En una acción conjunta entre el CTI de la Fiscalía, la Brigada XI del Ejército y la Armada fue intervenida una finca en la subregión del Urabá antioqueño que le pertenecía al excabecilla paramilitar José Antonio Ocampo Obando, alias Pelusa, y que había sido heredada por el clan del Golfo.
El terreno tenía casi mil hectáreas y estaba avaluado en más casi 1.000 millones de pesos que hacían parte del extenso patrimonio del frente Elmer Cárdenas de las AUC, comandado por Pelusa, y que administraba el Clan.
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“Un predio denominado La Hacienda La Virgen del Cobre con una extensión de 981 hectáreas y avaluado en $99.500 millones de pesos se logra esta extensión de dominio, al parecer pertenecerían a la estructura Elmer Cárdenas, de las extintas autodefensas”, declaró el coronel Héctor Juzga, Comandante Décima Séptima Brigada del Ejército.
La hacienda estaba dentro de los bienes que nombró el exparamilitar en el tribunal de Justicia y Paz, y era el de mayor valor entre el patrimonio de los paramilitares desmovilizados, por lo que su ocupación representa un importante aporte al fondo de reparación de víctimas.
“Las propiedades, cuyo valor asciende en 120.000 millones de pesos, estarían relacionadas con el Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y su excomandante Freddy Rendón Herrera”, le dijo en su momento a El Tiempo Salomón Strusberg, jefe de la Dirección de Justicia Transicional.
El predio se volvió un centro de operaciones de las AUC en Necoclí, desde donde coordinaban la financiación de campañas políticas en Antioquia al inicio de la década de los 2000.
“El encuentro, que tomó lugar en 2000, fue presidido por Fredy Rendón y en él se presentó el proyecto político Urabá Grande, Unida y en Paz y se invitó a las distintas fuerzas políticas a concretar su participación en el Senado, la Cámara y la Asamblea Departamental”, explica el Centro Nacional de Memoria Histórica en uno de los informes sobre el paramilitarismo y su papel en la política antioqueña.
El texto indica además que el Bloque Elmer Cárdenas gestionó varias reuniones en esa hacienda y adoctrinó a los líderes políticos regionales para que recibieran los avales de sus partidos con el objetivo de controlar todo el departamento.
“Los candidatos partidarios debían acudir a su partido político y solicitar el aval, para luego organizar una asamblea regional donde se escogería la lista a la Cámara de Representantes y a la Asamblea por el proyecto político regional”, concluyó el Centro de Memoria.
No son los primeros bienes ocupados
En un segundo operativo contra las finanzas del clan del Golfo fueron intervenidas otras seis propiedades y cuatro establecimientos comerciales avaluados en más de $5.000 millones.
“Predios que estarían avaluados en un valor aproximado de 5.185 millones de pesos que pertenecerían a la estructura central Urabá del grupo armado organizado clan del Golfo”, declaró el coronel Juzga.
Los excomandantes paramilitares consiguieron un extenso patrimonio económico producto de sus acciones ilegales dentro del grupo armado; sin embargo, su imperio económico se ha caído de a pocos por el efectivo accionar de las autoridades que han rastreado a sus testaferros y han aplicado extensión de dominio sobre los bienes.
En julio de este año las autoridades ocuparon cuatro predios de casi hectáreas de tierra entre las veredas Trementino y El Pozo, zona rural de San Petro de Urabá (Antioquia) que le pertenecía a Jesús Ignacio Roldán.
“En la región del Urabá antioqueño fueron afectadas con fines de extinción de dominio 288 hectáreas con fin de extinción de dominio que pertenecerían a Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche. Tropas de la Brigada XVII y personal de la Fiscalía implementaron medidas cautelares sobre cuatro predios rurales avaluados en más de 3.000 millones de pesos”, declaró en su momento el coronel Héctor Alexander Juzga León Comandante Décima Séptima Brigada.