicado por la revista Cambio, en el que se mencionó a Carmen Yaneth Bran Jaramillo, excandidata al concejo de Medellín en las elecciones de 2019, como la persona que estaría pidiendo pagos ilícitos en nombre de ambos personajes, tras la adjudicación de propiedades a cargo de la SAE a la Inmobiliaria Consultores Santo Domingo.
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“Como presidente de SAE he tenido que soportar la amenaza y las consecuencias de enfrentar al poder mafioso en procura de hacer un cambio profundo en la entidad. Ha sido esta administración la que ha denunciado hechos de presunta corrupción, incluso fui destituido por ello”, recordó el funcionario, en relación con el artículo en mención.
Según el presidente de la SAE, tanto él como su familia han sufrido de hostigamientos por su labor al frente de la entidad, e incluso se han registrado amenazas de muerte en su contra. “Hay quienes de diversas orillas quisieran favorecer a ese propósito, no importa, es parte de lo que debemos soportar y no vamos a amilanarnos”, añadió Rojas Medellín en un extenso mensaje en la red social.
Y reiteró que si alguien ha solicitado coimas a su nombre debe ser judicializado por lo que sería su actuar criminal. “Las autoridades cuentan con toda nuestra disposición para adelantar las investigaciones. Sirvo con profundo amor a mi país, no somos perfectos, pero jamás corruptos, funcionario corrupto en la entidad se va y se acusa a la fiscalía. Cero tolerancia con la corrupción”, indicó.
Con ello, enfatizó que, si han usado su nombre para actos indebidos, tiene el derecho de constituirse como víctima en esos procesos, que será de la forma en la que procederá. “Ningún inescrupuloso va a venir a dañar mi honra, ¡no nos dejamos someter ni del crimen, ni de la calumnia, ni más faltaba!”, puntualizó.
¿Cuál es la denuncia que salpica al presidente de la SAE?
De acuerdo con el reporte de Cambio, Bran Jaramillo —que se presenta como integrante de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, la misma de la que hace parte Juan Fernando Petro y pese a ser expulsada en septiembre de 2021— tendría un modus operandi en el que adelantaba negocios con bienes de la SAE, a cambio de jugosas comisiones, con la ayuda de una mujer identificada como Karen.
Esta dama, presuntamente, es empleada de la inmobiliaria Consultores Santo Domingo, que según la investigación es la mayor depositaria de la SAE, con 638 bienes a su cargo. Ambas visitan a posibles clientes a los que les ofrecen dichas propiedades, a cambio del pago de coimas que supuestamente tendrían destino a las arcas de Rojas y Petro, y con la promesa de venderles con la figura de enajenación temprana.
¿En qué consiste? Según la definición que se lee en la página web de la misma SAE, es un mecanismo de administración que faculta a la entidad para vender, chatarrizar, demoler y destruir los bienes antes que la autoridad judicial resuelva su situación jurídica, previa autorización del comité. En otras palabras, una vía exprés para disponer de las propiedades antes de ir a juicio para definir su dominio.
Una denuncia señala que, en noviembre de 2022, una persona entregó a Bran Jaramillo una suma de 150.000 dólares con la promesa de recibir a cambio un apartamento en El Poblado, zona exclusiva de Medellín. El inmueble formaba parte del patrimonio de Francisco Iván Cifuentes Villa, conocido como Pacho Cifuentes, quien fuera piloto de Pablo Escobar y figura reconocida del crimen organizado.
Otro de los señalamientos pone de manifiesto la venta de un edificio de cinco pisos en el barrio Laureles, en Medellín, la cual ha generado suspicacias. El inmueble, traspasado por un valor de $1.700 millones, ha sido anteriormente propiedad de Nicolás de Jesús del Río Jiménez, que ha sido investigado por lavado de activos. Además, este edificio estuvo bajo la gestión de la inmobiliaria Santo Domingo.