Grupos armados están en el 82 % de los barrios de Buenaventura, denunciaron en la Defensoría del Pueblo

En una reciente alerta, la Defensoría del Pueblo de Colombia advirtió sobre la presencia de grupos armados ilegales o delincuenciales en 112 de los 136 barrios de Buenaventura, la principal ciudad portuaria del Pacífico colombiano. La situación, que afecta al 82% del territorio bonaverense, lo que ha tenido como consecuencia una grave afectación a los derechos humanos de la población, denunció el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

En la ciudad portuaria, con una población de más de 432.000 habitantes, las disidencias de la extinta guerrilla de las Farc, el ELN, el Clan del Golfo —también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)—, y diversas bandas delincuenciales como ‘Los Espartanos’, ‘Shottas’ y ‘La Empresa’ delinquen, junto con estructuras criminales que han surgido recientemente como ‘Los Chiquillos’ y ‘Jalisco Nueva Generación’. La comuna 12, con zona rural y urbana, se destaca como la más afectada, al albergar prácticamente a todos estos grupos criminales.

La complejidad de ese territorio se atribuye a su condición de corredor estratégico, propicio para el auge de rentas ilícitas debido a su ubicación y características.

“Hacen alianzas entre ellos o se enfrentan para tener el control territorial y social, con el propósito de asegurar sus economías ilegales”, advirtió.

La violencia en se manifiesta también a través de extorsiones que afectan principalmente a comerciantes y personas vinculadas al movimiento productivo del puerto. Aunque se estima que estas extorsiones generan mensualmente unos 2,300 millones de pesos (alrededor de 580,000 dólares), las denuncias apenas representan el 3% de los casos, ya que las intimidaciones obligan a las víctimas a retirar las denuncias.

“Hay afectaciones al derecho a la movilidad de la población, pues en el territorio hay fronteras invisibles; además, hay homicidios selectivos, desapariciones forzadas, reclutamiento de niñas, niños y adolescentes”, aseguró Camargo.

En las zonas rurales la violencia está presente con los enfrentamientos entre el ELN, la Segunda Marquetalia, las AGC y el EMC que son los que provocan desplazamientos, confinamientos y la siembra de minas antipersonales, poniendo en riesgo la vida e integridad de los pobladores.

Desde 2022 hasta la fecha, se han registrado alrededor de 45,000 desplazamientos forzados, 54 homicidios y 25 desapariciones debido a la violencia en la ciudad.

Frente a este escenario de “riesgo extremo”, la Defensoría del Pueblo ha presentado 57 recomendaciones a la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat) del Ministerio del Interior.

El objetivo es garantizar los derechos humanos y cumplir con el derecho internacional humanitario. Carlos Camargo subraya la necesidad de proteger a la población de Buenaventura del accionar criminal, y enfatizó en la responsabilidad de las entidades del Gobierno nacional y local en este aspecto.

Precisamente, en la oleada de inseguridad que padece la ciudad portuaria, la Armada Nacional de Colombia logró con éxito el rescate de 35 personas que fueron secuestradas en altamar, incluyendo menores de edad, y recobró la embarcación en la que se movilizaban por el Pacífico colombiano. El operativo se llevó a cabo en el sector de La Bocana, tras un despliegue coordinado por tierra, aire y mar.

El comandante de Guardacostas del Pacífico, capitán de Navío Wilmer Roa, detalló el proceso de rescate inició en la noche del 12 de diciembre y culminó en la mañana del 13 de diciembre.

Inicialmente se localizó a dos secuestrados que brindaron información clave para dar con el paradero del resto de los cautivos. Luego, seis víctimas más fueron abandonadas en La Bocana y llegaron al muelle turístico de Buenaventura, donde las unidades de guardacostas ubicaron a otros dos hombres, 17 mujeres y ocho menores.

La embarcación “Sebastián M” fue hallada abandonada en las bocas del río San Juan, en el departamento de Chocó, a través de un operativo aéreo ejecutado por un helicóptero del Grupo Aeronaval del Pacífico.