Cuál es el problema con el tesoro del galeón San José: empresa estadounidense pide una indemnización de 40 billones de pesos

La Corte Permanente de Arbitraje inició el 14 de diciembre el proceso para decidir sobre el futuro del galeón San José, tras la demanda interpuesta por Sea Search Armada.

La compañía estadounidense asegura haber descubierto los restos del naufragio en 1982, cerca de Cartagena, y reclama hasta cuarenta billones de pesos colombianos como compensación por lo que consideran una expropiación del Estado colombiano.

Según Sea Search Armada, en el pasado se firmó un acuerdo con Colombia para la búsqueda y rescate del galeón, que data de la era colonial española.

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El conflicto se centra en torno a los reclamos de Sea Search Armada, que argumenta ser el propietario legítimo de la mitad del tesoro encontrado en el naufragio del galeón San José.

No obstante, el Gobierno Nacional de Colombia anunció en 2015 la localización de un hallazgo distinto, que estaría protegido por legislación que declara dichos tesoros como patrimonio cultural sumergido, impidiendo que estos sean comercializados o propiedad de individuos.

La resolución de este litigio compete ahora a la Corte Permanente de Arbitraje, que ha aceptado examinar la demanda y tiene el precedente de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Colombia de 2007, que reconoció a Sea Search Armada derechos sobre el 50% de los tesoros del galeón.

El proceso arbitral actual podría marcar un precedente significativo en materia de patrimonio sumergido y la explotación de recursos hundidos. La legislación internacional y los tratados son cruciales en estos casos, y la decisión final tendrá un peso considerable en cómo se abordan en el futuro situaciones similares.

La empresa Sea Search Armada se aferra al veredicto de la Corte Suprema que le otorgó derechos sobre una porción del tesoro; sin embargo, la postura del Estado colombiano es que los bienes pertenecen a la nación y no pueden ser objeto de comercialización.

El galeón San José, embarcación de la corona española construida en 1698, se hundió tras un combate con barcos ingleses el 7 de junio de 1708 después de zarpar de Portobelo. El enfrentamiento, dirigido por el comodoro inglés Charles Wagner, duró aproximadamente una hora y media y concluyó con la perdida del San José y su invaluable carga, que tenía como destino la corona en Europa.

El galeón San José enfrentó a cuatro navíos enemigos y sucumbió justo al atardecer, en un episodio que evidencia la urgencia de la corona por enviar riquezas a Europa antes del inicio de la temporada de huracanes. A raíz de este suceso, Wagner fue juzgado por sus superiores, no por la derrota infligida al enemigo, sino porque “no lo tenía que hundir al San José, lo tenía que capturar”, como describen los abogados de Gibson Dunn, quienes representan a Sea Search Armada.

Los abogados narraron la curiosa historia como preámbulo a sus argumentaciones legales. El San José, una de las más reconocidas naves de su época, forma parte de los episodios más emblemáticos de la era de la navegación y representa un capítulo de suma importancia en la historia marítima. Además, la revelación indica que España, advertida acerca de su vulnerabilidad a través de una red de espionaje, de la cual incluso estaba informado el gobierno de Cartagena, optó por adelantar el envío de su valioso cargamento a pesar de los riesgos inminentes.

Martha Lucía Zamora, que lideraba hasta hace unas semanas la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, ha comparecido en su último caso representando al Estado colombiano antes de presentar su dimisión al presidente Gustavo Petro la semana pasada.

En este caso, la defensa de Colombia está comandada por Zamora, que asistió a lo que fue su último litigio como defensora del Estado, luego de presentarle la renuncia la semana pasada al presidente Gustavo Petro, luego de denunciar públicamente al canciller Álvaro Leyva de gritarla.

Todo ello en medio de la conciliación planteada por la Agencia a la firma Thomas Greg, la cual estaba a punto de ejecutar la nueva licitación para los pasaportes colombianos, cuyo proceso se frenó por orden presidencial y que terminó en una millonaria demanda contra la Nación.

Sea Search Armada solicita a Colombia una compensación de 10 mil millones de dólares (unos 40 billones de pesos colombianos), una cifra que se podría destinar a la construcción de dos líneas del futuro metro de Bogotá. Esta demanda se sitúa en un contexto donde el valor reclamado supera considerablemente tanto los recursos proyectados por la reforma tributaria del presidente Gustavo Petro, estimados en aproximadamente 1,8 veces menos, como el déficit reportado por el alcalde de Cali, Alejandro Eder, el cual es 35 veces inferior.

La suma exigida por Sea Search Armada representa una cantidad notable cuando se compara con importantes proyectos e iniciativas fiscales en Colombia. Por ejemplo, el presupuesto necesario para duplicar la infraestructura de la primera línea del metro de Bogotá es aproximadamente la mitad de la cifra en cuestión.

Además, esta demanda eclipsa el objetivo de recaudación del gobierno con su pasada reforma tributaria, y se distancia enormemente de la deuda que enfrenta actualmente la administración municipal de Cali.

A nivel económico y social, esta demanda implica un reto para las finanzas públicas colombianas. La comparación con proyectos de infraestructura y medidas fiscales pone en perspectiva la magnitud del monto solicitado por Sea Search Armada. Se entiende que el impacto sería extenso, ya que la cantidad planteada tiene la capacidad de transformar significativamente la inversión en infraestructura o en políticas públicas dentro del país.

Aunque Sea Search Armada no ha formulado declaraciones públicas específicas con respecto a esta solicitud, el contexto financiero en el que Colombia se ve inmersa es de interés público. Las cifras mencionadas son cruciales para entender no solo la situación actual ante la petición de Sea Search Armada sino también para evaluar las implicaciones a largo plazo para la economía y el bienestar del país. Siendo una información de orden público, las reacciones y las decisiones que se tomen al respecto tendrán un seguimiento continuo y detallado.

Gibson Dunn, destacada la firma de abogados con raíces en Los Ángeles, Estados Unidos, sobresale por su participación en casos de alto perfil representando a reconocidos clientes internacionales. Con más de 1.800 abogados distribuidos en 21 países, ha llevado casos de gran envergadura como la defensa de CNN frente al expresidente Donald Trump y la representación de Chevron en conflictos legales medioambientales contra Ecuador.

En su trayectoria, Gibson Dunn ha intervenido en disputas legales de relevancia, como la confrontación entre CNN y Trump por la limitación de acceso al periodista Jim Acosta y el litigio medioambiental de Chevron. Además, la firma ha defendido a Apple en su pugna por patentes con Samsung y al expresidente George Bush en el proceso de certificación de votos contra Al Gore. Estos casos reflejan la amplitud de su práctica legal y su influencia en litigios de alta trascendencia.

Gibson Dunn continua desempeñando un papel crítico en el ámbito legal internacional, ofreciendo servicios jurídicos especializados y afrontando controversias de envergadura que han modelado tanto el panorama legal como el empresarial global. Su equipo de abogados, altamente cualificados, marca la diferencia en el sector legal a través de la gestión de situaciones legales complejas que involucran a actores y organizaciones de alto perfil.

El 24 de noviembre, con las coordenadas con las que cuenta el Gobierno, el presidente Gustavo Petro anunció la convocatoria para crear una asociación público-privada para rescatar al galeón San José y sus tesoros. El Ministerio de Cultura aseguró ante The New York Times que el proceso licitatorio iniciará a principios de 2024 y se esperan tener los primeros resultados antes de 2026.