Caso Ciro Ramírez: estas son las pruebas que tiene la corte de la supuesta corrupción del senador del Centro Democrático

Visitas, contratos y testimonios llevaron al senador Ciro Ramírez a la cárcel por presuntamente haber conformado una red de corrupción que tenía el objetivo de embolsillarse dineros públicos, a través de contratos amañados e, incluso, de aumentar su capital electoral en diferentes regiones del país.

El congresista del Centro Democrático se encuentra investigado por el contrato 670 de 2021, que firmó el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) con la empresa Proyecta Quindío. Ese convenio se firmó entre el 8 y el 12 de noviembre por un valor de 48.660 millones de pesos.

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Ese contrato habría sido inspirado en otro, según la Corte, bajo el número 501, con el que se había hecho un direccionamiento de otros contratos. La idea, al parecer, era replicar esa artimaña para constituir una gerencia que beneficiara a Ramírez en las regiones donde tenía capital electoral.

Alejandro Noreña, que según la Fiscalía era reclutador de la red de Mario Castaño, presentó a Ramírez con Pablo César Herrera, gerente de Proyecta. El congresista, a su vez, presentó a Pierre Eugenio García Jacquier, exsubdirector del DPS.

Juntos sostuvieron una reunión, que según contó Herrera en testimonios a la Corte, se realizó en la oficina de García en el sexto piso del DPS. Allí no se permitía el ingreso de dispositivos electrónicos y las conversaciones se daban a través de papeles escritos a mano y luego desechados o en notas en una tableta posteriormente borradas.

De acuerdo con el auto de la Corte en el que se ordenó la captura de Ramírez, compuesto por 208 páginas, Pierre y el senador hablaron en esa reunión sobre la creación de una gerencia integral que comprendiera las zonas de influencia del congresista que eran Boyacá, Cundinamarca, Quindío, Tolima, Valle del Cauca, Caldas y Risaralda.

En la reunión se discutió que la bolsa tuviera un presupuesto de alrededor de $116.000.000.000 para proyectos de vivienda, vías, construcción de plazas de mercado. Pierre García y Carlos Javier Méndez, según la Corte, eran quienes decidían los municipios en los que se adelantarían los proyectos. Sin embargo, el valor inicial fue cambiado para que fuera aceptado por el DPS y de acuerdo a la capacidad de Proyecta.

El alto tribunal señala que el objetivo era “crecer el caudal político de Ciro y ayudar a candidatos de ciertas colectividades cercanas a Pierre”. Incluso, se investiga la publicación de vallas a favor de la campaña del senador para el 2022, que habrían sido financiadas por Noreña.

Entre el 3 de diciembre de 2020 al 20 de enero, la Corte tiene registro de 16 visitas de Ramírez al DPS a los pisos 6 y 7. Además, su asesora Katherinne Rivera Bohórquez estuvo doce veces en los mismos despachos en ese tiempo, según reveló Caracol Radio. La integrante de la UTL del senador registra 23 visitas entre el 13 de octubre de 2021 y el 1 de noviembre de 2022.

Aunque la defensa del senador del Centro Democrático asegura que el único testigo en su contra es Herrera, exgerente de Proyecta, la Sala de Instrucción avaló otras declaraciones, según El Tiempo, entre las que se encuentran trabajadores de la empresa que aseguran haber visto a Ramírez en sus instalaciones, en reuniones con Noreña y el gerente, así como de invitaciones a apoyar su campaña.

Para la Corte existió un entramado sistemático para direccionar contratos, entre los que resultaron también presuntamente involucrados Raúl Alfonso Cardozo Ordoñez, exalcalde de Piedecuesta, Santander, y su hijo Raúl Cardozo Nuncira, que habrían recibido contratos de interventoría en Saldaña y Quindío. Así mismo, aparece el contratista Anderson González González como otro de los aparentes beneficiados con proyectos en Tolima.

La Sala de Instrucción también señala que Ramírez tuvo un crecimiento electoral poco común para el 2022 en Piedecuesta y Floridablanca, con hasta el 2.000%, así como en Armenia y Manizales de hasta 1.000%, por lo que la estructura habría cumplido con su objetivo.