El canciller Álvaro Leyva protagonizó una nueva controversia, esta vez con el abogado Germán Calderón España, que hasta el miércoles 13 de diciembre fungió como el apoderado del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Fondo Rotatorio en el proceso jurídico, en el caso de licitación de pasaportes y del alegato con la compañía colombiana Thomas Greg & Sons.
En sus declaraciones a la revista Semana, Leyva sostuvo en que no habrá conciliación con la compañía, además anunció que se iniciará una investigación, ordenada por el presidente Gustavo Petro, para conocer el proceso que tiene a la Cancillería a un paso de recibir una millonaria demanda:
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“Naturalmente, no voy a conciliar. Estoy en Haití, allá me está representando el vicecanciller Francisco Coy Granados. Naturalmente, no voy a conciliar, esa es la decisión y asumo la responsabilidad. Reitero: ellos pasan unas consideraciones y recomiendan, pero esas recomendaciones no son vinculantes. Yo soy la persona que decide. Se va a abrir una investigación y es la que ha pedido el presidente para averiguar cómo fue todo el proceso”
Leyva agregó que, pese a que la oficina Jurídica de la Cancillería hizo la recomendación de llegar a un acuerdo con Thomas Greg, él no la aceptó, pues tendría sus “elementos de juicio y jurídicos” para no hacerlo:
“Yo también soy jurídico. Ella recomienda y no le acepto porque soy la persona que hizo las cuatro resoluciones. Yo no concilio. Tengo elementos de juicio y jurídicos para no conciliar. Que ellos no coincidan conmigo es otra cosa. No concilio. Es mi posición absolutamente irrenunciable”
Adicionalmente, Leyva se refirió a su relación con el abogado Germán Calderón España, que presentó su renuncia el miércoles 13 de diciembre, asegurando que nunca estuvo entre las opciones del jurista conciliar.
“Él no fue amigo de conciliar. Nunca me lo manifestó. Dejó de ser súbitamente mi abogado. Cambió de parecer”, agregó en la entrevista al medio citado.
El canciller agregó que dejó de tener contacto con el abogado: “No he vuelto a saber de él, simplemente que se presentó y se contradijo en todo lo que antes había manifestado. ¿Por qué conocía el pensamiento de él? Porque era mi apoderado”.
A propósito de las declaraciones de Leyva, el abogado Calderón España publicó un comunicado en el que desmiente al canciller. Además, presentó una serie de conversaciones, llamadas y certificados que constatarían que le insistió en conciliar y la forma y modo en que presentó su renuncia:
“En la sesión del Comité de Conciliación del 24 de noviembre de 2023, después de que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado sostuviera que existía, de conformidad con sus estudios y análisis, un alto riesgo de pérdida patrimonial para el Estado. No hay que olvidar que, desde ese Comité, todos los miembros del mismo, incluyendo al delegado del Canciller y mi persona, como apoderado, manifestamos la necesidad de, textualmente, “buscar posibles fórmulas de conciliación”.
El abogado aclaró que su renuncia no fue “súbita” y que, una vez la presentó, por orden de la oficina jurídica tuvo que asistir al comité de conciliación:
“El día 14 de noviembre de 2023, siendo las 9:51 a.m., recibí una llamada telefónica a mi celular de la Dra. Francy Paola Ramírez Pabón, jefe Oficina Asesora Jurídica Interna, en la que me dijo que como no se me había aceptado la renuncia y de conformidad con el Código General del Proceso se extendían los efectos del poder por 5 días hábiles más, debía asistir al Comité de Conciliación, que iba a empezar, por lo cual me enviarían inmediatamente el enlace de dicha reunión. Yo le contesté diciéndole cuál era mi posición y ella me respondió, “pues dígaselo al Comité (sic)”.
“No tengo registro de correo electrónico, ni WhatsApp, ni correspondencia en mi apartamento, ni una llamada telefónica del señor Canciller ni de ningún otro funcionario de la Cancillería que me notifique la aceptación de la renuncia al poder, motivo por el cual, debo decir que No es cierto que me presenté al Comité de Conciliación del 14 de diciembre de 2023 renunciado (sic)”, dijo Calderón España.
Por último, el abogado enfatizó en que su criterio, posiciones y consideraciones se “ajustan al ordenamiento jurídico colombiano e internacional”.
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