El escándalo de la licitación para contratar a la empresa que expida los pasaportes tiene un nuevo capítulo y se extenderá, por lo menos, hasta el martes 19 de diciembre tras una decisión de la Procuraduría.
Para darle solución al problema, el jueves 14 de diciembre hubo una reunión del comité de conciliación de la Cancillería en la que se determinó revocar la resolución que declaraba desierta la licitación, con el objetivo de llegar a un acuerdo con la firma Thomas Greg y así evitarle una millonaria pérdida al Estado por cuenta de una demanda interpuesta por la empresa.
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Tras eso, en la mañana del viernes 15 de diciembre la Procuraduría citó a una reunión de conciliación entre los dos actores implicados y luego de analizar la situación durante más de dos horas, el Ministerio Público decidió aplazar el encuentro entre la Cancillería y la firma con el objetivo de darle plazo a la cartera de Estado para que envíe el acta de reunión del día anterior y aclare los términos de acuerdo que propone.
Según se dio a conocer en el Reporte Coronell de W Radio, la decisión de conciliación del ministerio de Relaciones Exteriores se dio incluso en contra de la postura del canciller Álvaro Leyva, que sigue plantado en declarar desierta la licitación.
El comité contó con seis asistentes, de los cuales tres no votaron o se declararon impedidos, mientras que el restante decidió contradecir al canciller Leyva y aprobar un acuerdo con Thomas Greg.
Según el medio citado, los integrantes del comité que no votaron o se abstuvieron fueron: José Antonio Salazar Ramírez, Laura Alejandra Samacá y Germán Calderón España; y los que votaron por reconciliar con la firma fueron: la directora jurídica de la Cancillería, Francy Paola Ramírez, la directora de talento humano de la Cancillería, Silvia Margarita Carrizosa y el director administrativo y financiero de la Cancillería, Eduardo Franco Solarte.
Por otra parte, Blu Radio tuvo acceso al documento del comité de conciliación de la Cancillería y en la constancia se estableció: “Las pretensiones subsidiarias de indemnización económicas por presuntas utilidades dejadas de percibir y presunto daño reputacional no resultan procedentes a la luz de lo contemplado en el artículo 107 de la Ley 2220 de 2022”.
¿De dónde surgió el escándalo?
Cuando el presidente Gustavo Petro llegó al poder ordenó renovar los productores de los pasaportes, por lo que la Cancillería abrió una licitación en la que la empresa Unión Temporal, integrada por Thomas Greg and Sons, obtuvo 1.000 puntos de 1.000 posibles y ganó el concurso.
Sin embargo el canciller Álvaro Leyva, siguiendo el rechazo del presidente Petro hacia Thomas Greg por supuestas irregularidades en otros servicios prestados al Estado, se opuso rotundamente a la selección de Unión Temporal como productora de los pasaportes y emitió una resolución en la que declaraba desierta la licitación.
Por lo anterior la firma de Thomas Greg demandó al Estado por los daños causados a su reputación y por no acatar la debida asignación del contrato por cuatro años que había ganado por concurso. La empresa pedía una compensación económica de por $117.000 millones.
Para evitar la millonaria pérdida de dinero para el Gobierno nacional la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, liderada en ese momento por Martha Zamora, consideró que se debía llegar a una conciliación con Thomas Greg, lo que causó disgusto al canciller Álvaro Leyva que confrontó a Zamora, la gritó delante de todos los funcionarios y posteriormente gestionó su salida de la entidad.
Aunque Leyva sacó del camino a una de sus opositoras, el comité de conciliación del ministerio de Relaciones Exteriores terminó dándole la razón a Zamora y pidió revocar la resolución que declaró desierta la licitación.