Formulan pliego de cargos directivos de la Red de Educación Superior, Edured, por irregularidades en millonario contrato

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al director de la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior, Edured, Moisés Hernández Sánchez, y a Claudia Patricia Peñaranda, directora de proyectos de la entidad, por presuntos manejos irregulares en la ejecución de un proyecto financiado con más de $33.000 millones del Sistema General de Regalías.

Aquel proyecto tenía como fin la implementación de tecnologías digitales en escuelas de Puerto Asís y Puerto Caicedo, en el departamento de Putumayo.

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En su investigación, el Ministerio Público determinó que el consorcio seleccionado por Edured para llevar a cabo el contrato habría incluido en su propuesta de licitación experiencias previas que no guardan relación con el alcance y los objetivos del proyecto a ejecutar.

“No existía similitud entre las actividades de los contratos aportados como experiencia específica, con las actividades y subactividades del contrato materia del proceso contractual adelantado por Edured, pues aquellos no referían la implementación de tecnologías digitales”, se puede leer en el auto de cargos emitido por el ente de control.

La Procuraduría indicó que en el proceso de evaluación técnica se permitió la participación de un único oferente que no reunía los requisitos de experiencia específica necesarios; sin embargo, se procedió con su selección, adjudicación y firma del contrato para entregarle los millonarios recursos.

Los cargos imputados a los funcionarios se asocian con haber autorizado la participación del proponente, firmado el contrato y aceptado la experiencia alegada por el consorcio seleccionado, sin realizar previamente la verificación necesaria de su veracidad y pertinencia. Dichas faltas se han tipificado provisionalmente como muy graves a título de dolo.

La Procuraduría también informó que impuso una sanción de destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por un periodo de 10 años al exgobernador de Putumayo Jimmy Harold Díaz Burbano y al exsecretario de Planeación de dicho departamento Ronald Latorre Otaya, debido a irregularidades detectadas en la construcción del parque principal del municipio.

En el fallo de primera instancia, el Ministerio Público demostró que los sancionados firmaron, respaldaron y certificaron el acuerdo bilateral sin tener los estudios completos que exige la ley y que son esenciales para la realización de las obras correspondientes, además de no poseer las licencias de construcción necesarias para su ejecución en el plazo de 10 meses.

La entidad también corroboró que, a pesar de la ausencia de los permisos requeridos por parte de las autoridades locales para iniciar la construcción en la ciudad, se efectuaron anticipos y pagos al contratista, utilizando un presupuesto cercano a los $7.838 millones de pesos, y se desarrollaron las demás acciones relacionadas con el contrato establecido.

Adicionalmente, se evidenció que los servidores públicos infringieron los principios de planeación, economía y responsabilidad que rigen la función administrativa.

La Procuradora Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2 clasificó la conducta de los funcionarios como falta gravísima a título de culpa gravísima. Dicha decisión es susceptible de recurso de apelación ante la sala disciplinaria para funcionarios públicos de elección popular.

Por otro lado, la Procuraduría General de la Nación inició una indagación preliminar contra funcionarios aún no identificados de la Gobernación del Cauca por supuestos actos de corrupción orientados al beneficio económico personal.

Los posibles hechos irregulares involucran a la secretaria de la mujer, Rosalbina Valdés, recientemente reconocida por su labor en defensa de los derechos de las mujeres del Cauca, quien según reportes de un medio digital “habría recibido coimas por un valor de 20 millones de pesos de parte de uno de los empresarios” en un proceso contractual “quedando registrada esta transacción ilícita en audios y videos (…)”.

El órgano de control está investigando, según la información obtenida por la entidad, si las presuntas irregularidades ocurrieron durante la celebración de un contrato bilateral destinado a la adquisición de insumos de bioseguridad para las instituciones educativas del departamento en el contexto de la pandemia.

Para confirmar los hechos reportados, determinar si constituyen una falta disciplinaria, e identificar a los funcionarios públicos posiblemente involucrados con el objetivo de establecer si existe algún motivo que excluya su responsabilidad, la Procuraduría Regional de Instrucción de Cauca ha ordenado realizar la recolección de pruebas pertinentes.