Un escándalo que implica a la Fiscalía General de la Nación se reveló en las últimas horas, luego de que la delegada de la ONU Antonia Urrejola asegurara que hubo persecución contra tres exfuncionarios de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y que el proceso del extinto guerrillero Jesús Santrich, sufrió prorrogas que afectaron el normal desarrollo de la investigación.
Según la delegada de la ONU hubo información sobre la investigación a Santrich que habría sido ocultada por funcionarios de la Fiscalía durante la administración de Néstor Humberto Martínez, tal como lo demandó la JEP hace un tiempo.
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Urrejola fue enfática en explicar que no se trata en este caso de denotar responsabilidades jurídicas o penales, tras la denuncia de la JEP, pero sí es importante exponer las demoras que hubo en el proceso de Santrich, en donde los documentos de la investigación iban y venían entre la Fiscalía y la jurisdicción de paz.
“Esto fue en abril de 2018 y se resolvió un año después con Jesús Santrich privado de la libertad durante todo ese tiempo”, señaló.
“Hubo un uso abusivo de la persecución judicial”: mencionó Urrejola
En reiteradas ocasiones, la JEP le solicitó varios documentos a la Fiscalía y el ente acusador no respondió o se limitaba a exponer que no los tenía, según expuso la delegada de la ONU; este tipo de situaciones dejaron pendiendo de un hilo los procesos de confianza entre exmilitantes de la guerrilla que estaban en medio del proceso de paz.
“Los hechos denunciados por la JEP en marzo de este año, relativo al asunto de Jesús Santrich, se enmarcan en un contexto que generó, no solo a través del legítimo debate político, sino también por el uso abusivo de la persecución judicial, el debilitamiento de la confianza ciudadana en el acuerdo de paz y en el sistema de justicia transicional”, explicó.
En medio de su análisis parcial, destacó que durante los siete años que han pasado tras la firma del acuerdo, se ha evidenciado el compromiso del Estado para ejecutar la aplicación del acuerdo, sin embargo, se han identificado notorias falencias en medio del proceso, pues se evidencia la necesidad de que haya un despliegue total del órgano Estatal.
“El Estado no ha podido prevenir el riesgo y se han materializado al menos 400 homicidios de personas pertenecientes a esta población desde la firma del acuerdo, además de las amenazas y estigmatizaciones de las cuales son víctimas regularmente”, resaltó Urrejola.
“Hubo descoordinación en medio del proceso”: delegada de la ONU
En su discurso, Antonia Urrejola como experta internacional también hizo referencia a la falta de articulación Estatal para facilitar el trabajo en los territorios, teniendo en cuenta que son estas zonas las que mayor atención requieren en temas de postconflicto, pues fueron espacios que estaban siendo ocupados por insurgentes y quedaron a la merced luego de la firma.
La falta de atención y la vulneración de los derechos humanos se convirtieron en una constante, que debe servir para ejecutar un cambio, según explicó Urrejola, que mencionó:
“La descoordinación y la desarticulación conducen a la duplicidad de recursos para los mismos objetivos y dificultan que las intervenciones estatales lleguen de manera efectiva a los territorios y tengan una mayor incidencia e impacto transformador. Los patrones y las violaciones de derechos humanos halladas por la Comisión deben guiar futuras soluciones al conflicto”, dijo.
“Firmantes me manifestaron que aún siguen siendo retenidos por las fuerzas de seguridad por tener vigentes órdenes judiciales que debieron ser amnistiadas. El manejo adecuado de las notificaciones para asegurar la garantía de los derechos de los firmantes debe ser una prioridad del Estado”, añadió la funcionaria.
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