En La Buitrera, reconocido sector de Cali, se ha generado toda una controversia jurídica tras la decisión de la corregidora Martha Lucía Zorrilla y el secretario de Seguridad y Justicia, Jimmy Dranguet, de avalar una servidumbre sobre un terreno cuya propiedad es disputada en los estrados judiciales. Un asunto que podría traer serios inconvenientes al funcionario, escudero del alcalde Jorge Iván Ospina.
Según reveló el domingo 17 de diciembre de 2023 el diario El País, documentos de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios datados del 5 de julio de 2023, señalan que el predio en cuestión sería parte del patrimonio inmobiliario público del municipio; determinación que iría en contravía de la medida tomada por los funcionarios el pasado 11 de diciembre que beneficiaba a terceros.
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La decisión acerca de esta servidumbre —que en derecho es un gravamen sobre un inmueble en beneficio de otro, perteneciente a distinto dueño— por parte de Zorrilla, y posteriormente por Dranguet, ha generado una ola de críticas por la comunidad, pues es considerada un acto sin fundamentos.
Además, un funcionario de la Subsecretaría de Mejoramiento Integral y Legalización firmó un documento que confirmó que el bien inmueble es administrado por la administración distrital, y no por privados, basándose en legislaciones que datan de las décadas de 1940 y 1960. Este hallazgo pone en duda la legitimidad de las decisiones de la corregidora y el secretario en mención.
“Una vez realizada la consulta cartográfica y teniendo en cuenta la información de la base de datos de los predios ejidales, fiscales y bienes inmuebles baldíos que fueron adjudicados mediante Ley 54 de 1941 y Ley 1875 de 1948, y reglamentado mediante Resolución 806 del 3 de septiembre de 1960, se evidenció que el predio en mención hace parte del patrimonio inmobiliario administrado por este organismo de la Administración Distrital”, se leyó en el documento, compartido por el medio que hizo la denuncia.
La beneficiaria, según el reporte, es una funcionaria de la Secretaría de Seguridad, que hace parte de esta dependencia desde 2021, y que desde entonces ha recibido siete contratos y cuya vinculación culmina el sábado 30 de diciembre.
Ante la polémica, Dranguet prometió revisar el caso
Según el artículo periodístico, una funcionaria de la misma Secretaría de Seguridad y Justicia figura entre los beneficiarios de las decisiones tomadas por Zorrilla y Dranguet, lo cual dio pie para una fuerte controversia en este caso. La empleada ha mantenido contratos con dicha entidad desde el 2021 y cuenta con contratos vigentes hasta diciembre de 2023.
Ante este embrollo, que salpica a uno de los miembros del gabinete de la saliente administración, el secretario Dranguet prometió revisar el caso a partir del lunes 18 de diciembre, tras las críticas públicas de las que ha sido objeto a través de las redes sociales y los documentos en los que se evidenciaría un conflicto de intereses. No obstante, indicó a El País que su despacho no tenía potestad para ciertas decisiones.
“La Secretaría de Seguridad y Justicia o los inspectores de Policía no otorgan servidumbres. La servidumbre es un derecho real que solo puede ser otorgado por los propietarios del inmueble o a través de un proceso judicial, lo que hacen los inspectores es proteger el derecho de servidumbre que fue otorgado en otra medida, expresó.
Frente a este suceso, un residente del sector no dudó en expresar su desconcierto, pues individuos estarían ocupando un terreno público mediante un proceso de servidumbre incoherente, lo cual resalta la necesidad de aclarar la situación de propiedad y las responsabilidades de los funcionarios involucrados.
A su vez, la Corporación Regional Autónoma (CVC) reiteró la importancia de una adecuada gestión de los residuos en el área, debido al crecimiento poblacional y el flujo de turistas, que podría generar un impacto ambiental en esta zona. Sobre el particular, se espera un pronunciamiento por parte de la Secretaría de Seguridad y Justicia, que dé luces sobre lo que sucedería en este caso.
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