Gobernador de Antioquia se felicitó por litigio con EPM y Daniel Quintero aseguró que el mandatario departamental se demandó a sí mismo y perdió

A través de un trino en X (Twitter), el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, felicitó al equipo legal que se hizo cargo del proceso por haber obtenido una resolución favorable en el proceso legal entablado por Empresas Públicas de Medellín (EPM), constructor del proyecto hidroeléctrico. El fallo arbitral determinó que no hubo falta grave ni intención de dañar en el manejo de la contingencia del proyecto y reconoció la legitimidad de las demandas presentadas por los seguros involucrados.

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Sin embargo, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero le respondió. Según Quintero la información que proporcionó Gaviria no es exacta. “Con el fin de informar de forma adecuada a la ciudadanía dejo los apartes del fallo que dicen todo lo contrario a lo dicho por el señor Gobernador. Una nota al respecto: Aníbal Gaviria se demandó a sí mismo, y ganó, o lo que en este caso es lo mismo, perdió. El fallo confirmó todo lo que dijimos: cambiaron diseños, desobedecieron a los expertos, y construyeron sin licencia, todo lo que llevó al colapso. Todo esto podría ser cómico si las perdidas las pagaran ellos, pero lo mas probable es que lo cobren a la gente. Hay que estar atentos a las facturas de servicios públicos”.

En su momento este veredicto significó un alivio enorme para el equipo legal que representaba tanto a la Gobernación como a Hidroituango, al confirmar la ausencia de negligencia significativa en el desarrollo del plantel hidroeléctrico, el cual ha sido objeto de múltiples controversias y debates en el país. La decisión del tribunal refrenda la adecuada gestión de las entidades frente a las crisis suscitadas, respaldando la gestión de los seguros correspondientes al proyecto.

La implicación directa de este resultado es que las entidades acusadas quedarán exoneradas de responsabilidad por conducta dolosa en la emergencia que afectó al proyecto, un importante desarrollo de infraestructura para la región. Esto supone un punto de inflexión en el litigio de larga data, abriendo la puerta a la prosecución del proyecto sin las sombras legales que lo habían acompañado hasta el momento.

Es importante destacar que, con este laudo favorable, se contribuye a una imagen de transparencia y gestión responsable tanto de la Gobernación de Antioquia como de Hidroituango, fortaleciendo la confianza en las capacidades administrativas de ambas instituciones. Además, este resultado jurídico podría tener efectos positivos en la opinión pública y en la proyección de futuras iniciativas de infraestructura en la región.

En una sesión virtual convocada para la tarde del 7 de diciembre, la Cámara de Comercio de Medellín se tomó la decisión de un litigio donde Hidroituango reclamaba a EPM la suma de 1.123 billones de pesos. Esta acción legal se origina a partir de los contratiempos sufridos en abril de 2018 cuando un bloqueo en el tercer túnel de desviación del río Cauca, también conocido como Galería Auxiliar de Desviación (GAD), desencadenó una emergencia que forzó el desvío del cauce a través de la casa de máquinas, incidente que produjo retrasos en el megaproyecto hidroeléctrico.

El conflicto entre Hidroituango y Empresas Públicas de Medellín (EPM) se centra en los perjuicios financieros causados por la contingencia ocurrida hace casi cinco años. Dicha situación exigía una respuesta inmediata para preservar la integridad de la estructura y la seguridad del área circundante, optándose por una solución que, aunque evitó consecuencias más graves, extendió los tiempos de entrega y puesta en funcionamiento de la central hidroeléctrica. La audiencia será clave para decidir si EPM debe compensar a Hidroituango por los costos asociados a la demora y los daños resultantes.

La contingencia en Hidroituango en 2018 fue un evento crítico no solo por las implicancias en el desarrollo del proyecto sino también por el impacto en las comunidades aledañas y el medio ambiente. La decisión de la Cámara de Comercio de Medellín no solo determinará el resultado de este pleito multimillonario sino que podría establecer un precedente en cuanto a responsabilidad empresarial y medidas de contingencia en grandes obras de infraestructura.

Este proceso legal representa uno de los desafíos más significativos para ambas entidades, demostrando la complejidad en la gestión de proyectos de tal magnitud y su potencial para generar conflictos de interés económico de gran escala. La comunidad y el sector económico aguardan con atención el veredicto que podría redefinir la dinámica entre la empresa gestora del proyecto y su contratista. [Cámara de Comercio de Medellín]