Robaban grandes sumas de dinero en residencias simulando ser miembros de la Policía Nacional

A lo largo de doce meses de indagaciones, la Policía Nacional, en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, logró desmantelar la organización delictiva denominada los ‘Guaqueros’, especializada en el robo a residencias.

Esta red utilizaba indumentaria de uso exclusivo de la Policía Nacional y del CTI para acceder a los inmuebles y una vez dentro, maniataban a los habitantes utilizando armas de fuego para posteriormente robar dinero y objetos preciados. La actividad delictiva de este grupo llegó a generar ingresos ilícitos por un total de 373 millones de pesos.

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La información recopilada a tiempo por los investigadores permitió descubrir que la metodología delictiva de este grupo consistía en hacerse pasar por funcionarios públicos inexistentes, como policías y agentes del CTI, logrando así la confianza de las víctimas. Mostraban órdenes judiciales falsas para poder entrar a las viviendas y, una vez al interior, desenfundaban armas de fuego con el propósito de intimidar a los ocupantes y robar sus bienes.

Se determinó que este grupo delictivo está implicado en, al menos, seis incidentes criminales. Uno de estos sucesos tuvo lugar el pasado 6 de junio de este año en una vivienda del barrio La Florida, en la localidad de Engativá, hecho que quedó registrado por cámaras de vídeo:

El área de influencia de la organización delictiva se extendería por las localidades de Usme, Tunjuelito, Engativá y Santa Fe en Bogotá. Asimismo, incluye los municipios de Cajicá y Chía, en Cundinamarca, y se tiene registro de actividades delictivas en Rionegro, departamento de Antioquia.

Dentro de este grupo de criminales se identifica a una mujer apodada ‘La Fiscal’, la cual mantiene una relación sentimental con otro miembro de la banda. Ambos se encargaban de asignar las funciones específicas a cada integrante durante la ejecución de los actos delictivos.

Se llevaron a cabo cuatro operativos de registro y allanamiento, resultando en la materialización de cinco órdenes de captura.

Durante los operativos, se incautaron dos armas de fogueo, 41 cartuchos para fusil de 5.56 milímetros, 31 cartuchos de fogueo de 9 milímetros, 44 cartuchos para arma traumática, una chaqueta de la policía con su número de identificación, un documento de identificación del poder judicial, 124 joyas que podrían pertenecer a las víctimas, cinco teléfonos móviles que contienen posible información relacionada con delitos y 300 gramos de sustancias ilícitas.

En el proceso de recolección de datos de los detenidos, se pudo comprobar que todos los miembros de la banda tienen antecedentes por delitos como hurto calificado, concierto para delinquir, secuestro simple, extorsión e inasistencia alimentaria.

Finalmente, estos cinco delincuentes fueron puestos a disposición ante la autoridad correspondiente, acusados de los delitos de hurto calificado y agravado de forma homogénea y sucesiva. A cuatro de ellos se les impuso medida de aseguramiento en establecimiento penitenciario.

La Procuraduría General de la Nación, en primera instancia, sancionó al intendente Nelson Enrique Robles Munévar, perteneciente a la compañía antinarcóticos del Control Aeroportuario de Bogotá de la Policía Nacional, con la destitución y la prohibición de ejercer funciones públicas por 18 años, después de declararlo culpable de participar en actividades de narcotráfico.

El órgano de control disciplinario determinó que el servidor público facilitó un uniforme y utensilios de uso reservado de la Policía a una persona civil, quien se hizo pasar por agente en servicio activo e ingresó al hangar de Central Charter de Colombia S.A.S en el Aeropuerto El Dorado. El objetivo fue simular la revisión de 15 maletas que albergaban 500 kilos de clorhidrato de cocaína, las cuales fueron cargadas en un jet privado con destino a Farnborough, en el Reino Unido.

Así pues, el Ministerio Público determinó que el integrante de la entidad policial participó en acciones de tráfico y traslado de sustancias prohibidas, desempeñándose en el puesto de jefe de Control de Equipajes y Aviones.

En consecuencia, la entidad comprobó que el comportamiento de Robles Munévar violó los principios de moralidad y legalidad que son fundamentales al desempeño administrativo.

También se estableció que las conductas del funcionario representan una falta muy grave cometida a título de dolo. La resolución es susceptible de ser apelada ante la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento.