En la primera semana de diciembre, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) declaró un paro armado en los municipios de Sipí y Litoral de San Juan, en Chocó, lo que generó el confinamiento y desplazamiento de miles de personas en la región.
El hecho fue criticado por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, que el 5 de diciembre cuestionó el comportamiento “contradictorio” del ELN, afirmando que no era coherente anunciar un paro armado en la previa del inicio del quinto ciclo de diálogos en México, sumado al secuestro del papá de Luis Díaz.
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“Esta es una actitud realmente incomprensible de una organización ilegal, que a la vez que habla de paz, que está, además, ahora en la iniciación del quinto ciclo de negociaciones, asume comportamientos de esta naturaleza. Eso no es compatible con los diálogos de paz, no es compatible con una buena voluntad que se espera del Ejército de Liberación Nacional y que, en todo caso, en las mesas de negociación siempre la generación de confianza es uno de los elementos indispensables y cuando se asume esta doble actitud de un lado el anuncio del paro armado y del otro en el propósito de paz, pues eso realmente genera desconfianza sobre los verdaderos propósitos, en lo que la dirección del Ejército de Liberación Nacional debe ser muy clara para saber cuál es su posición frente a la paz”
Desde el anuncio del grupo guerrillero se han registrado múltiples enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo (AGC) en esta región; mientras que en la tarde del 14 de diciembre, el Frente de Guerra Occidental Omar Gómez afirmó que la población del Chocó habría sido víctima de un ataque por parte de las AGC.
En un comunicado de dos páginas, el ELN afirmó que el 13 de diciembre el Clan del Golfo, con ayuda de la Fuerza Armada Colombiana, habrían secuestrado, torturado y asesinado a tres campesinos en el municipio de Jurado, Chocó.
Dentro de los argumentos del Frente de Guerra Occidental del ELN, se resalta que dos de las víctimas fueron obligadas a afirmar que eran integrantes de su organización, y aunque tenían ropa de civil, fueron encontrados con brazaletes e indumentaria del Ejército Nacional de Liberación.
Sumado a esto, se recalca que el 13 de diciembre se habría registrado un ataque contra una avioneta en la que viajaba un líder social de la región, asegurando que para llevar a cabo este atentado, el Clan del Golfo tendría que haber pasado por la base militar de protección del aeropuerto.
“El accionar paramilitar en el departamento de Chocó cuenta con todo el apoyo y complicidad de las fuerzas militares, mando medios y generales hacen parte del plan contrainsurgente del narcotráfico. Las víctimas como siempre humildes campesinos desarmados que engrosan las cifras de falsos positivos, incluido el actual gobierno que también esta manchando de sangre por estos crimenes de estado”, se lee en el comunicado del ELN al respecto.
Sobre esto, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el que afirmó que miles de pobladores en el Chocó permanecen confinados ante los enfrentamientos que se registran entre el Clan del Golfo y el ELN. Destacando que una comunidad de 140 personas, equivalente a 27 familias, tuvieron que dejar sus hogares en las últimas horas debido a amenazas y señalamientos de ser informantes de uno de los bandos.
Dentro de las comunidades afectadas se encuentra la Eyazaque y la Amba Patato, en donde las personas han quedado en medio del fuego cruzado, lo que ha provocado la muerte de una mujer y un adulto mayor, mientras gran parte de la comunidad sigue recibiendo amenazas en su contra.
“Nuestros funcionarios de la Regional Chocó asistieron a un consejo extraordinario de seguridad, en el que reiteraron a todas las instituciones del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas que pongan en marcha las medidas necesarias para que sea atendida la población afectada. En el consejo de seguridad, adicionalmente, solicitamos para los líderes étnicos y las personas que están amenazadas de muerte protección especial hasta que sea activada una ruta segura que permita evacuarlos. Sus derechos a la integridad y vida deben ser protegidos”, afirmó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Dentro del informe de la Defensoría del Pueblo se destaca que un joven que había sido amenazado fue interceptado por un grupo criminal y hasta el momento se desconoce su paradero.
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